¿Conflicto de intereses o tráfico de influencias?

El Ing. René Castro, Canciller de la República, dice que el señor Stagno, su antecesor, quien de última hora se auto nombró -en complicidad con el Consejo de Gobierno anterior- representante de nuestro país ante las Naciones Unidas y desplazó a su calificado titular a una embajada jurídicamente inexistente, incurrió en un conflicto de intereses.

También el alto funcionario distingue, en tal proceder, entre la legalidad y la elegancia, lo que significa que habría temas inelegantes pero legales. Eso equivale a decir, en contradicción con un principio jurídico inobjetable, que la ley podría amparar el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste.

¿El “conflicto de intereses” es algo poco elegante, o algo vergonzoso?

(¿No será que el insaciable ex presidente Oscar Arias anda detrás de la Secretaría General de las Naciones Unidas para lo cual necesitaba de los hipotecados servicios de su último canciller; auxilios que, por cierto, en su momento le procuró el Lic. Rodrigo Madrigal Nieto para el obtención de su premio Nóbel, nunca reconocidos, sino desdeñados por el bienaventurado?)

El señor Castro, que carece de formación diplomática y legal, no debería perfilar su gestión por las vías de la frivolidad.

La firme posición de la señora Presidenta sobre el tema de los aumentos salariales de los diputados marca un norte para no andarse con paños tibios en temas esenciales.

El conflicto de intereses, o la inelegancia, parecen ser unas frases hechas para salir del paso, “diplomáticamente”, pero no dejan de tener incidencias jurídicas, tales como las prescritas en el art. 38.b de “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública”, o bien en los arts. 3.1, 7.4 y 38.b de la “Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción”.

Un conflicto de intereses, aunque no tuviese connotaciones jurídicas, las tiene, y muy marcadamente, en el ámbito de la moral, que debería ser el postulado superior de un gobierno en un país democrático. En otras palabras, que escudar la inmoralidad frente a la legalidad no es un buen derrotero para una administración que se inicia, pues la política bien entendida no debe prescindir de la ética, como indecentemente lo propuso Nicolás Maquiavelo.

Si el señor Stagno hizo algo reprochable, su sanción -jurídica y/o política- merecerá. El asunto no puede quedar en declaraciones líricas o en el mero papel de una gestión corronga, que habla de difusas obligaciones en el cumplimiento de la función pública.

En otras palabras, no hay que confundir la inelegancia con la arrogancia ni la indulgencia con la complicidad.

Pero hay más: ¿ese “conflicto de intereses”, o “acto poco elegante”, no será más bien un indebido “tráfico de influencias”, que es un crimen tipificado y sancionado por la precitada ley contra la corrupción en su artículo 52?

Dicho ilícito, penado con prisión, se refiere, entre otras conductas, al nombramiento que realice un funcionario público que, prevaliéndose de su cargo, generare un beneficio económico o ventaja para sí.

Una autorizada voz indica: “*(…) tanto el tráfico de influencias como el ofrecimiento y aceptación de dádivas fueron considerados por los costarricenses como formas importantes de corrupción pública*”. (Vid. Ramírez Altamirano, Marina. “Ética parlamentaria en Costa Rica”. *Revista Parlamentaria*, volumen 7, n.° 3, 1999, págs. 235 y 236)

¿Y no será un nombramiento ilegal, conforme lo establece el art. 337 del Código Penal, el de un embajador, a quien se le remunera sin el respectivo beneplácito, en un “reino unido” extinto -el de los Países Bajos-?

¿Qué opinan la auditoría ministerial, la Procuraduría de la Ética Pública, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República o el Ministerio Público sobre el tema?

¿O será que todos, por ser tantos y sus responsabilidades tan diluidas, ven el asunto por televisión?


1 comentario

  1. Jorge Fallas

    O será que el autor de esta columna, no saben de lo que hablan? Se llenan la boca con leyes y decretos, sin entender de lo que hablan ni estudiar los hechos. Y no entienden la diferencia entre ofrecer dádivas y transferir una persona competente de un puesto a otro.

    Primero, el Cancilleer Stagno jamás se “autonombró” Embajador ante la ONU. La potestad de nombrar o destituir embajadores recae en el Consejo de Gobierno, que si bien el Sr. Stagno pertenecía como Canciller, se recusó del mismo para ser nombrado. Nombramiento que fue de mutuo acuerdo entre la adminsitración entrante y saliente. Lo único que hizo Stagno fue firmar, junto al Presidente, el decreto que lo nombraba embajador, en su posición de Canciller. La firma es par el ejecútese y publíquese de la decisión que fue tomada por el Consejo de Gobierno.

    Que el Sr. Marín haga elucubraciones sobre el supuesto motivo de ese nombramiento para los motivos del ex’presidente Arias es en realidad mera especulación, y una señal subconciente diría yo de tratar de dar más peso a la supuesta ilegalidad del nombramiento. NO es más que un chisme de patio de una persona que como el Sr. Marín está totalmente alejado de los centros de decisón, y es completametne irrelevante.

    El Sr. Stagno no se apropió de nada indebidamente. Su puesto en la ONU hubiera sido un gran activo para el país. Hoy por la vocifearación de los mediocres y serruchapisos ignorantes, el Sr. Stagno debe abandonar el servicio al país. Una pérdida mayor para nosotros que para él.

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