Desarrollo en Costa Rica: ¿para qué y para quién? (I)

Durante las décadas cincuenta, sesenta y setenta se procuró crear un Estado de bienestar, donde las instituciones públicas buscaban estar al servicio de los ciudadanos y se regían por normas éticas en la mayoría de sus acciones. Los empresarios locales buscaban abrir nuevas oportunidades de negocios y fuentes de trabajo, no solo en Costa Rica sino también en Centroamérica. El desarrollo del país se consideraba que era una meta asequible, aunque un poco lejana, y que era posible progresar mediante el esfuerzo y los deseos de estudiar y trabajar. Las diferencias sociales no eran tan evidentes y el país vivía en paz. El Estado mejoraba en sus servicios de educación, salud, infraestructura (puertos, carreteras y aeropuerto), telecomunicaciones, energía y seguros, entre otros.

 

Puede expresarse, en términos generales, que una parte significativa de la población se sentía satisfecha de su trabajo -aunque muchos agricultores no podían decir lo mismo por problemas con la comercialización de sus productos-, y las personas estaban contentas con las oportunidades laborales que el país les ofrecía. De esa forma, para una mayoría de la población las condiciones de vida de las personas fueron mejorando y se redujeron en forma paulatina los niveles de pobreza. La clase media se extendió significativamente en ese periodo.

 

A finales de la década de los setenta e inicios de los ochenta era evidente el agotamiento relativo del modelo de desarrollo, cuya estructura productiva estuvo sustentada en el esquema de una industria sustitutiva de importaciones y exportadora a Centroamérica (muy protegida), un sector agropecuario exportador muy dependiente de los precios internacionales y un crecimiento desordenado e ineficiente del aparato institucional del Estado. Ello hacía que periódicamente se tenía déficit comerciales significativos y déficit fiscales, que fueron potenciados con la crisis mundial de finales de la década de los setenta e inicios de los ochenta, cuando los precios internacionales del petróleo escalaron en forma pronunciada. En ese contexto, Costa Rica tuvo que enfrentar grandes presiones en la balanza de pagos, en el endeudamiento público, altas tasas de inflación, crecimiento del desempleo y elevados niveles de pobreza.

 

En esas condiciones, se ofrecieron recursos financieros al país, por parte del FMI, Banco Mundial y la AID (condicionalidad cruzada) a cambio de que el país adoptara una “nueva” política económica, que luego sería sintetizada en lo que se conoció, en el contexto internacional, como las políticas del “Consenso de Washington (1989). Los instrumentos técnicos que se utilizaron, en ese contexto, fueron los programas de estabilización y de ajuste estructural del FMI y el BM, respectivamente.

 

En general, las políticas contenidas en esos programas apuntaron hacia una revaloración de los productos transables, mediante una política cambiaria menos intervencionista, incentivos generosos a las exportaciones, impulso a zonas francas y regímenes especiales para promover exportaciones, una apertura comercial mediante desgravaciones arancelarias, ajustes y liberalización del sistema financiero, racionalización de las actividades del Estado, eliminación de subsidios a consumidores de productos agrícolas básicos, y reducción de las pérdidas financieras del organismo interventor en los mercados de dichos productos.

 

Inicio de lo que sucede. La aplicación de esas políticas en el país no tuvo el dramatismo y dureza que en otras naciones de América Latina, pero fueron el inicio de lo que hoy sucede en Costa Rica, especialmente luego de la aprobación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos de Norteamérica. Esas políticas efectivamente lograron reducir significativamente las funciones del Estado y favorecer al máximo la participación del sector privado en la economía nacional, especialmente de inversionistas extranjeros.

 

Paralelamente, la globalización económica, social y política durante la década de los noventa vino a favorecer la integración entre todas las economías del mundo, especialmente por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y el crecimiento de las empresas transnacionales en el mundo por medio de las cadenas de valor global.

 

Nuestro país no fue ajeno a esas tendencias (las políticas neoliberales contenidas en el Consenso de Washington y la globalización), y de manera paulatina se fue desmantelando el Estado de bienestar construido desde la década de los cincuenta. La aprobación del TLC con Estados Unidos de Norteamérica (2007) marca el fin de una etapa de consolidación del nuevo esquema y el inicio de otro donde se enfrentan instituciones públicas, que realizan servicios públicos, con empresas extranjeras, ahora más protegidas por las leyes que se tuvieron que aprobar junto con la aprobación del TLC o sin él. Es el caso de las telecomunicaciones, la banca, los seguros, la construcción y operación de carreteras y de aeropuertos.


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