El fin del sueño morazánico

Desde la independencia en 1821 y durante más de un siglo, las élites liberales del antiguo Reino de Guatemala promovieron la construcción de la República Federal del Centro de América. Por cierto, construir la Federación era más que una aspiración filosófica: era un proyecto que los liberales centroamericanos miraban con sentido práctico.

Para los liberales, la Federación era parte fundamental de la construcción de un régimen político moderno, laico, sólidamente anclado en la apertura comercial, el libre cambio, la industrialización y las relaciones con el mundo capitalista más desarrollado.

La Federación era vista como una condición necesaria para el adecuado funcionamiento del *laissez-faire* y un componente primordial para alcanzar el progreso. Los liberales querían lograrlo a cualquier costo, aún reduciendo los márgenes de autonomía de todos los países de la región.

Sin embargo, el federalismo tenía una cara poco amable en Centroamérica: era caudillista y militarista. Así había sido desde las pavorosas guerras civiles entre Guatemala y El Salvador entre 1823 y 1838 y seguía siéndolo a principios del siglo XX, pese a las declaraciones de unidad y amistad perpetuas que se invocaron desde entonces.

La violencia y la destrucción internas producidas por los conflictos entre liberales y conservadores no siempre tuvieron a la Federación como telón de fondo, pero los sistemas políticos del istmo resultaron afectados por la inestabilidad causada por las guerras, y principalmente por la vulnerabilidad y la subordinación estratégicas que produjeron de manera directa. Ello fue especialmente notorio respecto de las dos potencias dominantes en el área: la Gran Bretaña primero y los Estados Unidos después.

Por razones de principio, tanto la Gran Bretaña como los Estados Unidos debieron haber apoyado la creación de una Federación en Centroamérica desde sus orígenes. Sin embargo ninguno de los dos la deseaba por razones geopolíticas: una Federación sólida, eficaz y bien constituida sobre principios institucionales y políticos equivalentes a los propios, habría conspirado contra la hegemonía de ambas, en particular contra su mutuo deseo de controlar las vías fluviales del área.

La obstinada y hábil labor de zapa de los diplomáticos británicos y norteamericanos fue facilitada una y otra vez por los mandatarios centroamericanos, expertos en conspiraciones y siempre dispuestos a intervenir en los asuntos de sus vecinos.

La geopolítica mundial no ayudó a cambiar este estado de cosas. Para finales del siglo XIX, la Gran Bretaña había resuelto consolidar su predominio mundial por medio de sus territorios imperiales en la India y África en detrimento de sus relativamente pequeños y poco productivos enclaves en la Cuenca del Caribe.

Ese “abandono” se produjo al tiempo que los EE. UU., ya plenamente recuperados de los desgarradores efectos de la Guerra de Secesión (1860-1865), consolidaron –mediante la derrota de España en Cuba (1898)– lo que Stephen Ambrose correctamente denomina su “ascenso al globalismo”.

Ese fue el punto de inflexión en la definición de una hegemonía que, insinuada desde 1853 con la intervención norteamericana en Japón, adquirió su “mayoría de edad” en las primeras tres décadas del siglo XX en Centroamérica.

Curiosamente, la ilusión confederativa tuvo un repunte insospechado durante la primera Conferencia de Washington, convocada de manera conjunta por el presidente Theodore Roosevelt y su colega mexicano Porfirio Díaz a finales de 1907 con el objetivo de poner término a las permanentes guerras o amenazas de guerra entre los países centroamericanos.

Aunque la Conferencia estuvo llena de vicisitudes, su logro más importante –en lo que a la búsqueda de la unidad regional concierne– fue la firma de una convención que creó la Corte Centroamericana de Justicia. La Corte se instalaría en Costa Rica y era el corazón de una idea sin la cual la confederación no podría consolidarse jamás.

Según Luis Anderson, jurista costarricense y uno de sus más fervientes propiciadores, en la Corte radicaba “la conciencia nacional de Centroamérica” pues no estaba llamada a funcionar como una mera comisión de arbitraje, sino como un genuino tribunal judicial con capacidad para recolectar y evaluar pruebas, escuchar a las partes y dictar sentencias de acuerdo a la normativa internacional.

Pocos ejemplos ilustran mejor la negativa incidencia de la hegemonía de los EE. UU. sobre la unión centroamericana que la suscripción del Tratado Bryan-Chamorro, firmado entre la potencia y la República de Nicaragua el 5 de agosto de 1912 y ratificado en 1916.

Ese tratado concedió a los EE. UU. derechos perpetuos de construcción de un canal interoceánico a través de Nicaragua así como derechos para instalar una base naval en el golfo de Fonseca y para arrendar las islas del Maíz.

El tratado produjo un descalabro mayúsculo en las relaciones de Nicaragua con las repúblicas vecinas. Más aún, terminó destruyendo a la Corte. El Salvador, Honduras y Costa Rica habían incoado demandas contra Nicaragua; el Alto Tribunal las acogió y resolvió a favor de los países querellantes, pero estos fallos motivaron la indiferencia de los EE. UU. y el retiro de Nicaragua de la Corte. Tras 10 años de existencia y sin que los demás países se mostrasen interesados en renovar su membresía, la Corte expiró el 12 de marzo de 1918.

Fue tal el desorden regional de la época, que, en octubre de 1922, los EE. UU. nuevamente convocaron a un cónclave en Washington, D. C., para aplacar los ánimos. Sin embargo, en contraste con la Conferencia de 1907, en la de 1922 la conducción, la agenda y el contenido de los acuerdos adoptados corrió por cuenta de los anfitriones con muy poca injerencia centroamericana.

Cuando la conferencia finalizó en febrero de 1923, resultó evidente que los márgenes de autonomía del istmo habían sucumbido frente a la hegemonía estadounidense. También quedaba clara la imposibilidad de reconstruir una confederación centroamericana. Para entonces, esta no contaba con la viabilidad histórica que quizá en otro tiempo tuvo en la imaginación de algunos de los países del área.

A partir de ese momento, los intentos unionistas se detienen. Posteriormente renacen, pero en un formato que en nada era similar a los precedentes. En Centroamérica, el decenio de 1950 es el de la creación de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y, en particular, los años del Mercado Común, que se vigoriza fuertemente con la doctrina de la sustitución de importaciones de la CEPAL.

Durante más de un decenio, la región creció a más del 6% anual, superando ampliamente a la todavía endeble Comunidad Económica Europea. Este espectacular crecimiento se detendrá en 1969 con la guerra entre Honduras y El Salvador. De allí a esta parte, la historia es conocida.

Si alguna conclusión puede extraerse de los últimos esfuerzos federalistas, malogrados por la actitud de los gobiernos centroamericanos y la injerencia externa –en particular de los Estados Unidos después de 1906– es que el istmo no posee condiciones históricas que auguren su unidad bajo un esquema federal.

Sin embargo, si la idea federal parece haberse disipado, no lo ha hecho una variante mucho más moderna y factible de ella: la de desarrollar un modelo de integración eficaz y abierto a la mundialización, flexible y basado en dos procesos concomitantes: uno, el estatal, que lo conduce; otro, el privado, que lo dinamiza. Consolidarlo en un marco de institucionalidad democrática no será fácil, pero es posiblemente uno de los más promisorios escenarios para una región que, colocada en el ombligo del Hemisferio Occidental, merece un mejor futuro.

(Suplemento *Áncora*, *La Nación*)


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