Silencio, un profundo silencio. Un día después de que la Procuraduría General de la República dijera que el 29 de febrero no era el plazo fatal para tener aprobada la agenda de implementación del TLC, como afirmaba el Gobierno, la falta de ruido en Zapote fue escandalosa. Del Presidente para abajo, todos andaban afónicos.
El 29 tampoco había que pedir cacao para que no nos echaran fuera del TLC por culpa de unos diputados antipatriotas con los cuales, fuchi, fuchi, no hay que hablar. No era cierto que de nada servía depositar el Tratado en la OEA para dejar constando su ratificación.
Es completamente legítimo que el Gobierno creyera que el 29 de febrero caía la guillotina. ¿Cómo no van a ser opinables las interpretaciones jurídicas? Era también entendible que tratara de ganarle la vuelta a la oposición. En política como en el amor, dicen, “todo se vale”.
Sin embargo, el adagio es mentiroso. El amor es algo tan delicado que las trampas cuestan caro y causan dolor. De la misma manera, la política es demasiado importante como para chapuzas. Para puntillos fáciles están otros temas. Lo del TLC, sin embargo, es cosa seria, especialmente después de los errores cometidos posreferéndum (remember la apertura de la telefonía fija). No se tuercen brazos con la vaina vacía.
No me ha gustado el culebrón que he visto. Lo único que el Gobierno ganó con eso fue envenenar más el ambiente. Hasta el Movimiento Libertario, militante del TLC, tomó distancia. Ahora, claro está, donde digo “digo”, digo “Diego”: “Yo lo que decía es que el TLC no entraba en vigor el 29 de febrero”. Ello nunca estuvo en discusión, único punto en el que coincidían todos.
La Procuraduría, con su tesis de que el trámite de la agenda de implementación tiene plazo (1.° de junio), ofreció una salida decorosa para las partes. Una fecha discutible, cierto, pero que permitía una transacción como, en efecto, el Gobierno y el PAC acordaron luego del sainete. Era innecesario empujar el carrerón, con sus elevados riesgos de error y de trampitas.
Nuevo capítulo: ahora resulta que la vía rápida parlamentaria es aplicable a la apertura de telecomunicaciones porque el ICE es un monopolio de hecho, no de derecho. Puede ser, no soy abogado. Pero, si no era un monopolio: ¿qué es lo que estamos abriendo? Muchos, Gobierno incluido, siempre dijeron que era conveniente abrir el mercado. Yo concurro.
Pero cuatro millones de ticos acabamos de enterarnos de que nunca hubo monopolio de veras. Como escribió Móliere: “Por vida de Dios! ¡Más de cuarenta años que hablo en prosa sin saberlo! No sé cómo pagaros esta lección”. Si vamos a reescribir la historia, esperemos un tantito.
(La Nación)
Jorge Vargas Cullel | 21 de Febrero 2008
0 Comentarios