Por Armando Campos, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica
Cada vez que se intenta demostrar la gravedad alcanzada por la violencia social en un país, se recurre a estadísticas sobre delitos o a la descripción de “sucesos” delictivos particularmente alarmantes. Por este camino, ambas nociones -violencia y delito - alcanzan un significado equivalente en los discursos públicos y en el imaginario social.
Es de la mayor importancia que comprendamos lo siguiente: el concepto de delito se refiere a comportamientos antijurídicos, que pueden tener un contenido violento en cuanto a sus intenciones y efectos. Pero estos comportamientos no se dan de manera espontánea ni se explican simplemente por la “maldad” que de pronto afecta, supuestamente sin que se sepa por qué, a cada vez más personas. Constituyen manifestaciones de una problemática mucho más amplia y profunda, en la cual intervienen procesos estructurales, una amplia gama de interacciones sociales que se despliegan en diversos sujetos colectivos (multitudes, comunidades, organizaciones, grupos) y cuyos protagonistas son, en última instancia, individuos con peculiaridades únicas. Problemática que vulnera tres dimensiones fundamentales de la existencia humana: la salud (en el amplio sentido del término), los derechos humanos y el ambiente.
La delictividad es, sin duda, una importante ventana para nuestro conocimiento de la violencia social. Pero cuando nuestra visión se reduce a ella, se limita severamente nuestra interpretación del problema y nuestras capacidades de planificación preventiva. Además, esto afecta seriamente la conciencia ciudadana, que se inunda de fatalismo y se inclina hacia soluciones que, aplicadas de manera extrema, probablemente permitirían reducir el delito, pero agravarían la violencia y lesionarían los cimientos éticos de la nación.
Ha llegado, entonces, la hora de emprender una reflexión serena y trazar la ruta para oponer ante la violencia los recursos socioeconómicos, culturales y políticos que Costa Rica ha forjado por mucho tiempo.
La prevención primaria de la violencia implica, esencialmente, fortalecer posibilidades que el país tiene. Entre muchas otras: a) enfrentar las formas de exclusión social, que se asocian al ensanchamiento de la brecha social (lo que no equivale solamente a reducir la pobreza); b) recuperar el papel de la educación, de la salud pública y de los programas de vivienda en la construcción de la solidaridad social; c) fortalecer decididamente el desarrollo de las comunidades de base local y frenar la estigmatización que recae sobre muchas de ellas; d) Concordar con los medios de prensa un manejo ético y responsable de noticias que trivializan la violencia y la convierten en atracción morbosa; e) Contener, mediante acuerdos responsables, la invasión de las relaciones sociales por valores mercantiles y de consumo.
La prevención del delito apelando a medidas acciones policiales, judiciales y penitenciarias debe ocupar un lugar equilibrado dentro de la prevención secundaria y terciaria de la violencia. Pero jamás alentar una especie de batalla social, desarticulada de una planificación preventiva integral.
Es necesario debatir sin caricaturas ni esquematismos las innovaciones que se requieren a este nivel preventivo, alejándose críticamente de esa ilusión ideológica, según la cual todo consiste en “poner mano dura”. Lo que se propone en estas líneas no es fácil, sobre todo cuando hay miedo, inseguridad y rabia. Pero cuando se observa el compromiso y la dedicación de muchos actores sociales, que alejados de fórmulas abstractas se esfuerzan por decirle no a la violencia, entonces ya no se ve oscuro el horizonte.
(Página Abierta - Diario Extra)
Columnista huésped | 16 de Mayo 2008
1 Comentarios
Es cierto que la prevención primaria del delito es importante y es donde radican las remotas posibilidades que existen de, por lo menos, aminorarlo en forma sostenible. Sin embargo hay otros dos hechos igualmente ciertos que no podemos seguir ignorando como lo hemos hecho hasta ahora. El primero es que las medidas que propone el columnista tendrían un efecto apreciable a largo plazo (probablemente décadas). Lo otro es que “en arcas abiertas hasta el justo peca”: la tolerancia excesiva, la indiferencia ante la violencia y la extrema inacción son tan contraproducentes como el “ojo por ojo…” propuesto por algunos. Es un grave error permitir que un consuetudinario asaltante a mano armada, un repetido conductor ebrio, un criminal menor de edad (ya no tan menor), reiteradamente puedan cometer faltas graves que incluso amenazan o, de hecho, terminan con la vida de una persona sin ser castigadas. De ejemplos de delitos impunes está saturado nuestro país. A este innegable hecho le veo dos consecuencias muy graves. En primer lugar el mensaje que capta quien delinque con impunidad será “si no me castigan esto no debe ser tan malo” y “no veo motivo para parar”. Por otro lado quienes somos repetidas víctimas de estos hampones nos veremos cada vez más tentados a tomar la ley en nuestras manos al constatar la total inacción de las autoridades que llega a tal grado que se puede interpretan como cinismo e indolencia de las autoridades. En cuanto a la represión, ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre, pero ya está pasado el tiempo de actuar.