Por Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM - [email protected]
El desarrollo de algunas tecnologías ha modificado los códigos de comunicación. Por ejemplo, los mensajes emitidos a través de los teléfonos celulares, las bitácoras (o blogs) y el correo electrónico han generado estilos peculiares de interacción personal. Otro tanto sucede con el lenguaje político a partir de la creciente utilización de los medios electrónicos para fines de proselitismo.
El uso de los medios disponibles, que contribuye a la celeridad y a la confidencialidad en la transmisión de información y de órdenes, también sirve para poner en relación cercana a los gobernantes y a los gobernados. Por eso en nuestro tiempo la propaganda política es objeto de estudio sistemático. Pero en contraste con los avances, se registra un retroceso: el lenguaje político se ha empobrecido, porque sobre la eficacia de la palabra se prefieren las imágenes y las frases hechas. Al documentarse el efecto masivo producido por los mensajes reiterados a través de los medios electrónicos, la expresión verbal es casi un arcaísmo. Lo productivo es administrar el peso de la pose.
En ese contexto, la decisión de adicionar nuevos párrafos a los artículos 41 y 134 constitucionales, con motivo de la reforma electoral, representa un hecho inusitado, porque hará que el lenguaje de la política cambie para bien. En lo sucesivo la onerosa propaganda política oficial ya no podrá interferir en los procesos electorales ni ser aprovechada para construir prestigios personales artificiales con cargo al erario.
Después de los excesos propagandísticos durante la campaña de 2006, resulta comprensible la decisión de limitar a las autoridades federales, estatales y municipales para que se abstengan de la disposición subrepticia de recursos públicos con el ánimo de influir en los resultados electorales. En las elecciones de 2009 no se podrá poner en práctica otra desenfrenada emisión de spots oficiales para favorecer las candidaturas de cualquier partido.
Queda abierta, sin embargo, otra opción: volver al discurso político tradicional. Esto significa que, al limitarse la técnica del spot, se presenta de nueva cuenta la necesidad de hacer frente a los medios y a las tribunas de las asambleas. Si los titulares de los órganos del poder desean lucir sus aportaciones al bienestar colectivo en el curso de un proceso electoral, deberán ocupar espacios informativos, no publicitarios. Para esto se requerirá que sepan hacer un buen empleo de la palabra.
Las adiciones constitucionales pueden convertirse en un incentivo para superar la dislalia que afecta a la clase política. A los gobernantes se les ha prohibido distraer recursos públicos para fines de promoción personal, pero nada les impide que se valgan de los medios de comunicación para decirnos lo que piensan y lo que hacen. Si esto sucede, los funcionarios federales, locales y municipales apoyarán a los candidatos de sus partidos sin contravenir lo dispuesto por la Constitución, y en cierta forma enriqueciendo el debate público.
El acentuado mutismo de los funcionarios contribuye a exacerbar la naturaleza personalista del ejercicio del poder, sobre todo del presidencial. La necesidad política de dar sustento a los candidatos y a los partidos hará que los titulares de altos cargos emerjan y comuniquen las razones del poder. Quienes tengan algo que decir, y sepan hacerlo, fortalecerán la posición electoral de sus correligionarios.
Podría decirse que el Presidente está en aptitud de hacer lo mismo, y que nada le impedirá una alta exposición mediática en medio de la próxima campaña. Es cierto que no hay instrumentos legales para limitarlo; pero si comete el error de inmiscuirse en las elecciones de 2009, como lo hizo su predecesor en las de 2003 y de 2006, aun conquistando la mayoría en la Cámara de Diputados condenaría al país a tres años de parálisis. Si desea construir consensos, el Presidente deberá mantenerse como un árbitro de la política. Sus ministros, si los tuviera, contarían con márgenes más amplios de acción, sin comprometer el destino político del país.
Todos los órdenes del poder tienen derecho a mostrar y defender los frutos de su trabajo, incluso en periodos comiciales. La política sigue siendo un recurso lícito para convencer.
(El Universal – México)
Columnista huésped | 9 de Diciembre 2007
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