Por Leonel Fonseca, ex regulador general y consultor en Regulaci�n y Tarifas de los Servicios P�blicos
Desde hace muchos a�os hemos venido criticando que una actividad tan importante como son y ser�n las telecomunicaciones no cuente con una legislaci�n completa y moderna.
Los gobiernos anteriores ni siquiera se preocuparon por asignar la rector�a de este servicio p�blico esencial para toda sociedad moderna a ning�n Ministro de Estado tal como lo obliga la Constituci�n Pol�tica y la LGPA.
La Comisi�n de Alto Nivel que en el a�o 2003 analiz� e inform� sobre la situaci�n contable, financiera, presupuestaria y tarifaria del ICE ante la confusi�n y dudas que el equipo econ�mico hab�a creado e inducido al Gobierno de la Rep�blica concluy� y recomend� sobre…
“3. Aspectos relacionados con la eficiencia institucional que… a el ICE es la instituci�n aut�noma del estado costarricense encargada de atender la demanda el�ctrica y de telecomunicaciones de la sociedad y econom�a costarricenses, pero NO es el rector de tales servicios p�blicos.
Seg�n la Constituci�n Pol�tica y la Ley General de la Administraci�n P�blica la rector�a de los servicios p�blicos corresponde al Poder Ejecutivo y sobre todo de a los Ministros de Estado.
A partir del trabajo de esta Comisi�n se puede concluir que, lamentablemente, no s�lo hay un (sic) ausencia de pol�ticas y compromiso formal del Estado Costarricense con respecto a los sectores de energ�a y telecomunicaciones, sino que la rector�a a cargo de los Ministros de Estado o es muy d�bil o pasiva como es el caso del Ministerio del Ambiente y Energ�a, sino como fue reconocido oficialmente por el Ministro de Ciencia y Tecnolog�a, no hay un documento oficial donde se le asigne tal rector�a”…(P�ginas 78 y 79)
Por ello le correspondi� al ICE, ante su exitosa labor en la actividad el�ctrica, ejercer tal funci�n rectora junto con la de planear, construir, operar y administrar las instalaciones indispensables para que nuestro pa�s fuera un l�der indiscutible en el suministro de telecomunicaciones de calidad y con tarifas muy bajas.
Pero por las severas restricciones que durante varios gobiernos las mismas autoridades econ�micas antes citadas le impusieron a la Instituci�n no pudo hacerle frente a la exigente demanda que por los acelerados avances tecnol�gicos la sociedad requer�a.
Es conocido que en el tr�mite del TLC con los Estados Unidos se incluyeron medidas relativas a la legislaci�n para las telecomunicaciones.
Lamentablemente en las diferentes versiones de proyectos de ley que hasta ahora hemos conocido, y que inclusive ha provocado que los textos presentados ante la Asamblea Legislativa fueran sustituidos por el Poder Ejecutivo o por sus proponentes, tienen serios defectos que:
(a) Colocan en desventaja al ICE en favor de los nuevos operadores al no obligarlos a ellos a prestar sus servicios al costo de suministro.
(b) Los considerables excedentes o rentabilidad que producen los servicios de telefon�a celular, “internet” y otros de valor agregado que se otorgar�n a los nuevos operadores distintos del ICE no se traducir�n en beneficios tarifarios y o de �ndole social para los usuarios y comunidades rurales de menor poder adquisitivo de Costa Rica como ha sido hasta ahora, sino que ser�n trasferidos a otros pa�ses y due�os quienes vendr�n a “descremar el mercado”.
(c) Eliminan la regulaci�n eficaz y t�cnica que ahora si deber� ejercer en toda su extensi�n, capacidad y rigurosidad el Ente Regulador, pues con la excusa o pretexto de una supuesta competencia, que de hecho no existir� como lo ha reconocido esta misma semana el Presidente Ejecutivo del ICE por la peque�ez de nuestro mercado, ni siquiera las tarifas ser�n controladas ni reguladas.
(d) Copian la creaci�n de una mal denominada “Superintendencia” para la regulaci�n de las telecomunicaciones, cuya experiencia es negativa en Centroam�rica y Latinoam�rica pues han sido organismos d�biles, poco t�cnicos y sobre todo f�cilmente objetos de captura de parte del Poder Ejecutivo o lo que es peor de las empresas reguladas.
(e) Injertan la mencionada “superintendencia” dentro de la actual Autoridad Reguladora de los Servicios P�blicos. Lo que jur�dica, institucional y t�cnicamente constituir� un engendro dif�cil de entender, operar y coordinar.
(f) Asignan funciones totalmente ajenas un Organismo Regulador, como lo son la administraci�n de los recursos del denominado Fondo para la Universalizaci�n de las Telecomunicaciones y hasta la del servicio de emergencias conocido como 911.
(g) No entran a definir ni ordenar el espectro radioel�ctrico, que de realizarse podr�a significar una enorme fuente de ingresos para el Estado ya que es un valioso recurso natural, escaso y finito. Al final del Gobierno de JM Figueres se cuantific� que preliminarmente esto podr�a generar una suma cercana a los 100.000 millones de colones.
(h) Se asigna inconvenientemente a un Comit� o Comisi�n dependiente del Poder Ejecutivo el manejo y asignaci�n del Espectro Radioel�ctrico, cuando ello si es una funci�n propia del Ente Regulador.
Por la cantidad y complejidad de los proyectos de la denominada agenda de implementaci�n del TLC, el plazo que la Asamblea Legislativa tendr� para el estudio y decisi�n de la Ley de Telecomunicaciones ser� muy limitado, pero por la seriedad e importancia de las deficiencias antes citadas en el caso hacemos un llamado para que evidente conveniencia nacional y la protecci�n y seguridad jur�dica de los consumidores y del Estado costarricense, haciendo la salvedad formal de que tales errores o anomal�as a�n persistan o que hayan sido agravados.
(Financiero.com)
Columnista huésped | 18 de Octubre 2007
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