La Universidad de Costa Rica y la paz social

El pasado 29 de abril, el editorial de *La Nación* hizo referencia a un pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) sobre la situación de los puertos de Japdeva. Solicité derecho de respuesta, con el propósito de aclarar las descalificaciones del editorial y por respeto a la opinión pública.

Las críticas de *La Nación* a la UCR no son nuevas. Históricamente, ambas han tenido visiones contrapuestas sobre lo que debe ser el desarrollo nacional, en general, *La Nación* conservadora y la UCR progresista. Lo nuevo no es la crítica, siempre necesaria, sino su profunda visceralidad, que no alimenta el debate nacional, sino solo la descalificación del emisor, la UCR. *La Nación* parte de que su posición es la única válida y que la de la Universidad es irresponsable, anacrónica e irracional. Frente a esa posición, siguen vigentes las palabras de nuestro ilustre rector Carlos Monge Alfaro (1964) que, a propósito de la intolerancia, decía:

“… Si en una comunidad determinada hubiese grupos intolerantes, que creyesen que la razón siempre está de su lado y jamás quienes ocupan posiciones opuestas, ello empobrecería el ambiente y agotaría las posibilidades creadoras, entronizaría un desolador conformismo y la imposición de los dogmatismos”.

La UCR tiene como uno de sus pilares básicos el respeto a la libertad de pensamiento. En su seno hay una gran diversidad de posiciones que se manifiestan en el ejercicio de su docencia, investigación y acción social.

Cotidianamente, enseñamos a nuestros más de 35.000 jóvenes estudiantes a ejercer la sana crítica, a disentir, a debatir, a respetar la diferencia como elementos claves en la construcción de una democracia activa. No en vano dijera Rodrigo Facio, otro gran rector (1958): “… aspiramos a preparar a quienes integran nuestra comunidad para el ejercicio libre, inteligente y tolerante de una ciudadanía triple: universitaria, nacional y humana”.

Otro aspecto vital de nuestra tradición es el compromiso con el desarrollo nacional. Los pronunciamientos del Consejo Universitario están inspirados en esa tradición. Cada uno de ellos responde a un estudio serio, con participación de sectores de su comunidad científica. Desde un punto de vista ético, están orientados por la búsqueda del bien común, de un ejercicio democrático del poder político y de un sano equilibrio entre producción económica, justicia social y sustentabilidad ambiental.

Esos son los hilos conductores de pronunciamientos sobre la inconveniencia del TLC con Estados Unidos; la necesidad de regular la expansión de la piña por su grave impacto ambiental y social; sobre la necesidad de prohibir la minería química a cielo abierto en Crucitas y en nuestro país; sobre el acueducto Sardinal-El Coco, en el que se demuestra las incongruencias técnicas y políticas en su aprobación. Pronunciamientos siempre orientados por el bien común.

El pronunciamiento sobre Japdeva señaló dos aspectos principales: por un lado, que el procedimiento seguido por el gobierno para descabezar al sindicato de Japdeva, democráticamente electo, e instalar una junta directiva sindical afín a la concesión privada de los puertos de Moín y Limón, tenía vicios que atentaban contra principios constitucionales y el Estado de derecho.

Por otro lado, que era contradictorio que el Gobierno estuviera dispuesto a ofrecer $137 millones de dólares a los trabajadores para aceptar la concesión y no estuviera dispuesto a invertir $80 para fortalecer los puertos. El pronunciamiento concluía no llamando a la violencia, sino más bien haciendo un ofrecimiento de cooperación a la nueva presidenta, doña Laura Chinchilla, para desarrollar una verdadera política de Estado en concesión de obra pública.

Sin embargo, el editorial de *La Nación* se atreve a afirmar que la situación de protesta y represión que se vivió en Limón la semana pasada fue alimentada por este pronunciamiento. Esta afirmación es falsa porque la UCR rechaza la violencia y la actitud antidemocrática porque está orientada a criminalizar la diferencia y a deslegitimar, sobre bases falsas, a nuestra benemérita Universidad.

Contrario a lo afirmado por *La Nación*, la UCR siempre ha contribuido a la paz social de nuestro país, aportando al logro de un desarrollo que evitó que tuviéramos la polarización social, concentración de la riqueza y violencia que, por desdicha, prevalecieron en la región.

También la UCR ha contribuido a la formación de una cultura de diálogo y negociación que es la base de una democracia deliberativa. No ha sido la Universidad la que ha cambiado esta tradición. Ojalá el nuevo Gobierno presidido por doña Laura retorne a *la vía costarricense* del diálogo, la negociación y de búsqueda de un desarrollo inclusivo y sustentable.


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