Una dictadura camuflada

El arquitecto Agustín Mourelo, apenas nombrado, por su idoneidad para el cargo, como Presidente Ejecutivo del INVU, fue removido de su investidura por el Consejo de Gobierno por acudir judicialmente en defensa de la institución -no del gobernante de turno- a la que juró solemnemente, y ante el altar de la Patria, defender.

El citado funcionario, en vista de la exigüidad de las arcas de la entidad que comenzaba a presidir, sin encontrar respuesta oportuna del Gobierno al respecto, reclamó ante la Sala IV que se diera cabal cumplimiento a la ley que le provee recursos económicos a esa institución para acometer los fines sociales para los que fue creada.

No obstante, el Presidente de la República, Óscar Arias, y su hermano ministro, Rodrigo, hicieron mofa en los medios de prensa del planteamiento de don Agustín, señalando -con desparpajo- que su remoción de la presidencia ejecutiva del INVU tenía por causa directa el citado recurso planteado en sede judicial.

Tómese en cuenta que la remoción en la administración pública, aunque sea de un funcionario de confianza, no debería ser arbitraria o grosera, por respeto a elementales criterios éticos y a la dignidad de cada quien, que, en este campo, como en otros, se dan la mano con los derechos humanos.

Si bien en nuestro país en la empresa privada todavía un patrono puede despedir a sus trabajadores sin invocar la causa de la ruptura del vínculo -como sucede con los funcionarios de confianza en la administración pública-, el Código de Trabajo vigente desde 1943 pone un decoroso límite al despido en su artículo 12, que reza: “Queda prohibido a los patronos despedir a sus trabajadores o tomar cualquier otra clase de represalias contra ellos, con el propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación del presente Código, de sus Reglamentos y de sus Leyes conexas.”

El acudir a los tribunales, entonces, es un derecho fundamental de vieja data, válido para los trabajadores de la empresa privada como, con mayor razón, para los funcionarios públicos para el íntegro cumplimiento de sus deberes; por lo que invocarlo como causa de remoción, constituye un acto discriminatorio, arbitrario, inicuo, deleznable y espurio; es decir, antidemocrático.

En el *Diccionario Jurídico* coordinado por Juan Manuel Fernández Martínez, Aranzadi Editorial, 2001, se indica que el término arbitrariedad administrativa “se emplea… en contraposición a la discrecionalidad administrativa, en el sentido de que ésta es posible, siempre que no sobrepase los límites del ordenamiento jurídico, dado que en otro caso la actuación administrativa pasaría a ser calificada como arbitraria.” (p. 88)

Esa arbitrariedad, en términos del *Diccionario de la Real Academia*, consiste en un “Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho.”

A tono con lo indicado, la Sala Constitucional había considerado: “…la discrecionalidad es una libertad más o menos limitada de apreciación del interés público, siempre, claro está, que su ejercicio no derive en arbitrariedad de la actividad de la administración, ni signifique que ésta posea una esfera de actuación desvinculada del ordenamiento jurídico, pues su obrar ha de cumplirse siempre dentro de lo permitido por él.” (Considerando IX de la Res. 2002-04878 de las 14:53 hrs. del 22/05/02)

Precisamente, la Ley General de la Administración Pública en su art. 160 prescribe: “El acto discrecional será inválido, además, cuando viole reglas elementales de lógica, de justicia o de conveniencia, según lo indiquen las circunstancias en cada caso”. Esa norma es la consecuencia de la prescrita por el art. 16.1 *ejusdem*, que dispone: “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.” El principio general subyacente en aquella jurisprudencia y en estas normas es que en el Estado democrático, “la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste.”

El Arq. Mourelo recurrió, entonces, ante la Sala IV, en defensa del INVU y de sus propios derechos fundamentales por estimar que la libre remoción de los presidentes ejecutivos no llega al extremo de castigarles el que demanden en justicia la defensa presupuestaria de la institución autónoma que deben conducir. Lo contrario sería equivalente a “una tiranía en democracia”, a un acto burdo y abusivo, contrario al art. 28 constitucional, que prescribe: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.”

No obstante, dicha Sala, en abril de 2010, denegó, por unanimidad, el recurso, despachándolo así: “al ser el cargo del recurrente de libre remoción por parte el Consejo de Gobierno, ningún derecho fundamental se ha violado en su perjuicio,…” soslayando, como se observa, el tema de la alcaldada, que era el meollo de la impugnación, es decir, la cuestión axiológica de fondo, esencial en un Estado de derecho.

En una palabra, que, con fundamento en la interpretación comentada -literal, que no teleológica-, los funcionarios de confianza de la administración pública tica tendrían una particular “capitis diminutio”: carecerían de los derechos fundamentales aplicables al resto de los ciudadanos, serían algo así como los esclavos romanos, los siervos de la gleba medievales o los primeros indígenas americanos subyugados, puesto que el poder residiría en el amo y ellos serían simples vasallos inhibidos de invocar, para el recto desempeño de sus cargos, la Constitución Política o sus principios rectores.

O sea, serían víctimas de una dictadura, enaltecida y bendecida judicialmente, en una corronga democracia.


1 comentario

  1. Walter Coto Molina

    Bien escrito y bien fundamentado el artículo de Raúl. Hay un facilismo resolutivo de la SALA IV, que muestra a menudo poco estudio, poca profundidad en sus resoluciones, y a veces hasta complacencia con el Poder, por el origen polìtico de sus nombramientos. Resoluciones como la que comenta el Dr Marin, no son de extrañar, carecen de seso, por decirlo, de alguna manera con suavidad.

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