Por Ottón Solís
Ante la agenda de implementación
Hoy el principal escenario político en relación con el TLC es de nuevo la Asamblea Legislativa. Ahí se discuten los trece (recientemente el Gobierno decidió que son once) proyectos de ley que conforman la denominada agenda de implementación. Excepto por el proyecto denominado Reformas al Código Penal y a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, dirigido a fortalecer la lucha contra la corrupción, los restantes diez proyectos de esa agenda están en contra de contenidos importantes de La Convocatoria (programa de gobierno del PAC). Por ello votaremos en contra de esos diez proyectos.
Algunos sectores neoliberales del país quieren aprovechar esa agenda de implementación para impulsar reformas y aperturas que exceden lo contemplado por el propio TLC, lo que beneficiaría aun más a las multinacionales y perjudicaría aún más a nuestros agricultores y a algunas instituciones importantes en nuestro estilo de desarrollo. Si el proceso del referéndum hubiese sido equitativo en el acceso a posibilidades de informar a la población, esos sectores quizá tendrían derecho a argumentar que el resultado del referéndum habría definido el modelo de desarrollo. En ese caso, los defensores del neoliberalismo podrían tener sustento democrático para aprovechar cualquier oportunidad, incluyendo la ofrecida por la agenda de implementación, para avanzar ese modelo más allá de lo exigido por el TLC.
En esta dirección hace varios meses escribimos: ″Si el proceso del referéndum es justo y transparente, cualquiera que sea su resultado, todos asumiríamos que el pueblo habría emitido su veredicto sobre el modelo de desarrollo para el país. Así, pasaremos a un período de tranquilidad y con altos niveles de gobernabilidad… He ahí la enorme responsabilidad de los medios de comunicación, de las autoridades gubernamentales y, sobre todo, del Tribunal Supremo de Elecciones″ (La Nación, 6 julio 07).
Sin embargo, como ya se ha señalado, el proceso del referéndum careció de los atributos definitorios que podría haber tenido, por lo que no es admisible que se quiera utilizar el voto ciudadano sobre el TLC para impulsar reformas que nos hagan retroceder aún más que lo que se deriva de este. Por ello consideramos que es nuestra obligación, tanto con los que no quieren el TLC como con los que votaron por el SI porque quieren lo que dice el TLC y no otra cosa, hacer todo lo reglamentaria y democráticamente posible para que la agenda de implementación no “neoliberalice” más de lo que exige el TLC.
Quienes pretendan otra cosa están irrespetando la voluntad ciudadana y la institucionalidad democrática. Quienes levantan su dedo acusador, cuando anunciamos que el referéndum no obliga a votar cualquier reforma que se quiera incluir en la agenda de implementación por los sectores más radicales del SI, están pasando por encima del criterio del Tribunal Supremo de Elecciones. Su presidente don Luis Antonio Sobrado estableció que: “Lo que se pretende llevar al referendo es el TLC, no la agenda de implementación. Eso fue una decisión política y otra decisión hubiera sido meter todo en paquete. No nos corresponde evaluar si fue una buena decisión. Si hubiera sido así, el ambiente estaría todavía más cargado, porque sí sería el “todo o nada”. Tal vez si hubiera sido más complicado para el elector, porque el TLC ya es un documento complejo y si además metemos otros proyectos, la capacidad de entender qué está en juego hubiera sido menor” (La Nación, 30 setiembre 07).
De ese modo el Presidente del TSE no solo considera que lo que se decidió el 7 de octubre fue nada más sobre el TLC, sino que da las razones para que así se haya procedido.
Aun más contundente es el hecho de que el propio TSE en pleno estableció que el referéndum no tenía ningún efecto sobre la tramitación legislativa de la agenda de implementación. En este sentido el TSE rechazó formalmente una petición del Lic. José Miguel Corrales en la cual este solicitaba que suspendiera el trámite de las leyes de implementación en la Asamblea Legislativa mientras se realizaba el proceso de consulta popular.
La decisión unánime del TSE dice: “A pesar de la relación que puedan guardar los citados proyectos de ley con el proyecto de ley de aprobación del TLC, no estando la tramitación legislativa de esos proyectos contemplada en el referéndum … no existe pretensión de que el soberano avoque también su conocimiento vía consulta popular y, por ende, su convocatoria no tiene efecto alguno respecto de esa tramitación. Se trata de un asunto que, al encontrarse dicha “agenda” fuera del referéndum pretendido, escapa, por tal razón, de la competencia de este Tribunal. En consecuencia, se rechaza la petición formulada”. (Énfasis no es del original). [Voto Nº 977-E-2007, 2 mayo 2007].
Desde su fundación el PAC ha aceptado todas las decisiones de la Sala IV y del TSE aun cuando algunas no las compartamos. Con esa autoridad moral hoy no nos sentirnos presionados a disimular excesos en esa agenda de implementación a partir de fechas fatales que en todo caso no lo son. Lo que deben hacer los defensores del TLC es dialogar y escuchar nuestras objeciones y las de otros sectores, a esos excesos.
Es tan irrespetuoso de la voluntad popular expresada en el referéndum intentar impedir que haya TLC obstruyendo la aprobación de la agenda de implementación, como utilizar el resultado del referéndum con el fin de impulsar reformas y aperturas que van más allá de lo que se deriva de lo que se votó el 7 de octubre. Evitar excesos de este tipo, así como mitigar los efectos perjudiciales del TLC, constituyen un derecho y un deber para con el pueblo costarricense el cual cumpliremos a cabalidad.
Entonces nuestro objetivo no es detener el TLC poniendo obstáculos a la agenda de implementación. Hubo un referéndum y aceptamos el resultado el mismo 7 de octubre. Pero el gobierno [en carta del 21 de mayo 2007 el Ministro de la Presidencia expresa que los proyectos de ley de la Agenda de implementación deben avanzar en el trámite legislativo “…porque que son muy importantes por si mismos, independientemente del resultado del referéndum…”.] y, más importante, el TSE decidieron que se trataba de legislación independiente a la sometida a consulta en el referéndum. Puestas las cosas así, nuestro objetivo ha sido y será impedir y denunciar, cada vez que una pequeña cúpula intente recurrir al resultado del referéndum para por medio de esa agenda introducir reformas no aprobadas por los que dijeron SI y menos por los que dijeron NO el 7 de octubre. Votaremos en contra de esos proyectos y procuraremos convencer con argumentos a diputados y diputadas de otras fracciones para que también los voten negativamente, tal y como lo hacemos de cara a cualquier proyecto de ley que atente contra nuestra visón del desarrollo y contra nuestras propuestas de campaña.
Por lo demás, aun cuando se quisiera utilizar la agenda de implementación para detener el TLC, ello es imposible: este cuenta con el apoyo de dos tercios de los diputados, con el 48 bis, con la presidencia de la Asamblea Legislativa y de las Comisiones que están discutiendo los proyectos, con buenas posibilidades de que la Sala IV rechace eventuales cuestionamientos de tipo constitucional y quizá con tiempo. [Todos los otros países miembros del TLC tienen un gran interés en que Costa Rica sea parte, por lo que es muy factible que atenderán positivamente una solicitud para la corta prórroga que pueda requerirse].
Reiteramos: excepto por un proyecto vamos a votar en contra de la agenda de implementación. En relación con los demás proyectos nuestra gestión estará guiada por el objetivo de evitar que hagan más daño al país del que se deriva de lo ya exigido por el TLC. Mientras tanto, los que crean que el pueblo decidió el 7 de octubre sobre el contenido que a la cúpula del SI se le ocurra introducir a esos proyectos, ¡reclámenle al TSE, no al PAC!
Mitigación, desarrollo y concertación
El TLC y su agenda de implementación afectarán negativamente la competitividad internacional de nuestra economía y limitarán las posibilidades de movilidad social para amplios sectores de la población. Adicionalmente, impactará el desarrollo inclusivo de nuestro país, debido a los privilegios otorgados a las compañías multinacionales, a sus socios locales y a los importadores.
Nuestra visión de desarrollo y competitividad difiere profundamente del pensamiento de quienes, siguiendo una orientación neoliberal, creen que creceremos y alcanzaremos el desarrollo integral sostenible y la verdadera competitividad a través de instrumentos legales como los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) y los Tratados de Libre Comercio. El costo de esta estrategia ha sido la incapacidad estructural para reducir sostenidamente la pobreza, la concentración adicional del ingreso, el deterioro del ambiente, los subsidios y exoneraciones a grandes empresas sobre todo las multinacionales, y el deterioro de la infraestructura pública.
Hoy los defensores de ese modelo aducen que el alto nivel de reservas, las bajas tasas de interés y la estabilidad del colón, obedecen a sus políticas. Aparte de la enorme liquidez mundial originada en el superávit comercial de China, la cual ha incrementado la llegada de capitales a la mayoría de los países de América Latina, lo cierto es que a Costa Rica llegan dólares porque se ha subsidiado y se ha exonerado del pago de impuestos a prácticamente toda la inversión extranjera; porque se están vendiendo las tierras más valiosas del nuestro territorio a extranjeros y por las remesas que envían miles de costarricenses que forzados por la pobreza generada por el modelo salen del país y a separan de sus familias. Ninguno de estos factores refleja la promesa de mayor competitividad de la economía anunciada por quienes han promovido el modelo. Por el contrario, constituyen evidencia del fracaso en la batalla por la competitividad real de la economía y nos deben alertar sobre las consecuencias estructurales futuras de la actual estabilidad macroeconómica.
La preocupación es mayor si con el afán de atraer inversiones e incrementar las exportaciones, se ha sido permisivo en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental y el respeto de los derechos de los trabajadores. La estrategia de competitividad basada en la canalización de subsidios y exoneraciones selectivas a un pequeño grupo de empresas, no solo ha concentrado los beneficios del desarrollo sino que ha restado recursos para mejorar la infraestructura y los servicios de educación, salud y la seguridad ciudadana.
En el PAC, creemos que la verdadera competitividad se logrará, en primer lugar, a través del mejoramiento de la productividad del capital físico y del capital humano. Ello depende de que el Estado haga su tarea en cuanto a la innovación tecnológica y en cuanto a la calidad de la educación pública. Por otra parte, es necesario mejorar la eficiencia de la administración pública por medio de la descentralización, la despolitización y la eliminación de la corrupción. Nuestra meta debe ser competir internacionalmente al tiempo que somos rigurosos en la protección del ambiente, en el cobro de impuestos progresivos y en el respeto a los derechos laborales. Esto se logra si actuamos sobre esos factores sustantivos de la productividad de nuestra economía
La competitividad y el desarrollo demandan también de estándares muy superiores a los actuales en relación con la ética y la transparencia en la administración de los recursos públicos y en la política. Relegar la capacitación y la trayectoria profesional de un docente frente al clientelismo político o disimular la corrupción en el sistema de concesión de obra pública y contratación con el Estado, no contribuye al crecimiento económico ni al desarrollo social. Un programa ético quizá comienza por eliminar el despilfarro en los procesos electorales y limitar la injerencia de los financistas de campaña en la toma de decisiones futuras.
Requerimos de un sistema tributario progresivo generalizado, que asegure recursos suficientes para que el Estado cumpla con sus obligaciones con la ciudadanía en el marco de estabilidad macroeconómica y una mejor redistribución de la riqueza. Para ello es necesaria una reforma fiscal que también contemple un mejoramiento en la recaudación fiscal y en la calidad del gasto. Ante los excesivos privilegios que el TLC concede a las corporaciones multinacionales, se necesitará un Estado mucho más fuerte para poder mitigar los impactos y para enfrentar posibles demandas ante esfuerzos locales para proteger sectores o actividades de especial interés para Costa Rica.
El resultado del referendo evidenció la necesidad de crear espacios de diálogo para encontrar puntos de consenso sobre los cuales construir una agenda nacional de desarrollo. Así lo hice ver al Presidente de la República desde el pasado 10 de octubre, a través de una carta que propone la implementación de una Agenda de Mitigación que reduzca, al menos, algunas de las consecuencias más negativas del TLC. Propusimos acciones en el campo de la educación pública; en el de la ciencia, la tecnología y la innovación; en relación con el sector agrícola y las PYMES, para proteger el ambiente, entre otras. Estas acciones no compensarán los efectos negativos del TLC, pero son necesarias para mitigar su impacto. [Lamentablemente la respuesta del gobierno fue omisa en relación con algunas de las propuestas y ante otras, aseguró que se estaban ejecutando o que no se podían ejecutar].
Nuestra Agenda de Mitigación no es parte de una negociación con el Gobierno de la República, como algunos sectores quieren verlo y hacerlo ver. Independientemente de la apertura o disposición que tenga el Poder Ejecutivo con nuestras propuestas, la fracción del PAC votará en contra de la agenda de implementación con la excepción de un proyecto con el cual estamos de acuerdo.
Un programa de desarrollo debe contemplar las medidas específicas y los medios para ejecutarlo. Además de las propuestas PAC, de las cuales aquí se han mencionado algunas, otros sectores han presentado su visión. Por ejemplo, la Cámara de Exportadores no solo ha elaborado propuestas propias, sino también en concertación con sindicatos y otras organizaciones sociales por medio de los acuerdos denominados Tercera República. Varias organizaciones sociales acordaron otra propuesta denominada Crisol. También la Unión de Cámaras divulgó un documento denominado Diez Mandatos Impostergables con Visión de Largo Plazo para el Futuro desarrollo del País.
Todo ello debería ser la materia prima para intentar elaborar una propuesta de consenso sobre el desarrollo nacional que permita una administración del TLC que evite sus peores consecuencias.
Pero sobre todo, esa agenda debe ser capaz de sustituir paulatinamente el atractivo para los inversionistas y los importadores originado en los privilegios que les otorga el TLC, por atractivos originados en factores compatibles con nuestra visión del Bien Común y del crecimiento económico. No referimos, por ejemplo, a una elevada productividad de la mano de obra, a la eficiencia y la transparencia de las instituciones del Estado, a la seguridad ciudadana, a la paz social y al prestigio-país, que generarán los elevados estándares éticos, ambientales, laborales y sociales, por los que debemos trabajar con ilusión y responsabilidad.
En la concertación de esta agenda por la competitividad y el Bien Común sería fundamental contar con las energías de los Comités Patrióticos en conjunto con otras organizaciones y personas, incluyendo muchas que coyunturalmente estuvieron a favor del TLC.
La historia está por escribirse
Existen personas dentro del NO que creen o se comportan como si esta hubiera sido la primera batalla conceptual que se da por Costa Rica. Sienten que con TLC ya todo está perdido y que por lo tanto fue la última. De esa actitud puede surgir resignación, desesperanza o desesperación. Cualquiera de esas tendencias le haría un gran favor a las cúpulas que desean seguir neoliberalizando a Costa Rica.
La resignación conduce a la retirada y al abandono de un importante espacio de lo público. La desesperanza conduce al pesimismo sobre las posibilidades de incidir y, por lo tanto, a entrar débiles a cualquier contienda similar futura. Finalmente, las personas dominadas por energías destructivas o por la desesperación consideran que se deben agotar todos los recursos y empujar al país al caos y a la inestabilidad porque de todas maneras ″ya no hay nada que perder″. Esta actitud le permitiría a la cúpula neoliberal, contar con la evidencia que afanosamente han buscado y que es mencionada en el memorando Casas-Sánchez, destinada a mostrar que la oposición al TLC y a su modelo está en manos de la violencia, el radicalismo y el caos.
Si el movimiento del NO se dejara llevar por esa ruta, no sólo se dividiría irreversiblemente (por ejemplo, el PAC jamás sería parte de esas acciones y las condenaría), sino que quedaría reducido a una mínima expresión.
En todo caso la historia final no está escrita y menos su resultado. Por ello debemos derrotar la resignación, la desesperanza y la desesperación. Es un error que una persona crea que esta es la primera batalla que se da en Cosa Rica o que esta es la primera derrota. La verdad es que para muchos, la lucha contra el neoliberalismo, los sesgos ilimitados de algunos medios de información, la violación de las normas electorales, la corrupción, la mentira como argumento de campaña, la falta de controles en el financiamiento del proselitismo, la inequidad en la aplicación de las normas, las desigualdades en el financiamiento, la utilización del miedo como herramienta, son todas prácticas que hemos enfrentado y denunciado desde hace muchos años.
Por ejemplo, en cuanto al miedo como estrategia, éste se utilizó cada vez que querían aprobar un Programa de Ajuste Estructural (PAE). En ese caso se nos decía que si no se aprobaba el Banco Mundial no nos daría tantos millones de dólares y tendríamos desempleo, inflación y caos económico. En cuanto a la inequidad, en la aplicación de las normas, esta se ha dado en materia de fecha de inicio de la campaña electoral, en controles a contribuciones del extranjero, entre otras. En cuanto a sesgos de la prensa, todos observamos la benevolencia con que se trató al Presidente Oscar Arias en todas las entrevistas televisivas, radiofónicas o escritas en la última campaña presidencial en comparación con la forma agresiva y truculenta en que nos trataron a nosotros en muchas ocasiones. [La única vez que se ha hecho una entrevista real a Oscar Arias en los últimos años, fue la que le hizo la Licenciada Pilar Cisneros, Co-Directora de Telenoticias de Canal 7, unos días antes del referéndum].
Por otra parte, es también un serio error creer que o comportarse como si, todo está perdido y ya no hay nada que hacer. Existen batallas futuras y agendas fascinantes a proponer y agendas detestables a detener. En lugar de permitir que nos gane la resignación la desesperanza o la desesperación, debemos ser conscientes de que de la incorporación en los asuntos públicos del ciudadano desinteresado en obtener réditos personales depende la calidad de país que tendremos. De eso no debemos tener duda. Esto incluye también a los votantes del SI que procedieron a conciencia y no por que se les amenazara, se les asustara o se les diera dinero. Es fundamental que las personas, que votaron por el SI también sean protagonistas en relación con los asuntos públicos.
Así que todos los ciudadanos y ciudadanas que participaron en el Movimiento del NO inspirados sólo en el ideal de cuidar a Costa Rica y que hoy están sumidas en ánimos negativos, son fundamentales en la construcción de nuestra historia futura.
Podemos renunciar a todo, erradamente convencidos que la del TLC fue la primera y la última batalla, o podemos prepararnos con optimismo para tomar la iniciativa y definir el derrotero ético de la política, el papel del Bien Común en el desarrollo, el nivel de descentralización y participación ciudadana, el papel del ambiente en nuestra estrategia de inserción a la economía internacional, el nivel de eficiencia de las instituciones públicas, el papel de las Pequeñas y Medianas Empresas nacionales en la producción.
En fin, unos alegres otros tristes dirán que ya el TLC estableció el rumbo para todo en el país. Esto es lo que quieren algunas cúpulas, algunos políticos, que han olvidado el valor de Costa Rica. Pero ello no es correcto. La esencia de Costa Rica no será avasallada por el TLC. No todo está perdido. Tenemos que trabajar para mitigar las consecuencias negativas, para evitar políticas futuras que profundicen en ellas y para encontrar formas de evitar que todas sus nefastas consecuencias se manifiesten.
Más importante aún, en muy pocos años nadie podrá creer que hubo un momento en que América Latina (con algunas excepciones como Brasil) estaba dividida entre los que admiraban el populismo petrolero de la izquierda y los que encontraban la solución en los TLC universales de la Administración Bush. Cuando el petróleo baje de precio y cuando los resultados negativos del TLC se muestren en otros países como ya se han mostrado en México, muy pocos serán capaces de defender esos extremismos. Estos TLCs serán modificados y la racionalidad y los balances recobrarán el lugar que les corresponde.
El PAC es de los pocos partidos políticos en América Latina que se ha enfrentado desde el inicio a este tipo de TLC, al mismo tiempo que ha rechazado el populismo petrolero. Por ello cuando llegue ese momento nuestra gesta será reivindicada. Mientras tanto, debemos hacer todo lo posible para que no se introduzcan medidas neoliberales ni un milímetro más allá de lo que contempla el TLC y para abrir espacio a nuestra visión del desarrollo y de la política. También debemos trabajar para no peder la posibilidad de que Costa Rica pueda modernizarse destruyendo vicios pero no nuestras virtudes históricas, sino más bien construyendo sobre ellas. A ello debemos abocarnos quienes, ya desde el SI ya desde el NO en las controversias de hoy, amamos y amaremos siempre a Costa Rica.
La ruta: más democracia
No debe haber espacio para el desencanto o la desesperación. Por el contrario, hoy más que nunca la gente que desea cuidar a Costa Rica y sigue sin estar convencida de que la mejor manera de insertarnos a la economía global debe ser idéntica a la de Guatemala, Chile o Marruecos, debe ser conciente del importante papel que le corresponde jugar en la historia Patria. La gente que ha tenido el coraje de no sucumbir ante los intentos de intimidación mediática y monetaria; la gente que habiendo votado por el SI no quiere darle un cheque en blanco al neoliberalismo tropicalizado; la gente que a un enorme costo personal se involucró en el movimiento del NO, debe percatarse de que sus responsabilidades no han terminado.
Esas mujeres, esos jóvenes estudiantes, esas personas con discapacidad, esos empresarios, esos indígenas, esos agricultores, esos ambientalistas, esos líderes religiosos, no tienen derecho a carecer de esperanza porque ellos son la esperanza.
Diferimos de los afortunadamente pocos del NO que quieren convencernos de que la institucionalidad no es la solución porque más bien es el problema. A los que se han burlado y a los que quieren burlarse de la democracia y la institucionalidad, estén donde estén, debemos responderles con más democracia y más institucionalidad.
Reiteramos, un mal no se corrige con otro mal; la historia lo ha demostrado.
¿Queremos quedarnos en la dimensión de las cúpulas del SI y de quienes violan diariamente la institucionalidad en línea con la doctrina plasmada en el memorando Casas-Sánchez? ¿No es eso reproducir su “esquema de juego” y apostar a las irregularidades y el irrespeto democrático para materializar nuestro sueño de país? Después de esta lucha histórica, ¿es sensato asumir que la capacidad de este pueblo se limita a copiar los métodos de quienes utilizan herramientas desleales sin ningún pudor? Intentar transitar por sus rutas antidemocráticas ¿no se constituiría en la verdadera derrota ante la cual palidecería lo ocurrido con el referéndum?
¿Es el “ojo por ojo” la ruta que debemos seguir para materializar nuestros sueños? ¿Debemos entrar en una competencia para demostrar cuál es más hábil en la maña y en la burla a la institucionalidad? ¿Es aceptable que algún buen patriota de repente quiera seguir la escuela del memorando Casas-Sánchez auspiciado por el Gobierno? ¿Estamos dispuestos a perder nuestra autoridad moral compitiendo con la inmoralidad antidemocrática de una parte de la cúpula del SI?
Nuestra respuesta a estas preguntas es que sería un error ético y político enfrentar los valores antidemocráticos de unos pocos con menos democracia. La respuesta es más democracia. Esa es la propuesta del Partido Acción Ciudadana. Esta nueva conciencia cívica, esta fuerza social y movilizadora, debe servir para construir democracia y no para destruirla. Esta es la única forma de derrotar al neoliberalismo y a la corrupción.
Entonces, el verdadero papel histórico de esta conciencia nacional se materializará si lejos de sentirnos derrotados, logramos involucrarnos aún más en la vida nacional; leyendo, analizando, opinando, escuchando. Debemos situarnos en una dimensión superior a la de quienes no han tenido respeto por nuestra historia y por nuestra democracia. Desde esa dimensión, debemos mirar las alternativas, los dilemas, las posibilidades que mejor se ajusten al desarrollo nacional. Desde esa dimensión debemos abrazar a todos, a los que hoy del SI y a los que hoy del NO son siempre de Costa Rica, para con amor y respeto reunificar al país.
La grandeza de este movimiento, su valor histórico, no está, con todo el heroísmo que ahí se manifestó, en haber alcanzado el cuarenta y ocho por ciento en un referéndum inequitativo, sino en su capacidad para rescatar a Costa Rica con democracia, inclusividad y ética. Por ello, parafraseando a Churchill, el referéndum no puede ser jamás el final del camino, no es ni siquiera el principio del final, es solo el final del principio.
¿Y cuál es el camino?: más ciudadanía, más conciencia, más responsabilidad, más participación, en fin, más democracia.
Columnista huésped | 25 de Noviembre 2007
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