La inobservancia del salario mínimo: “un flagelo angustiante”

• *”El 30% de los trabajadores del sector privado en Costa Rica reciben menos del salario mínimo de ley, lo que la presidenta del país, Laura Chinchilla, calificó hoy como un “flagelo angustiante”, al anunciar una iniciativa que busca garantizar salarios dignos.”* (San José, 9 agosto de 2010. Agencia *EFE*).

La retribución del trabajo humano puede ser apreciada desde dos antagónicas perspectivas: la economicista o la humanista. La primera la ve como un costo -o coste- de la producción, la segunda enfatiza en la dignidad del trabajador y de su familia. Es así como dialécticamente se enfrentan el mercantilismo con el humanismo.

Ahora bien, ¿en nuestro país, en tan álgido terreno, imperan las leyes solidarias o ellas son permisivas para los que aspiran a descremar a su antojo la economía y a sus actores; es decir, lucrar a costa de la sociedad?

El Ministerio de Trabajo a cargo de la nueva titular, Licda Sandra Piszk, en consonancia con la señora presidenta, ha anunciado que será vigilante del cumplimiento del salario mínimo -por cierto siempre exiguo en su fijación-. Acto seguido no se hicieron esperar las neoliberales voces interesadamente escépticas agitando el fantasma de un incremento del desempleo que provocaría, precisamente, el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Recuérdese que en la época de la anomia, a nivel universal, el valor del salario se fijaba con base en la oferta y la demanda, lo que produjo una arbitraria e infame explotación de la clase trabajadora.

Después de la primera guerra mundial afloran los derechos laborales precisamente por la participación obrera en dicho conflicto en procura de la estabilidad democrática y la justicia social, inspiradas en gran medida por el socialismo y por la doctrina social de la Iglesia Católica, todo lo cual concluyó con el Tratado de Versalles y la creación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en 1919.

Para dilucidar la disyuntiva -mercado o humanismo- hay que buscar la respuesta en los fundamentos del salario mínimo que informan nuestra legislación.

Señala la Constitución: “*Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna…*”.

Hay, entonces, un marcado acento ético en la fijación del salario mínimo: el procurar, mediante su estipulación, “bienestar y existencia digna” a los trabajadores. Tal postulado tiene sólidas raíces solidarias patentizadas por la normativa nacional.

En efecto, como colofón del capítulo de las garantías sociales la Carta Magna proclama: “*Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional*”. (art.74)

Tema ya anunciado en el Código de Trabajo de 1943 que, en su primer numeral invoca como fuente inspiradora de tal normativa los “*principios cristianos y de Justicia Social*.”

Por su parte, el art. 177 *ibídem* dispone: “*Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola*.”

Ahora bien, ¿qué ha dicho la doctrina social de la Iglesia Católica sobre esta cuestión?

Ya en 1891 -el 15 de mayo- el Papa León XIII promulgó la encíclica *Rerum Novarum*, que es el primer documento de la Iglesia sobre cuestiones sociales y en él se propugna por el reconocimiento del justo salario, el que debería tomar en cuenta tanto las labores y responsabilidad del trabajador como las necesidades de su familia.

Noventa años después -el 14 de setiembre de 1981- Juan Pablo II dicta la Encíclica *Laborem exercens*, la que al abordar el tema del salario lo ubica en el terreno “deontológico y moral” y que, en lo conducente, prescribe: “…*la remuneración del trabajo, sigue siendo una vía concreta, a través de la cual la gran mayoría de los hombres puede acceder a los bienes que están destinados al uso común: tanto los bienes de la naturaleza como los que son fruto de la producción. Los unos y los otros se hacen accesibles al hombre del trabajo gracias al salario que recibe como remuneración por su trabajo. De aquí que, precisamente el salario justo se convierta en todo caso en la verificación concreta de la justicia de todo el sistema socio-económico y, de todos modos, de su justo funcionamiento… Una justa remuneración por el trabajo de la persona adulta que tiene responsabilidades de familia es la que sea suficiente para fundar y mantener dignamente una familia y asegurar su futuro…*”.

En la Carta Encíclica *Centesimus annus* -emitida con ocasión del centenario de la Encíclica *Rerum Novarun*- también se aboga por el salario justo en los siguientes términos: Si el trabajador, «*obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque se la imponen el patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual clama la justicia*».

De manera que los fundamentos de nuestra legislación social son antropocéntricos y no mezquinos ni sórdidos. No obstante, algunos economistas de nuevo cuño juzgan con desfachatez sobre lo humano y lo divino, sin parar mientes en las raíces axiológicas esenciales de nuestro estado social de derecho. Para ellos el abaratamiento de la mano de obra, y, consecuentemente, de las cuotas a la seguridad social y de las indemnizaciones por despido injusto, obedecen estrictamente al comportamiento de la oferta y la demanda teniendo como único norte las utilidades empresariales.

Recuérdese que la visión humanista tiene como principio la irreversibilidad de las conquistas sociales, pues no se trata de que los trabajadores vean disminuir a través del tiempo sus ingresos salariales, empobreciéndose, en beneficio de los patronos o sus empresas, sino en dinamizar la economía con la creación de fuentes de trabajo decorosas y dignamente pagadas. Dicho en otros términos, no por la vía del fomento del “trabajo chatarra”, abaratado o explotador.

Seguro estoy de que mi coterráneo, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez (q.d.D.g), Benemérito de la Patria, estaría clamando al cielo en defensa del salario mínimo que en su momento apadrinó, como ahora resuelta y gallardamente lo defienden doña Laura y la Licda Piszk, pues es ilícito e inmoral pagar un salario inferior al mínimo legal, ni menos procurar su fraccionamiento como siniestramente lo pretendió el precedente gobierno con el llamado, y dichosamente fracasado,”Plan Escudo.”

Esperamos ver los positivos y tangibles logros en esta guerra contra tan angustiante flagelo. Casi un tercio de los trabajadores ticos, sus familias y el país en general, mucho apreciarán los frutos de tan valerosa determinación de las señoras presidenta y ministra, que indudablemente fortalecerán nuestra democracia social.


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