Por Ottón Solís
¿Procede callar?
Un sector minoritario de costarricenses preferiría que no se señalaran las anomalías mencionadas y otras que caracterizaron el proceso previo al 7 de octubre. Reiteradamente ese sector sugiere que el señalamiento de esas fallas implica irrespetar la institucionalidad y produce inestabilidad.
Esos costarricenses cometen un serio error. Una democracia en la cual no se puedan señalar anomalías de los gobiernos y de las autoridades que administran los procesos electorales, habría perdido su libertad. Creer que los seres humanos que lideran las instituciones básicas de la democracia son infalibles es una fantasía. Creer que el silencio y la mordaza de los que opinan diferente es una ruta posible, es totalmente errado. Una sociedad en la que el descontento no tenga voz transita por una ruta peligrosa y directa a la inestabilidad.
Si queremos mejorar es obligación que hagamos explícitas las anomalías. Por años en Costa Rica se negó, tildándose de radicalismo moral, la denuncia contra la corrupción que se había entronizado en la política. Muchos confundieron su defensa de una ideología particular con el disimulo de la corrupción, hasta que ya no fue posible negarla más. Hoy es urgente que el país se aboque a revisar el comportamiento de las instituciones sobre las que jurídicamente se sostiene la democracia, antes de que se llegue al punto en que un sector mayoritario no respete las decisiones de esas instituciones.
El resultado del referéndum ha sido aceptado prácticamente por todos los costarricenses. Si se señalan anomalías es para que mejoremos y no para condicionar en nombre de ellas la entrada en vigencia del TLC o el comportamiento legislativo de los partidos opuestos al TLC. Si se acepta el resultado se acepta con todas sus consecuencias. Cualquier otra actitud, motivada por las anomalías del proceso, estaría partiendo de la errada teoría de que dos errores hacen un acierto.
Así que quienes han defendido y/o votaron por el TLC y aprecian la democracia no deben temer y más bien deben ser capaces de separar su interés en el mismo, de la urgente tarea con que se debe abordar la agenda relacionada con el mejoramiento de las instituciones de la democracia.
Por otra parte, los que hemos estado en contra del TLC, lejos de imitar el irrespeto a la institucionalidad mostrado por algunos líderes que han promovido el tratado, debemos situarnos en una dimensión superior, siendo fieles a esa institucionalidad. Empatar en cuanto a abusos y transgresiones, sólo nos puede conducir a perder la autoridad moral para participar proactivamente en la renovación ética e institucional que urge en Costa Rica. Nuestra respuesta a la injusticia y a la inequidad no debe ser jamás la acción violenta o desinstitucionalizada. Por el contrario, debemos actuar con justicia y legalidad, demostrar con propuestas nuestro patriotismo y reaccionar a las necesidades del desarrollo nacional y no a las actitudes deplorables de un pequeño sector del SI.
La historia no nos perdonaría si no somos capaces de utilizar tantos argumentos sólidos, tanta evidencia, tanta buena fe y tanta mística, para convertir el 7 de octubre en el inicio de una victoria sobre los problemas nacionales, incluyendo el de la polarización ideológica y el maniqueísmo a donde unos pocos han querido llevar a Costa Rica.
Algunos sólo son capaces de escribir y participar a partir de sus propias simplificaciones sobre las motivaciones y las ideas de las personas. Son los que, de manera mecánica, consideran a alguien que opina diferente como un enemigo, como una persona mala, vendida extremista, radical, comunista o traidora. Ese tipo de personas estuvieron tanto en el SI como en el NO, son pocos pero son visibles, ya sea porque son políticos, líderes sociales o porque tienen acceso garantizado a los medios de comunicación comercial a las redes de Internet.
Ante estas pocas voces y su eficiencia, no en construir puentes o unidad, sino en destruir y polarizar, tenemos que levantar nuestra voz y expresar nuestras dudas, propuestas, diferencias y acuerdos. Pregonamos la cordura, la moderación y la tolerancia; nuestro silencio sería el triunfo del extremismo y la polarización.
Tenemos que ser tan claros en expresar nuestros cuestionamientos al proceso previo al referéndum, como en ratificar nuestra aceptación del resultado del 7 de octubre.
Tenemos que ser tan claros en afirmar que la agenda de implementación no debe aprovecharse, por parte de algunos interesados, para impulsar reformas y aperturas más allá de lo exigido por el TLC, como en establecer que la agenda de implementación no debe utilizarse para impedir que el TLC entre en vigencia.
Tenemos que ser tan claros en expresar nuestras quejas por el irrespeto a la legalidad y a la institucionalidad por parte del liderazgo del SI, como en actuar de manera totalmente respetuosa de esa institucionalidad.
Debemos de ser tan contundentes en rechazar la afirmación de que todos los que se han opuesto al TLC son “chavistas” o “castristas” e irrespetuosos de la democracia, como en rechazar cualquier intento por acusar de ladrón a todo político o empresario que está con el TLC.
Tenemos que estar tan convencidos de que el memorando del odio y la cizaña no debe tener cabida en la vida democrática de este país, como dispuestos a impedir que el odio y la cizaña envuelvan a los ciudadanos, ya fuera que votaron SI o NO.
Tenemos que estar tan convencidos de que el referéndum no decidió que el modelo de desarrollo debe ser el neoliberal-Consenso de Washington-pro multinacionales, como aceptar que el referéndum convirtió en Ley de la República el TLC.
Finalmente, tenemos que estar tan dispuestos a rechazar futuras profundizaciones del modelo neoliberal tropicalizado que algunos impulsan en nuestro país, como dispuestos a proponer programas de desarrollo integral que contemplen tanto el desarrollo social como también la competitividad de la economía.
La participación ciudadana fortaleció la democracia
Contraria a la tendencia generalizada de centrarse en los derechos ciudadanos como objetivo de las tareas por mejorar la democracia, el PAC nació en parte más bien para fomentar la conciencia sobre las responsabilidades, las obligaciones y los deberes ciudadanos. El nombre de nuestro partido se origina en esa convicción de que la democracia es sobre todo un sistema de responsabilidades y obligaciones ciudadanas. La acción ciudadana es un deber y un requisito para que haya democracia. En este sentido y, en gran medida, el PAC es un llamado a la gente para que cumpla con sus obligaciones ciudadanas.
Cuando la humanidad evolucionó de la monarquía y la dictadura a la democracia, avanzó de sistemas en los cuales el ciudadano tenía que luchar por sus derechos políticos a uno superior en el que debe cumplir con sus obligaciones. Esto porque en la democracia el ciudadano es el propietario del poder y como tal, lejos de luchar por sus derechos políticos lo que tiene son obligaciones con la prosperidad de su país por medio del buen gobierno. [Ocurre igual en cuanto a la relación con el trabajo de un empleado y un propietario. Es correcto que, por ejemplo, un peón de finca luche por sus derechos laborales, pero sería absurdo que lo siguiera haciendo si la finca es repartida entre los trabajadores y por lo tanto pasa a ser propietario. En este caso lo que tiene son obligaciones activas con la prosperidad de la finca].
Nuestro programa de mejoramiento democrático consiste fundamentalmente en promover el cumplimiento de las responsabilidades por parte de la ciudadanía. Impulsamos la descentralización de las decisiones, el fortalecimiento municipal, el diálogo con la sociedad civil, la formación de consejos consultivos con representación de diversos sectores, la participación ciudadana en el financiamiento del Partido, la autonomía de las asamblea provinciales, cantonales y distritales en la estructuración de papeletas municipales, en la selección de candidaturas a las alcaldías y delegados a las asambleas de rango superior dentro de la estructura del Partido, como forma de crear todos los espacios posibles para que la ciudadanía actúe y asuma sus responsabilidades.
De igual manera, en el PAC hemos hecho un llamado a la mística y al voluntariado en el trabajo político convencidos de que es obligación del ciudadano ser protagonista de primer orden. Hemos evitado la contratación de dirigentes locales pagados, el transporte de votantes al recinto electoral y otras concesiones y regalías que normalmente se hacen a los electores para persuadirlos a votar en una dirección determinada, como parte de nuestras convicciones de que la participación del ciudadano debe verse como su primera obligación en la democracia y no como un favor que le hace al partido o a sus candidatos. En este sentido, es que constantemente afirmamos en el PAC que debemos eliminar los agradecimientos de los políticos a los ciudadanos por su trabajo, pues si estos están convencidos de que un partido o un candidato son lo mejor para el país, tienen la obligación ineludible de trabajar para que sean electos.
Con meridiana claridad hemos dicho que el ciudadano que, por ejemplo, pudiendo ir a votar espera que lo transporten está asumiendo que otros tienen la responsabilidad de costear su transporte y por lo tanto que está disminuyéndose a ser un ciudadano de tercera o cuarta categoría.
La política tradicional ha fomentado el paternalismo y el desmerecimiento de los ciudadanos, en una interesada prédica sobre sus derechos, dirigida a utilizar en el proceso electoral a ese ciudadano para después abandonarlo e irrespetarlo. Una vez en el poder los políticos tradicionales se sienten dotados de un cheque en blanco para hacer lo que quiere y más comúnmente lo que quieren aquellos que les han ayudado económicamente a ascender al poder. El ciudadano al que se le regaló el transporte al centro de votación (o la bandera, la gorra o la calcomanía, etc.) es olvidado y se gobierna para el que puso el dinero para financiar esos regalos. Por ello hemos afirmado que esa “generosidad” de campaña le sale caro el ciudadano que la recibe y que, paradójicamente, muchas veces la exige.
En este contexto, el proceso del referéndum representa un paso fundamental a favor de la democracia, lo cual compensa en parte los efectos negativos derivados de la deficiente administración del proceso. Que a pesar del conjunto de inequidades que caracterizaron al proceso, la diferencia sea de sólo de 3 puntos porcentuales, refleja el nivel y la calidad de la movilización ciudadana que se dio en torno al NO al TLC. En este caso muchos ciudadanos y ciudadanas normalmente ausentes de la política se involucraron y asumieron sus responsabilidades patrias con una gran mística y a un gran costo material para cada uno de ellos. Se conformaron docenas de Comités Patrióticos, por encima y al margen de niveles de ingreso, colores políticos, credos, nivel educativo, edad u orientación sexual. No dudo que muestras similares de mística se dieron desde los ciudadanos que apoyaron el SI.
Como nunca antes la población de este país hizo un esfuerzo por informarse. En el marco de un responsable espíritu cívico y un enorme orgullo patrio, unos costarricenses se abocaron a convencer a otros. Ninguna de esas personas trabajó por un interés personal. Organizaron miles de reuniones a lo largo y ancho del país para discutir el TLC. No fueron amenazados con su empleo para que cabildearan contra el TLC ni amenazaron a nadie para pedirle el voto, no recibieron un centavo para trabajar ni compraron un voto. Sin ningún reparo pusieron su tiempo, su propio vehículo, su teléfono y su dinero o lo que cada uno pudiese aportar, para reproducir documentos, organizar piquetes, convocar a reuniones, cantar, hacer camisetas, dar charlas o surtir de alimentos a los que sirvieron de fiscales.
La oposición al TLC expresó sus sentimientos con alegría, canciones y patria, en dos grandes marchas. Ni algunos medios de comunicación pro TLC ni el gobierno, que no dudaron en hacer, de mala fe, advertencias sobre posible violencia, pudieron alejar a la ciudadanía de las mismas. La gente se movilizó sola y no en buses pagados por el gobierno o por empresas multinacionales. Ahí quedan esas marchas, quizá las dos más grandes de la historia patria, como testimonio histórico del interés de la gente en un asunto normalmente reservado a las llamadas cúpulas.
Nadie es dueño de este proceso. Ningún líder ni ningún partido puede adjudicarse méritos por esta hazaña. La gente se involucró no porque siguiera a alguien fuera este nacional o extranjero, sino por el amor a Costa Rica. En esta pluralista y representativa muestra social, no asomaba la ideología comunista, no prevalecía ningún antinorteamericanismo, y prácticamente a nadie le importaban en lo más mínimo Chávez, Ortega o Fidel Castro. Contrario a las infundadas y reiteradas acusaciones de cuatro años sobre las motivaciones de la oposición a este TLC dirigidas a desacreditarla y a causar miedo, los y las costarricenses involucrados en esta gesta estuvieron motivados por un profundo orgullo por lo que es Costa Rica y un enorme sentimiento de responsabilidad ciudadana.
Los Comités Patrióticos organizaron cientos de reuniones a lo largo y ancho del país para discutir el TLC. Sus miembros visitaron comunidades y ofrecieron charlas en centros de estudio y de trabajo. Esas fueron sus herramientas para contrarrestar el poder económico y una campaña mediática burda, agresiva y polarizante, orquestada desde las esferas más altas del gobierno.
Surgió un movimiento social que merece ser reconocido como tal, de la misma manera que fue reconocido el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, el movimiento ambientalista en Europa o el movimiento agrícola en Francia.
Por ello, en carta que remitiera el 10 de octubre al Presidente de la República, he escrito que: ″…. es necesario activar el Consejo Económico y Social como una instancia de diálogo permanente que mitigue las inequidades y violaciones a la institucionalidad democrática que se dieron en el proceso del referendo. Al proyecto de ley para la creación de ese Consejo presentado en la Asamblea Legislativa hace año y medio, debe dársele una elevada prioridad. Sin embargo, nada impide que previo a la aprobación de esa ley y de manera urgente, se creen espacios de diálogo transparentes entre los diferentes sectores, incluyendo, con especial prioridad, a representantes de los Comités Patrióticos que se organizaron para luchar contra el TLC, con el fin de discutir la agenda de desarrollo y de reformas institucionales y políticas, que son demandadas por los amplios sectores de la población representados por esos comités″.
Desde el punto de vista de nuestros conceptos, el extraordinario brote de responsabilidad ciudadana de los costarricenses en el proceso del referéndum, constituye un gran avance de nuestra democracia. Como resultado, hoy hay más gente y mejor informada sobre la forma en que trabajan buena parte de los medios de información, sobre la calidad de las instituciones responsables de la institucionalidad, sobre las prácticas clientelares de la política tradicional, sobre las diversas visiones sobre el desarrollo y la inserción en la economía global y, precisamente, sobre la urgencia de que la ciudadanía se involucre y asuma su responsabilidad en los asuntos públicos.
Sin embargo, el papel definitivo de esa nueva organización ciudadana estará determinado, sobre todo, por su capacidad para identificar y alcanzar acuerdos sobre tres asuntos: el futuro del TLC, las propuestas de desarrollo y los métodos para lograr incidencia.
Es evidente que en relación con los objetos explícitos (el TLC) e implícitos (la corrupción, el centralismo) de su oposición, ese movimiento tiene claridad y unidad. Más aun, no existen diferencias insalvables en cuanto a la visión sobre el desarrollo. Lo cierto es que en este movimiento se encuentran representantes empresariales y laborales, seguidores desde el Partido Liberación Nacional al Vanguardia Popular, líderes religiosos y ateos, personas con discapacidad, mujeres, agricultores, estudiantes, indígenas, etc., pero aun así pareciera que existen numerosas coincidencias sobre asuntos sustantivos tales como: el papel del empresariado nacional, la protección del ambiente, la eficiencia del estado, la descentralización del poder, la calidad ética de la política, la modernización del sistema educativo, el papel de la ciencia y la tecnología, entre otros.
Sin embargo, en cuanto al futuro del TLC y los métodos para lograr incidencia, podría haber algunas divergencias al interior del movimiento que se opuso al TLC. Existe un sector mayoritario que es conciente de las inequidades, irregularidades y violaciones a la institucionalidad democrática, promovidas y practicadas por la cúpula del SI durante el proceso previo al 7 de octubre. Sin embargo, ese sector mayoritario, a pesar de ser consciente de esas irregularidades, reconoce que en el tanto llegamos hasta el final, no queda más que aceptar que el SI ganó en las urnas. Ese sector mantuvo la esperanza de la victoria del NO y como hubiese aceptado el resultado si hubiésemos ganado, considera que es su obligación ética aceptar el resultado que se dio.
Para este sector mayoritario del NO la meta, en relación con el TLC, debe ser evitar que la cúpula del SI se aproveche del resultado del referéndum para impulsar medidas aun más neoliberales que las que exige el propio TLC. Además, debe ser vigilante y rechazar el epíteto de obstruccionistas a los partidos con representación legislativa que desean impedir que se materialice ese antidemocrático exceso.
Solo existe un sector, quizá minoritario, que pareciera no estar dispuesto a reconocer el resultado del referéndum y quisiera que se utilizara la agenda de implementación para impedir que el TLC entre en vigencia. Puede ser que ese sector apueste a acciones de hecho, tales como acoso a los diputados del SI en sus viviendas, huelgas generales y bloqueos a las vías de comunicación, para impedir que la Asamblea Legislativa vote algunos de los proyectos de esa agenda.
En lo concerniente al PAC, con respeto, consideramos que el movimiento social está llamado a jugar un papel trascendental en el corto plazo, en la medida que unificadamente y en democracia, canalice sus energías para que la agenda de implementación no exceda los requisitos del TLC. [Esto incluye por cierto la posibilidad de una gran marcha como la del 30 de setiembre, pero ahora dirigida a denunciar que una parte de la cúpula del SI está haciendo un uso antidemocrático del resultado del referéndum, con el fin de hacer reformas para las que no ha ganado mandato. Este acto tendría como objetivo fundamental informar de este abuso del referéndum (incluso a ciudadanos y ciudadanas) que votaron por el SI pero que no están dispuestos a que el país se “neoliberalice” más allá de lo exigido por el TLC].
Pero por supuesto, lo más importante para la calidad de nuestra democracia depende de que esta nueva cultura de responsabilidad y organización ciudadana se profundice, tanto cualitativa como cuantitativamente. El país, no así algunas cúpulas de la política tradicional, sólo tiene que ganar si más y más ciudadanos de todas las tendencias mejoran la comprensión de los temas atinentes al desarrollo, de la ética de la política, de la calidad de las instituciones responsables de que funcione la democracia y del papel de los medios de comunicación.
Un pueblo consciente, que no vote por tradición, que no se deje manipular por los sesgos noticiosos y editoriales de cierto sector de la prensa, en fin que conozca que en democracia, la culpa final de los desmanes y la impunidad tiene su génesis en los propios electores irreflexivos, sería un pueblo mejor preparado para escoger el tipo de país que desea y el tipo de política que lo puede poner en práctica. Sería un pueblo que valoraría mejor las propuestas, las historias, las coherencias e incoherencias de cada partido y de cada político.
Un pueblo así comprendería mejor cuáles son los límites presupuestarios, dónde existen alternativas u opciones y dónde es poca la discrecionalidad, comprendería por qué el populismo clientelar es nefasto, por qué las buenas políticas de desarrollo se construyen con el estudio, la buena información y la consulta ciudadana y no con la demagogia, la ideología, los dogmas o las recetas importadas, comprendería por qué es necesario tener un sistema tributario progresivo en que pague más el que más tiene, por qué la urgencia de que el sector público esté al servicio de la gente y no de algunos políticos y de algunos sindicatos que abusan de su poder temporal, comprendería cuál es el importante papel de la empresa privada en el desarrollo y por qué el sindicalismo es una institución fundamental de la democracia.
Un pueblo consciente de su responsabilidad comprendería cuál es el papel de la educación pública y de la ciencia, la tecnología y la innovación; comprendería por qué la eficiencia del estado y la estabilidad macroeconómica son relevantes tanto para la competitividad de la economía como en la movilidad social. Un pueblo estudioso de los asuntos públicos, podría comprender mejor por qué afirmamos que el trabajo honrado de cada uno es determinante para su bienestar y para el desarrollo nacional y que el papel fundamental del Estado en este campo es garantizar el acceso a herramientas de movilidad social (cañas de pescar) de buena calidad a todos los habitantes.
Sería un pueblo que haría un escrutinio sesudo de las propuestas y de la ética que debe prevalecer en las campañas políticas. Ese pueblo valoraría si es correcta nuestra afirmación de que en lugar de agradecer debe sentirse ofendido cuando un político en campaña le ofrece una bandera o una gorra regalada, cuando le da un emparedado y le paga el transporte para que asista a una reunión o para que salga a votar, cuando le ofrece un bono, una beca, una parcela de tierra, un empleo en el magisterio o en tal o cual embajada y cuando va a su comunidad a prometer la escuela, el camino o el puente.
Puede ser que una mayoría de esa ciudadanía responsable llegue a concluir que, por ejemplo, la visión del PAC no es la mejor para Costa Rica. En ese caso, los que estamos comprometidos con esta causa, sabríamos que a esa conclusión llegó una ciudadanía consciente de sus responsabilidades pero que prefirió ignorar nuestras propuestas y métodos y escogió escuchar a la parte de la prensa que está sesgada o guiarse por la inercia o por lealtades mal justificadas. En ese caso, sabríamos que estamos equivocados, lo cual ya sería de enorme importancia. [En cualquier caso, siempre será preferible no acceder al poder porque un pueblo informado y consciente nos rechaza, que obtenerlo porque el pueblo espera de nosotros políticas y actitudes que más bien rechazamos].
En fin, este modelo de ciudadanía responsable creció en el proceso del referéndum y esperamos que se profundice en los años venideros. Si así fuese, el referéndum habría sido el triunfo más grande de la ciudadanía, tanto de la que en esta coyuntura ha estado con el NO como la que ha estado con el SI. En esas circunstancias y a pesar de las fallas en la administración del proceso, la democracia habría sido la gran ganadora.
(Continuará)
Columnista huésped | 24 de Noviembre 2007
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