Por Freddy Pacheco - [email protected]
En momentos en que el Estado costarricense acusa un déficit inmanejable para la atención de las necesidades sociales y económicas de los habitantes y la urgencia por una mejor infraestructura ejerce fuerte presión sobre la hacienda pública, somos testigos de extrañas propuestas nacidas del seno de organismos foráneos hasta ahora acostumbrados a imponer criterios pseudoconservacionistas muchas veces sin sentido.
Por varios años nuestras autoridades ambientales han dejado en manos de entes proveedores de recursos financieros, la toma de decisiones fundamentales para la conservación de la riqueza natural existente, principalmente, en las áreas protegidas. De esta manera, la autoridad gubernamental se ha ido trasladando hacia personas físicas y jurídicas regidas por la legislación privada, al punto que la Contraloría General de la República ha debido intervenir anulando la ejecución de múltiples convenios que permitían, sin control, el uso y provecho de bienes del Estado de parte de entes privados. Aspecto que más allá de la ilegalidad señalada, conlleva evidente erosión de la autoridad nacional y presumible perjuicio para un adecuado manejo de los parques nacionales y demás áreas protegidas.
Aunque algunas veces tales prácticas neocolonialistas traen como carta de presentación aportes financieros con los cuales atender obligaciones no presupuestadas por el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) también es cierto que muchos de esos recursos implican compromisos que no necesariamente surgen del interés nacional expresado en políticas independientes. La frustrada propuesta de creación del “Servicio de Parques Nacionales Sociedad Anónima”, mediante la cual se esperaba trasladar la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a un organismo regido por el código privado, y el proyecto de ley que ingresara a la corriente legislativa firmado por 29 diputados que, de aprobarse, hubiera trasladado la administración del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste a un ente extraño al Minae, son dos de los más recientes ejemplos de esta situación anómala.
Cuando a inicios de la década de los años setenta nos reuníamos en la oficina del recordado profesor Ing. Luis Fournier Origgi, con un grupo de muy estimables compañeros preocupados por el futuro ambiental de Costa Rica, para fundar eventualmente la Asociación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (Ascona) jamás imaginábamos lo que sucedería años después. De una época exitosa a partir del trabajo voluntario y desinteresado, aunque escaso en recursos financieros, se derivó a la situación actual donde son las monedas las que incentivan el “conservacionismo” y donde el interés nacional cede paso al interés extranjero.
Por ello, como se le expresara personalmente al señor presidente Óscar Arias, bajo este discutible esquema no es lógico que, porque así lo manda The Leatherback Trust, el ministro de Hacienda tenga que destinar la imposible suma de ¢350 mil millones de colones para la compra de unas 40 hectáreas vecinas a un parque nacional, cuando, como dijera don Óscar, es claro que no hay necesidad de expropiar para proteger a las tortugas baula. Y mucho menos si a partir de un reglamento costarricense se pueden alcanzar los objetivos conservacionistas que se han propuesto.
Y es que no estamos ante hechos aislados; más bien se trata de un proceso que se ha enraizado en el Estado costarricense y que gracias a la acción de la Contraloría está corrigiéndose, como parte de una obligación de recuperar la autoridad erosionada para que se fortalezca la soberanía nacional y se recupere la dignidad.
(La Prensa Libre)
Columnista huésped | 6 de Enero 2008
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