Por Milton Ruiz Guzmán, abogado y asesor parlamentario - [email protected]
No sé cuántos de los lectores tuvieron la oportunidad de ver en televisión, o de escuchar por la radio, la disertación de corte académico que sorpresivamente llegó a hacer la señora Vicepresidenta de la República con recargo temporal del Ministerio de Seguridad Pública, Laura Chinchilla, al Plenario de la Asamblea Legislativa el pasado lunes 7 de abril.
Tengo que confesar que sí la escuche “en vivo” en el mismo momento de su visita, y que además hice lectura pausada del acta de la sesión No. 163 del Plenario Legislativo, a la cual tienen acceso todos los costarricenses ingresando a la página web de la Asamblea Legislativa.
Discrepé con algunos asesores y periodistas que esa misma tarde concluían que doña Laura no fue a decir nada nuevo. Por el contrario, creo que doña Laura dijo muchas cosas y se guardó otras más.
La visita que motivó su presencia sorpresiva fue similar a la que su momento realizó su compañero y hoy ex Vicepresidente Kevin Casas, que como recordarán llegó “sin que nadie le llamara…” -como dice una canción de Cutito Larrinaga-, para sacudirse de algunas relaciones que los medios de información le imputaban a él y a su hermano con un personaje ligado al tráfico de drogas y al lavado de dinero, deportado desde El Salvador hacia los Estados Unidos de América.
Pero la presencia en el caso de doña Laura ante la Asamblea Legislativa creó mayor espectacularidad porque evidentemente tendría como propósito abordar temas de fondo más allá de la destitución de Fernando Berrocal, los contenidos revelados desde Colombia encontrados en una “laptop” perteneciente según se dijo, a un “alias” Raúl Reyes, prominente personaje de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a su reciente visita como Ministra de Seguridad Pública interina a Colombia, país que se ha vuelto un referente para la vida nacional.
Recordemos que el informe que Berrocal concibió para entregar al Plenario de la Asamblea Legislativa, pero que por razones que aun no han sido dichas, fue entregado al Presidente de la República, para que éste a su vez se lo entregara al Presidente de la Asamblea Legislativa, supone ser el mismo que con reclamos de diputados y diputadas don Francisco Antonio Pacheco finalmente pusiera en sus manos.
Ese informe, el cual considero que dista mucho de ser un instrumento de tal naturaleza y carácter, y si es el mismo que tuve a la vista, entregado a los diputados y diputadas, constituye un legajo de muchas reproducciones de fotocopias sin ninguna sistematización, las cuales dejan la sensación de haber sido pensadas para algún uso diferente en un tiempo anterior y no como producto de lo acontecido a raíz del hallazgo de la caja fuerte y los dólares y la disertación del Ministro de Seguridad Pública en Santo Domingo de Heredia, que llevaron a su destitución.
De las palabras de Doña Laura destaco algunos temas, pues dijo que, a partir del año 2002, cuando Costa Rica exigió el visado a colombianos para ingresar a Costa Rica, hubo denuncias de irregularidades acaecidas en el Consulado de Costa Rica en Colombia (supongo en la ciudad de Bogotá), acerca de las cuales la prensa nacional informó.
Sin duda, un hecho así bajo las circunstancias dadas, a quien corresponde investigar es al Ministerio de Gobernación y Policía por la especificidad del tema a saber: visados, pero concomitantemente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en tanto le son propios los temas de las relaciones internacionales de Costa Rica y que, según las conclusiones, correspondía sancionar en tiempo, a los responsables de acuerdo con la gravedad del caso. ¿O será que entonces, ese Consulado estaba a cargo de algún colombiano “ad honorem” y no un costarricense adscrito al Servicio Exterior de nuestro país?
Hago esta pregunta toda vez que doña Laura dijo algo sumamente grave, pues afirmó que las “irregularidades que fueron atendidas por las autoridades judiciales de Colombia, pero que cuando yo pregunto qué ha pasado con esto, no me encuentro todavía ningún informe…”, exige una explicación clara y directa de los entonces ministros para que digan qué se hizo, pero según las afirmaciones de doña Laura más bien para explicar por qué no se hizo. Pareciera que este asunto que atañe a un consulado costarricense en el exterior, pasó inadvertido pues no existe ningún informe como reconoció la señora Vicepresidenta y Ministra interina de Seguridad Pública.
Otra pregunta es si sobre tal incidente, ¿se decía algo en la “laptop” del “alias Reyes”, o se irá a decir algo a futuro inmediato sobre ese hecho, bajo el elenco de acontecimientos costarricenses de hoy convenientemente ajustado a lo que fatalmente el tiempo se llevó?
Han pasado seis años desde el 2002 a la fecha. Pero la señora Vicepresidenta no dudó ante el Plenario Legislativo en demandar “urbi et orbe”, para darle realce y una vigencia actual a un acontecimiento perdido en el tiempo, “que a efecto de darle una adecuada formalidad a esta gestión me permito solicitarle al señor Canciller que, por favor, también nos solicite a las autoridades consulares y judiciales colombianas documentar las denuncias que, en esa época, se hicieron y que presumían de la entrega de visas costarricenses a colombianos de manera fraudulenta…”.
Como que ahora de preocupan por las formalidades diplomáticas, y una pregunta más: ¿por qué a autoridades consulares y judiciales colombianas si el hecho compete a autoridades consulares costarricenses acreditadas en el exterior y al Ministerio de adscripción, en este caso, al Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública en materia de visados, sin dejar de lado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y a las autoridades judiciales costarricenses?
Aquí, por esto y muchas otras cosas más pareciera que estamos bajo el oráculo colombiano y que cada vez más vamos en dependencia en el orden de vida interno a lo que digan las autoridades de Colombia. Ahora somos sumisos con agendas (de Granda), “laptops” (de Reyes), informes de inteligencia de la DAS (Dirección Administrativa de Seguridad de Colombia), resoluciones de autoridades judiciales colombianas y del compadrazgo Arias-Uribe. Somos parte de ellos…
Dijo la señora Vicepresidenta y Ministra interina de Seguridad Pública “resumir algunas de las conclusiones que en consecuencia, extrajimos con las autoridades colombianas y que muchas de ellas están vertidas en esas conversaciones, esa información, esos datos, en lo que me he permitido informales, por lo menos hasta ahora, de manera verbal…”, ¿significa que podremos esperar algo más de su parte?
La primera conclusión de doña Laura es “que si hubo una estrategia de penetración de las FARC en Costa Rica fundamentalmente ligadas a contactos políticos y otra a contactos criminales…”.
La segunda conclusión fue que “no existe en lo que respecta a ligámenes criminales o ilegales más vínculos que los que han sido puestos en evidencia, con ocasión del decomiso de los cuatrocientos ochenta mil dólares encontrados en Heredia…”
En cuanto a los contactos políticos no hizo alusión alguna, pero las libres ya están saltando solitas y son las mismas que se reunieron secretamente con los hermanos Arias en su casa en Rohrmoser el sábado 22 de marzo pasado, y que según aseveración de una persona -que me reservo su nombre- participó una señora diputada muy ligada al tema en una administración pasada.
Si entiendo bien doña Laura, la calificación como “criminales” y alternativamente como “ilegales”, recae sobre el matrimonio en cuya casa se encontraron los dólares. No sé si doña Laura midió esos calificativos y por eso pienso que es absolutamente necesario que sustente sus afirmaciones contrastando con los hechos, toda vez que, si como ella afirma, son criminales o ilegales, ¿qué hacen las autoridades costarricenses ahora bajo su mando y no les arrestan por criminales, o por ilegales y por qué no les expulsa la Dirección General de Migración y Extranjería del territorio nacional?
Doña Laura en breve dejará el recargo para el cual fue llamada, pero ese hecho no justifica ni le da excusa alguna para dejar sin sustentar imputaciones de “criminales o ilegales” bajo un ordenamiento jurídico como el costarricense.
Doña Laura introdujo en esa sesión legislativa el tema de un Tratado de Extradición con Colombia que le pareció insólito su inexistencia. Hay otros convenios insólitos, como la pretendida delimitación marítima con Colombia que nos deja sin Zona Económica Exclusiva en el Mar Caribe y que Costa Rica no debe aprobar sino mandar al archivo definitivo en la Asamblea Legislativa.
El entusiasmo de doña Laura para expulsar costarricenses bajo tratado lo prohijó aludiendo un Convenio Internacional en nada relacionado al tema. Mal asesorada, pero peor aún, sin lectura de las normas constitucionales del artículo 32 que señala que ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, y que aún como norma constitucional que es, su rango es inferior a los tratados y convenios de Derechos Humanos que tampoco autorizan algo semejante.
Asistimos pues a la “última carcajada de la cumbancha…” entonces del inmortal Agustín Lara, ahora de la política nacional y una deficiente administración de gobierno. Pero aun hay más sobre estos temas, pero será en otro momento.
Columnista huésped | 14 de Abril 2008
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