¿Notificaciones?: ¡en el cementerio!

Destaca La Bruyére que: “Una cualidad esencial de la justicia que debemos a los demás, es hacerla prontamente y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia.” (*Les caractères*).

Por su parte Amado Nervo, sentenció: “Las almas superiores no tienen miedo más que de una cosa: de cometer una injusticia (*Apuntes e ideas: pensando*)

En otras palabras, la justicia indolente o perezosa equivale a una desapacible iniquidad

La misión de la justicia laboral merece, por su especial entidad, consideración preferente; en eso va comprometida su recta administración y el respeto al Estado Social de Derecho, alma de la genuina democracia.

Pues bien, con fundamento en un informe contentivo de 26 páginas, con inquietante soslayo de los artículos 70 constitucional y del 402.a del Código de Trabajo, decidió la Corte Plena de nuestro Poder Judicial dividir el circulante del Juzgado de Trabajo de Goicoechea en tres materias: derecho privado, empleo público y seguridad social,

Es así como, en un portentoso engranaje burocrático que precedió tal resolución, incluida la asesoría de la AID (¡¿?!), comisiones, subcomisiones, talleres judiciales desde el año 1996, visitas y reuniones con el Coordinador, Administrador y Consejo de Jueces que conforman el “mega despacho” de Goicoechea, la Corte Plena tomó en cuenta para tal división, entre otras argumentos, que: “La Contraloría de Servicios continúa recibiendo una gran cantidad de reclamos y solicitudes de intervención, lo cual es un claro indicador de que sigue existiendo en la población de personas usuarias mucha inconformidad…”.

De los informes estadísticos que acompañan el acuerdo en comentario se constata que hay numerosos asuntos que se encuentran sin sentencia en dicho Juzgado por más de diez años, juicios que –lo agregamos nosotros– , si tuviesen casación, habría que sumarles, “optimistamente” al menos dos años para que se dicte una sentencia firme, sin tomar en cuenta su posible etapa de ejecución, que ya entra en el mundo “macondiano.”

Por su parte, el “Informe de la sub-comisión especial” –de 16 de junio de 2009– denominado “Propuesta de las medidas para la implantación del juzgado de seguridad social en el circuito judicial de San José”, también tomado en cuenta para la adopción del acuerdo de marras, tiene como preámbulo la siguiente y escalofriante valoración:

“*Desde su entrada en funcionamiento en el año 1996, el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, ha presentado enormes y recurrentes problemas de organización y funcionamiento que han incidido negativamente en la calidad del servicio que prestan a las personas usuarias que acuden a esta jurisdicción*”.

Premonitor del mandato constitucional de la justicia pronta y cumplida, el Código de Trabajo, promulgado en 1943, dispone: “*Los Tribunales de Trabajo una vez reclamada su primera intervención en forma legal, actuarán de oficio y procurarán abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos sometidos a su conocimiento*”.

Para el cabal cumplimiento de tan augustos propósitos a cargo de este vital servicio público están, en el campo jurisdiccional, los jueces, los tribunales y la Sala Segunda, y en el terreno administrativo: el Consejo Superior del Poder Judicial, la Corte Plena y sus órganos auxiliares (no alcanzamos a entender la participación de una agencia norteamericana en un asunto de simple administración de justicia doméstica).

Valgan estas consideraciones para expresar nuestra desazón y discrepancia sobre lo consignado y acordado en la referida acta de Corte Plena -la Nº 23-09, del 22/6/09-: pues ¡miles de juicios laborales tardan, o han tardado, en el Juzgado laboral de Guadalupe, hasta más de una década esperando sentencia de primera instancia!

El hecho de seccionar ahora dicho Juzgado en tres materias sin incrementar el personal responsable -porque así expresa y enfáticamente se acordó, posiblemente en defensa de las partidas presupuestarias no jurisdiccionales-, y sin exigir alguna especialidad a sus titulares, ni el cumplimiento de objetivos, metas o rendimientos específicos, subraya ese dantesco drama. Por eso tal resolución no constituye, a nuestro juicio, más que un tóxico cosmético, equivalente a intentar curar una gravísima infección con una aspirina o con un engañoso placebo; receta inicua con un costo burocrático millonario para su adopción.

¡Eso sería motivo, más bien, para decretar una emergencia nacional; un servicio público de orden social que demore en su prestación más de una década para resolver un juicio en primera instancia es ineficiente, pésimo, desastroso! Algo huele mal en ese ámbito, y, además, uno se pregunta, ¿para qué sirve eso que llaman Inspección Judicial; o bien, la Contraloría de servicios; y, por su parte, la Defensoría de los habitantes, qué ha hecho al respecto?

Imagínese el lector que, si hoy se inicia un litigio laboral en Goicoechea -no tenemos datos de otras jurisdicciones territoriales-, el actor tendrá que esperar, si su expectativa de vida se lo permite, al menos una década para que se dicte sentencia de primera instancia, luego, si el fallo es apelado, acudir a la instancia superior y, eventualmente, defender sus derechos en la segunda apelación. En el ínterin, seguramente que el asunto pasó por las manos de múltiples funcionarios, que los testigos del caso, o perdieron la memoria o, peor aún, que los demandantes ya fallecieron. Al final lo que queda es una caricatura de justicia.

Mientras tanto los juzgadores de dicho despacho guadalupeño, con ocasión del cuestionado acuerdo del ente superior, se disputan entre ellos sus responsabilidades laborales pretextando unas burocráticas competencias negativas… y el tiempo sigue inexorable su camino en perjuicio de los pretendientes de la necesaria, imperativa y democrática justicia pronta y cumplida.

De proseguir el desdén con que se ha tratado esta materia social, en la tumba tendrán que notificarnos a aquellos que solicitamos judicialmente el otorgamiento, la revisión o el ajuste judicial de la jubilación, y también a los trabajadores de edad avanzado o con problemas de salud, pretendientes de indemnizaciones laborales…