• Don Bernardo Soto destacó en diferentes vertientes de la vida nacional
Por Tomás F. Arias Castro, abogado, historiador y profesor en la UCR
Al conmemorarse el 77º aniversario del deceso del expresidente de la República don Bernardo Soto Alfaro, ocurrido el 28 de enero de 1931, merece la pena reflexionar acerca de la vida y obra de uno de los más importantes gobernantes de Costa Rica, cuya egregia impronta permanece vigente en los más diversos órdenes de nuestra patria.
Nacido en Alajuela el 12 de febrero de 1854, fueron sus padres el general Apolinar de Jesús Soto Q. y doña Joaquina Alfaro M. Se graduó como bachiller en Ciencias y Artes en 1871 y obtuvo el título de abogado en la Universidad de Santo Tomás el 10 de diciembre de 1877. En 1881, fue nombrado gobernador de Alajuela, cargo al que renunció en 1882, cuando el presidente Próspero Fernández O. lo nombró secretario de Gobernación y Policía, y posteriormente secretario de Guerra y Marina.
En 1883 el Congreso lo escogió en el cargo de primer designado a la Presidencia, y para 1884 se le otorgó el rango de general de Brigada. Debido al súbito fallecimiento del general Fernández Oreamuno en marzo de 1885, don Bernardo asumió la presidencia de Costa Rica, otorgándole el Congreso concomitantemente el grado de general de División y el título de ‘benemérito de la patria’. Después de enfrentarse al general Víctor Guardia Q. en un disputado proceso electoral, fue elegido presidente de la República a partir del 8 de mayo de 1886, con lo que empezó uno de los períodos de gobierno más brillantes de nuestra historia, al designar en su gabinete ministerial a los mejores prohombres de la época.
En ese sentido, referirse sucintamente a su obra, constituye una odisea, pues su mandato se destacó en casi todos los ordenes del quehacer nacional. Así en el campo educacional, junto con su secretario de Instrucción Publica, Mauro Fernández A., emitió la Ley General de Instrucción Pública (1885) y la Ley General de Educación Común (1886), y creó en virtud de ambas el Liceo de Costa Rica (1887), el Colegio Superior de Señoritas (1888) y el Instituto Nacional de Alajuela (1888); clausuró, asimismo, la Universidad de Santo Tomás (1888), por considerarse que no respondía a las exigencias académicas de la época.
En el ámbito jurídico nacional, promulgó la magna obra del Código Civil (1888), que introdujo las figuras del matrimonio civil y el divorcio en nuestra legislación, mientras que, allende nuestras fronteras, logró la declaratoria a favor de Costa Rica del denominado “Laudo Loubet” (1888), que supuso la primera victoria patria contra Nicaragua por los derechos de navegación en el río San Juan.
En cuanto a infraestructura, creó el Parque Central de San José (1885), la Dirección General de Telégrafos (1885), la Inspección de Hacienda Fiscal (1885), colocó la lotería nacional a cargo de la Junta de Caridad de San José (1885), creó la Cruz Roja (1887), el parque Morazán (1887), el Museo Nacional (1887), el Hospicio Nacional de Huérfanos (1887), la Biblioteca Nacional (1888), el Registro Civil (1888), el Hospicio Nacional de Enfermos Mentales (1888), finalizó el ferrocarril al Atlántico y decretó la creación de los cantones de San Rafael de Heredia (1885), Naranjo (1886) y Palmares (1888).
Finalmente, su mandato feneció por los hechos acaecidos en torno a la “jornada cívica” del 7 de noviembre de 1889, cuando entregó el poder al tercer designado, doctor Carlos Durán C., lo que provocó su retiró de toda actividad política. Para 1906 participó como candidato presidencial por el Partido Republicano Independiente y fue uno de los signatarios de la ilustre Constitución Política de 1917, en su calidad de expresidente.
Murió en San José, en el citado año de 1931, y sus restos se depositaron junto a los de su suegro, el general Fernández Oreamuno, en el cementerio general capitalino, con los honores de un funeral de Estado.
(La Nación)
Columnista huésped | 29 de Enero 2008
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