Uno de los debates que nunca quedará saldado entre las movedizas arenas de la Ciencia Política y el Derecho Constitucional se resume en la insondable tensión entre legitimidad y gobernabilidad.

Un sistema electoral sirve, a fin de cuentas, para legitimar, y eso es así porque ningún proceso vale en sí mismo, sino que se dirige siempre hacia algo más. En nuestro caso, el sistema electoral da fuerza creíble al poder político institucionalizado, suponiendo una serie de reglas que, en tesis de buen principio, aseguran al ciudadano que es él, y no un poder político paralelo, quien conforme a nuestra Constitución Política decide sobre los depositarios de la soberanía.

No obstante, desde hace un buen tiempo, el derecho se desembarazó del normativismo puritano así como la ciencia política de la escolástica, cayendo ambas aproximaciones académicas en el realismo duro que, por contraste, obliga a reparar más en lo que es y no tanto en lo que debería ser. Así las cosas y muy a nuestro pesar, que supongo compartido por algunos, la “democracia costarricense” ha perdido buena parte de su sentido (deber ser), dando paso a realidades arropadas con ese arte tan tico que oscila entre el disimulo y la desidia.

Sirva de ejemplo la deuda política, esa que en este país se rige por un “sistema” mixto, criollada inocultable que importa lo más nocivo de las dos formas de financiamiento conocidas.

Si el financiamiento es solo privado, el problema es que la política tiene un precio, porque nadie, por más que se disfrace con el mismísimo vestido de la Virgen, financia algo gratuitamente, mucho menos a un partido político, y con todavía más escazas probabilidades si como aquí, más que partidos lo que tenemos son facciones, es decir, grupos de amigos o socios, pero difícilmente conjuntos programáticos.

Por otra parte, si el financiamiento corresponde exclusivamente al Estado, no solo se le transfiere una carga muy pesada al erario, sino que se supone un financiamiento más o menos artificial en virtud de ciertos parámetros arbitrarios que se autoinfligen los propios beneficiados, es decir, los partidos políticos.

En un país pobre, sin dinero para sostener un seguro social solidario eficiente, un sistema educativo capaz, un ambiente ecológicamente equilibrado y ni que decir de una infraestructura moderna, obligar al Estado, o lo que es igual, imponer a los asalariados, que son los que pagan impuestos en este país, a financiar las facciones políticas, con las que por cierto ya no se identifica casi la mitad del padrón, resume un sinsentido que rebasa por mucho lo que aquí se pueda decir.

En Costa Rica, genialidad mediante, insisto, se creó un anti-sistema mixto que obliga a los partidos a ir a pedir prestado a los banqueros y quizá hasta a alguno que otro lavador, para luego ir a reponerle ese “préstamo gratuito” con el dinero estatal mediante un desbordado Tribunal Supremo de Elecciones que desde hace tiempo se limita a ordenar facturas y pagar. Si se nota al final: ¿Tanta vuelta para volver a lo mismo?

Pero de algo podemos estar seguros, ni es esta “la Costa Rica que queremos” ni significa esto ir hacia “adelante” ni mucho menos permite este anti-sistema un “cambio ya” en los reequilibrios de poder que, de no concretarse en la próxima elección, nos permitirían ver el fondo de la crisis de legitimidad y gobernabilidad de esta gerontocracia que nos aqueja.

Lo más triste de todo es que algunos suponen que los votos absuelven, y ahí la cobija de la impunidad, por mutua conveniencia, si se la comparten.

(*La Nación*)