Por Luis Guillermo Solís Rivera, precandidato presidencial PAC

 

La “vía costarricense” es la denominación más afortunada que se ha logrado para caracterizar un conjunto de procesos sociales, económicos y políticos que han tenido lugar en nuestro país desde la época de la independencia y que se han reflejado en una institucionalidad particular que nos ha diferenciado de otros países de América Latina.  Estos procesos e instituciones constituyen por lo tanto un patrimonio común de nuestro pueblo del que nadie debe apropiarse con fines político-electorales.

 

Resultaría equivocado pensar en la “vía costarricense”, al menos en  su definición más contemporánea que es la analizada por pensadores políticos como Rodolfo Cerdas o comunicadores como Armando Vargas Araya como un concepto “técnico”, desprovisto de principios y valores propios del amplio “centro progresista” que ha marcado la pauta a la política nacional.  En efecto, la “vía costarricense” ha sido una visión  de desarrollo socialmente inclusivo, en el cual se rescata y defiende el bien común como eje articulador de la comunidad democrática; se admite al Estado como agente activo de la gestión económica y responsable de tutelar la justa distribución de la riqueza; se reconoce la importancia de la conservación y uso responsable de los recursos naturales para beneficio de la gente; y se promueve la participación ciudadana por medio de la provisión de servicios públicos -universales y solidarios- en materia de salud, educación, vivienda, agua potable y telecomunicaciones. Es decir, de un modelo de organización política que, en su fase más  reciente, está estrechamente ligado a la idea del Estado de Bienestar y sus instituciones más emblemáticas. Instituciones las cuales se encuentran hoy en peligro, han sido efectivamente socavadas y debilitadas o bien han desaparecido como resultado de las políticas de privatización, apertura y desregulación prevalecientes a lo largo de las últimas dos décadas, incluyendo algunas impulsadas por el gobierno de don José María  entre 1994 y 1998.

 

Pero en tercer lugar y más importante que todo lo anterior, la “vía costarricense” desde Juan Mora Fernández a esta parte, ha sido resultado, principalmente, de la capacidad nacional para trascender el pragmatismo, el cortoplacismo, la corrupción y esa otra característica que compartimos con muchos otros países latinoamericanos que es la construcción de sociedades desiguales y fragmentadas, violentas, políticamente inestables y sometidas a la hegemonía de una única potencia regional o mundial. Por eso es queLa “vía costarricense” no puede ni debe verse como una mera convocatoria sectorial para replantearse una “agenda de desarrollo” que no altera los desequilibrios que hoy excluyen del desarrollo a miles de hogares de nuestro país.

 

Mi mayor crítica al “Plan País” por lo tanto no radica en su eventual contenido (que en estos momentos ni siquiera se conoce pues tan sólo se han esbozado sus perfiles más generales), sino en su esencia.  Más que una propuesta que se afinca en y potencia la “vía costarricense”, es un intento de colocar bajo esa “denominación de origen” un conjunto desordenado de demandas individuales que serán procesadas por una maquinaria tecnocrática bien aceitada pero políticamente inepta y autista al clamor de los nuevos tiempos sociales en el país.

 

Frente a ello, estoy convencido que el camino que debemos recorrer como país debe ser hacia horizontes de mayor justicia, prosperidad y felicidad. Ese camino solo lo podremos construir sobre la base de un vigoroso y efectivo diálogo social como el que no h existido en más de dos décadas. Un diálogo social sincero, que ayude a restablecer los vínculos de confianza de una comunidad nacional cuarteada por la corrupción, el desaliento ciudadano y las estrategias clientelares.

 

Un diálogo social verdadero, que nos permita restituir la visión de país y reestablecer las prioridades nacionales en función de las necesidades de la mayoría de la población.

 

Un diálogo orientado a obtener resultados: que mejore la gestión de los servicios públicos y establezca una rendición de cuenta efectiva sobre el manejo de los recursos del Estado y que permita –literalmente- salvar  a nuestras instituciones más queridas y en particular a la Caja Costarricense del Seguro Social.

 

Un diálogo que fortalezca a la economía social, a la micro, pequeña y medianas empresas, colocando el acento en las estrategias de fomento productivo capaces de revigorizar al mercado interno, y sea capaz de generar empleo decente para todas y todos pero especialmente para las mujeres y la juventud.

 

Un diálogo social que impulse una democratización de la sociedad de la información y el conocimiento y promueva un desarrollo respetuoso con la naturaleza, basado en crecientes inversiones en, innovación y desarrollo sostenible.

 

No debemos dejarnos embaucar ni debemos dejar que se apropien de lo que es nuestro. La vía costarricense no es el nombre de un blog, ni un sello político de un precandidato. Es el camino que ha seguido nuestro pueblo a lo largo de su historia y que le ha permitido un desarrollo con sentido propio, basado en la confianza en sus potencialidades y capacidades. Es un camino que hemos perdido en las últimas décadas y que tenemos que recuperar sin demora.