Por Leonel Fonseca, ex Regulador General y consultor en tarifas y servicios públicos
En el tema de las telecomunicaciones y su apertura existen numerosas ambigüedades y confusiones.
Muchas de ellas se derivan tanto del tratado de libre comercio con Estados Unidos (conocido como Cafta) como de la ley para ese sector aprobada en primer debate.
1. Qué se regulará
La primera confusión es referirse al “sector de infocomunicación”, pues -hasta donde estoy enterado y se ha divulgado- lo que se creará, definirá y regulará será el sector de las telecomunicaciones.
La mejor prueba de ello es que hasta el mismo Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) ha cambiado -ilegalmente pues la ley no existe aún- sus siglas por Minaet y el ministro Roberto Dobles se anuncia como el “Ministro rector del sector de las telecomunicaciones”.
2. Cuáles quedarán reguladas
No está claro tampoco cuales serán las empresas o actividades de telecomunicaciones (o de infocomunicaciones como las trata EF) definidas como “servicio público”.
Estas son las que para operar obligatoriamente deberán tener la concesión del Estado y ser reguladas técnica-reglamentos de operación, control de calidad del servicio y resolución de conflictos- y tarifariamente por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) o la denominada Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Muchas de las empresas y actividades de “infocomunicación” no son “servicios públicos” objeto y sujeto a la regulación estatal.
3. Qué pasará con el espectro
Era no sólo muy conveniente sino exigido que tanto en la aprobación del Cafta como en la leyes correspondientes se incluyera la definición y regulación del espectro radioeléctrico.
Eso no se hizo a pesar de las respetuosas pero vehementes recomendaciones que hicimos en diferentes instancias tanto legislativas como en los medios de comunicación, entre ellos en EF.
Sabemos del enorme poder y presión de los medios de comunicación que lucran de esta falta de definición y regulación que el mismo EF denunció muy bien en su edición del 24 de febrero de 1997, pues hay muchas televisoras y emisoras de radio FM que usan gratis las frecuencias.
Además están las 6.000 empresas que tienen frecuencias para su uso según la Oficina de Control de Radio.
Se ha estimado que el ordenamiento y correcta asignación o concesión del este recurso natural y finito del Estado le podría haber aportado una suma mayor a los ¢100.000 millones.
Téngase muy en cuenta que hasta en el Cafta se estableció que este tema debió tratarse.
Este asunto adquiere ahora la mayor de las importancias pues todas las empresas del “sector de infocomunicaciones” perfectamente pueden pasar a ser operadores del servicio público de telecomunicaciones según la nueva ley.
Además, debe aclararse que el Ente Regulador de las Telecomunicaciones existe en Costa Rica desde 1963 -ley No. 3226- y ratificado en 1996 -ley 7593.
Lo que inexplicablemente no ha existido ni existe aún es el rector del sector de telecomunicaciones. ¿Quien “limpiará” y asignará el espectro?
Las concesiones deben ser otorgadas y controladas por el organismo regulador de las telecomunicaciones y nunca por el Poder Ejecutivo, como entendemos quedó establecido al final del trámite legislativo.
4. Cuándo empezarán a operar
Otra tema es la posibilidad para que las empresas dedicadas a las infocomunicaciones puedan empezar a operar en este “sector” de las infocomunicaciones a partir de la vigencia de la ley con fundamento en el transitorio segundo.
Es claro que los operadores que deseen ingresar, deberán esperar a que funcione el regulador y estén los reglamentos. Esto último en el entendido que nos estamos refiriendo a empresas dedicadas al servicio público de las telecomunicaciones y no a empresas concesionarias del espectro radioeléctrico.
5. ¿Era necesaria la Sutel?
Sólo para que de nuevo quede constancia -y tal como lo establecía el Cafta- no era ni es necesario ni conveniente la creación de la llamada Sutel o como finalmente se le haya denominado.
En países con larga y exitosa experiencia regulatoria de las telecomunicaciones, como los Estados Unidos a nivel federal y en cada uno de los estados, un solo ente regulador multiservicios es lo más conveniente y eficiente gracias a su capacidad e independencia. En ese país hay una comisión de telecomunicaciones federal (conocida como FCC) y en los estados se tienen las eficaces y muy respetadas Comisiones Reguladoras de los Servicios Públicos (Public Utility Regulatory Commissions).
Por el contrario las llamadas “superintendencias” hasta donde conocemos han sido muy débiles e incapaces y frecuentemente son absorbidas por el Poder Central.
(El Financiero.com)
Columnista huésped | 8 de Mayo 2008
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