• ¡Si no expropia, le quitamos el millón de dólares!*, dice el ente extranjero
Por Freddy Pacheco, catedrático, Universidad Nacional
En nota del 4 de octubre del 2006, James Spotila, presidente de The Leatherback Trust le dice al señor ministro del Ambiente Dr. Roberto Dobles, que de los $4,3 millones que recaudaría para expropiaciones en los próximos cuatro meses (a enero del 2007), unos $2 millones vendrían de la G & B Moore Foundation.
En el ultimátum enviado por el doctor Spotila al gobierno de la Republica, se habla de poco menos de $1 millón que supuestamente provendrían de dicha Fundación. Ultimátum que por cierto no aparece firmado por representante alguno de la G & B Moore Foundation.
El pasado 27 de setiembre del año en curso, en el programa “Nuestra Voz” de la periodista Amelia Rueda, el ministro del Ambiente reconoce que el valor de las expropiaciones podría alcanzar la suma de $700 millones (“posiblemente más de todo lo que se debe en este momento a muchos propietarios” de otras áreas en proceso de expropiación en el resto del país).
Es decir, de “no perderse” lo que dice Spotila que se perdería, en casi nada cambiaría la situación de desfinanciamiento que ha sido reconocida.
Situación que adquiere mayor importancia ante la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) que, entre otros convenios similares, derogó el convenio suscrito por el anterior ministro del Ambiente, Lic. Carlos Manuel Rodríguez, y el doctor James Spotila (ver oficio N° 7047 del 3 de julio, 2007 del Area de Servicios Públicos Generales y Ambientales de la CGR). De esta manera, al no existir convenio entre el Minae y The Leatherback Trust, resulta improcedente la irrespetuosa nota con que se pretende poner entre la espada y la pared al gobierno de Costa Rica.
Y es que, precisamente, lo que en fondo cuestiona la Contraloría y la Auditoría Interna del Minae (en nota al presidente de la Comisión Permanentemente para el Control del Ingreso y Gasto Público, de fecha 9 de julio del 2007) es que ” existen entidades ajenas a la Administración Pública Costarricense que disponen sobre recursos públicos y asumen compromisos que tocan la esfera de acción de entidades públicas…”, agregándose que ” entes privados pretenden figurar como agencias ejecutoras de proyectos nacionales con sus propios fondos”. El presente caso no es diferente; se trata, por tanto, de una situación en que un organismo extranjero, sin convenio con el gobierno de Costa Rica, dice tener una oferta de poco menos de $1millón de otro organismo privado, también extranjero, y que es a partir de esa información no demostrada que se le exige al Gobierno de Costa Rica que proceda a ejecutar las directrices dictadas por ellos en una región costera colindante a un Parque Nacional.
Exigencia que se hace con un cheque en la mano que se dice se lo llevaría el viento en caso de no acceder a los deseos del ente foráneo, y que se hace al tiempo que se desconoce la existencia de un Reglamento de Zonificación emitido por el Gobierno cantonal de Santa Cruz que complementa eficientemente las medidas de protección que se aplican al interior del Parque Nacional Marino las Baulas, sin necesidad de gastar sumas gigantescas en expropiaciones imposibles de pagar.
¡No al biocolonialismo ambiental!
Columnista huésped | 14 de Diciembre 2007
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