Por Esteban Calvo Rodríguez
El juez constitucional Luis Paulino Mora Mora, también presidente de la Corte Suprema de Justicia, no es ético. Esto no lo digo yo, lo dice él (La Nación, 24 de julio, pag. 7A). Y yo sí que se lo creo. Él, según ha dicho, es un juez de legalidad. Digo que a mí me hubiese gustado más un juez ético y legal, pero ni modo… sólo eso tenemos, un juez de legalidad.
Las manifestaciones hechas por el juez Mora Mora, versan sobre el escandaloso asunto de las asesorías brindadas por el magistrado Sosto a Casa Presidencial. Sosto dice que él no incurrió en violación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto sus nombramientos no han superado el lapso de los tres meses, tope máximo que permite la citada ley, para que un abogado o notario ocupe la magistratura en suplencia sin necesidad de suspender el ejercicio liberal de su profesión.
Así que, el consultor Sosto puede dar asesorías privadas al Poder Ejecutivo. No importa que el jurista tenga ya más de seis meses de ocupar una silla en la Sala Constitucional. La aritmética nos enseña que cuando se toman seis unidades y se dividen entre dos, el resultado nos da tres, de modo tal que don Federico Sosto no tiene seis meses de ser magistrado, sino que ha sido magistrado en dos periodos de tres meses y así, colorín colorado… la ley no se ha violentado.
El argumento de Sosto, que avala el juez Mora Mora, es una falacia. Me hace recordar la práctica que tienen los patronos inescrupulosos, que para violar el Código de Trabajo, aplican una fórmula idéntica a la empleada para eximir de responsabilidad al señor Sosto. Despiden a los trabajadores antes del vencimiento del periodo de prueba, que es también de tres meses, y luego, los muy pillines vuelven a contratar al despedido por otros tres meses, vencidos los cuales le vuelven a despedir y luego a contratar… y con semejante recurso pretenden birlar los derechos del asalariado.
La triquiñuela es tan burda, que no existe un solo juez de Trabajo que no la declare ilegal, porque es un fraude de ley, que a todas luces riñe, no solo con la legalidad, sino también con la ética, pues violar la ley no es cosa de personas probas, ni nada parecido.
No digo que el problema sea que a don Federico Sosto, se le estén violentando sus derechos laborales, pues aquí el truco se dirige a burlar la prohibición que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial; aunque no está demás decir, que con el criterio del juez Mora Mora sí que se los violentan.
Con un poco de ingenuidad podríamos reconocer que el señor Sosto no tiene la culpa de que la tómbola del sorteo para nombrar a los magistrados suplentes, se empeñe hasta la necedad, en seleccionar siempre el papelito que contiene su nombre -así funciona la suerte- y ¡qué suerte la del magistrado Sosto!
Pero que aquí intervenga la diosa Fortuna a favor del señor magistrado, no le merma ni un ápice para que la ley le reconozca una relación con el Poder Judicial, de esas que en buena técnica jurídica se les denomina “relación continua e ininterrumpida”, que genera derechos y obligaciones para ambas partes. Eso es lo que la ley dispone, y recordemos que hay que estar en legalidad.
Con los nombramientos sucesivos inferiores a los tres meses, se da una manipulación leguleya que sí viola la Ley Orgánica del Poder Judicial. La violación se da en doble sentido. Irrespeta la ley y falta a la ética profesional, el magistrado que ocupando un puesto en la Corte Suprema de Justicia por más de tres meses, brinda asesorías privadas a otros Poderes del Estado, con lo que de paso irrespeta gravemente el principio de separación de poderes. También incurren en violación a la ley y falta a la ética, quienes le nombran en el puesto, y utilizan luego argumentos espurios para consentirle el ejercicio liberal de la profesión siendo magistrado de la República. Promueven con ello un conflicto de intereses que ensucia aún más la ya mancillada imagen del Poder Judicial.
A todo esto, resulta más que oportuno decirle a don Luis Paulino Mora, que no hacen falta tribunales iberoamericanos especializados en ética para juzgar la conducta de un magistrado. El Poder Judicial cuenta con un Código de Ética, y en su artículo segundo establece la prohibición a todo funcionario judicial para prestar servicios en otros Poderes del Estado (Inciso 4, art. 2) y en concordancia dispone: Además de ajustar su conducta a las prescripciones éticas que le son aplicables, todo servidor judicial está en el deber de facilitar y canalizar apropiadamente la denuncia de actos reñidos con la probidad y buen desempeño de otros funcionarios, independientemente del rango y función de quien sea alcanzado por la denuncia. (Inciso 2, artículo 4).
Columnista huésped | 31 de Julio 2008
2 Comentarios
Estoy de acuerdo con su artículo y es por lo que pasan un montón de cosas raras en el PJ, como uno o una fiscal pasa a juez hoy y mañana de nuevo es fiscal, o se archiva esto de Sosto. Pero es más existe un código de ética en el PJ promovido por el Magistrado Mora, de pasta amarilla y blanca y ahora no hay ética porque no les conviene.
Gracias por su enriquecedor comentario. Cómo cansa que esta gavilla de fascinerosos sigan jugando con las palabras y creyendo que el poder los vuelve dioses intocables,por lo que todos los demás se convierten sólo en simples “admiradores” de su astucia. Más claro no canta un gallo. Gracias de verdad por su ilustración.