Hoy se realiza el referendo para decidir acerca del rechazo o aprobaci�n del TLC, se puede decir que las cartas de naipe est�n tiradas, con un balance moment�neo de empate en las intenciones de voto, m�s una gran cantidad de ciudadanos indecisos, quienes muy posiblemente definir�n la elecci�n. Asimismo, he le�do los planteamientos de ambos bandos y, sobre todo en los debates televisivos y en las universidades, escuchado abundantes argumentos.
No obstante, en mi opini�n, hay un argumento de un peso tan decisivo y hasta definitorio de nuestro futuro como rep�blica, que debiera hacernos reflexionar para tomar una decisi�n patri�tica, al margen de nuestras posturas pol�ticas o ideol�gicas de hoy -incluso coyunturales, pues lo esencial es esta patria que compartimos y amamos todos-, ya que alude a algo tan serio como nuestra soberan�a. Y no hablo de soberan�a en sentido iluso o rom�ntico, sino como un concepto y una pr�ctica de vida ciudadana y de identidad nacional, as� como de las garant�as sustentadas en los entes constitucionales que nos permiten ejercerla de manera cotidiana.
Se trata de lo siguiente. Como consta en el cap�tulo 10 del TLC -ampliamente debatido-, los inversionistas extranjeros tendr�an pleno derecho a demandar al Estado costarricense, si alguna decisi�n nuestra afectara sus inversiones y ganancias. Pero, parad�jicamente, el Estado no podr�a demandarlos a ellos. Y, peor a�n, el litigio no tendr�a lugar en nuestros tribunales, sino fuera del pa�s, a trav�s de una instancia llamada el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. Este es un caso clar�simo de menoscabo de nuestra soberan�a jur�dica, como lo han sustentado varios abogados especializados en la materia.
Esto no es especulaci�n, pues ya lo han vivido varios pa�ses, como ocurri� con las demandas de las empresas estadounidenses Ethyl Corp. y S.D. Myers contra Canad�, y de Metalclad contra M�xico, as� como de la canadiense Methanex Corp. contra los EE.UU. Y, con poco tiempo de haber suscrito el TLC, ya Guatemala enfrenta una de la Railroad Development Corp., por 65 millones de d�lares.
He escuchado a los promotores del s� minimizar las cosas, al decir que no debemos preocuparnos, pues esas son normas comunes en los tratados internacionales y que con todo tratado se pierde un poco de soberan�a, que no ser�an muchas las demandas que habr�a y, adem�s, que con los beneficios econ�micos derivados del TLC se pagar�an de sobra cualesquiera multas.
Pero creo que estos argumentos m�s bien son preocupantes, pues con unos pocos casos muy cuantiosos se podr�a causar un grave da�o al erario nacional; de hecho, la empresa petrolera Harken a�n insiste en demandarnos por �57 mil millones de d�lares!, cifra impagable por nuestro pa�s, muchas veces superior al presupuesto nacional. Adem�s, los ingresos de los que hablan no nutrir�an las arcas del Estado (salvo por el muy cuestionable “efecto de rebalse”), sino m�s bien las cuentas bancarias de los sectores que ellos llaman “ganadores”, sobre todo, como ser�an los exportadores de unos pocos rubros (como pi�a, at�n y ca�a de az�car para producir etanol), m�s los socios locales de grandes compa��as farmac�uticas, agroqu�micas, de telecomunicaciones y de seguros.
Es decir, de aprobarse el TLC, nuestro pa�s quedar�a expuesto a graves demandas, todo por apostar a que sectores ya de por s� solventes lucren a�n m�s. �No le parece, compatriota, que es demasiado el riesgo al que se expone nuestra amada Costa Rica? Porque lo cierto es que esta patria pertenece a todos nosotros y no solamente a tan poderosos sectores y a quienes los representan en el gobierno.
Luko Hilje | 6 de Octubre 2007
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