�Qu� clase de apertura en los mercados de telecomunicaciones es la que se impulsar� en Costa Rica? Esta es la pregunta clave en la discusi�n sobre el rompimiento del monopolio p�blico como resultado de la aprobaci�n del TLC. Y es que hay aperturas de aperturas: algunas son esfuerzos mal disfrazados para que grupos empresariales conectados con pol�ticos locales se monten en la burra, a lo facilito. Otras pueden generar un vibrante mercado de competencia y desarrollo tecnol�gico. Algunas pueden querer lo anterior, pero cometen serios errores en el dise�o institucional que, en la pr�ctica, generan profundas distorsiones. Como el diablo est� en los detalles y no en la pr�dica, conviene poner mucha atenci�n a la deliberaci�n legislativa sobre el tema.
Una apertura de las telecomunicaciones involucra una gran cantidad de aspectos jur�dicos y t�cnicos. Espero que los que saben intervengan para que los diputados no metan la pata. Pero la apertura es, sobre todo, un asunto pol�tico. Se trata de dise�ar y poner en marcha una reforma del Estado en un sector clave para el pa�s. Esta reforma debe forjar equilibrios entre el poder pol�tico, los est�mulos a mercados competitivos y la innovaci�n tecnol�gica, la regulaci�n eficiente, las barreras para evitar la colusi�n de intereses, el robustecimiento del ICE y la mejora de la capacidad p�blica para garantizar la solidaridad y universalidad de los servicios.
Nuestro Parlamento conoce dos proyectos de ley de reforma al sector de telecomunicaciones. La Aresep ha circulado un documento donde analiza sus ventajas y desventajas. Concurro con su se�alamiento acerca del error estrat�gico que significa la pretensi�n de que una oscura dependencia de un d�bil ministerio del Poder Ejecutivo sea la que recomiende –y que este Poder apruebe– las concesiones de telecomunicaciones. O sea, el Gobierno propone en este aspecto adaptar la “exitos�sima” experiencia del MOPT con las concesiones de buses y taxis como modelo para las telecomunicaciones.
Se aduce por parte del PLN que ellos buscan seguridad jur�dica y siguen las recomendaciones de la Procuradur�a General de la Rep�blica. (La PGR emiti� una opini�n no vinculante diciendo que las concesiones deben quedar dentro del �mbito del Poder Ejecutivo –cosa no cierta, por cierto–). No es bueno que abogados capturen el dise�o de una reforma del Estado. Peor es encargar a pol�ticos la administraci�n de qui�nes entran, y c�mo entran, a un mercado pues creamos un severo riesgo moral: se pide al que fija las reglas que diga qui�n juega el partido. Separemos aguas: bien que la pol�tica fije prioridades, pero la regulaci�n de mercado es harina de otro costal.
(La Naci�n)
Jorge Vargas Cullel | 1 de Noviembre 2007
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