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Para entendernos

Columnista huésped | 16 de Agosto 2007

Por Mario Quir�s Lara, diputado ML

“Toda reforma total o parcial a este Reglamento, as� como la interpretaci�n de cualquiera de sus disposiciones requiere, para ser aprobada, los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de la Asamblea…”. Lo anteriormente transcrito es lo que establece la primera parte del art�culo 207 del Reglamento Legislativo.

No hay mucho que decir, no hay mucho que interpretar, la norma es clara. Crea una potestad: la de reformar o interpretar las disposiciones del Reglamento; indica un sujeto que puede llevarla a cabo: el Plenario de la Asamblea Legislativa; y por �ltimo, establece un requisito de principio para poder ejercerla y que adquiera vigencia: que cuente con el voto favorable de por lo menos 38 diputados.

A contrario sensu, no otorga la norma transcrita facultades de interpretaci�n a los diputados por s� solos, a las fracciones, a las jefaturas de �stas, al Directorio de la Asamblea o a la Presidencia. Mucho menos contempla una posibilidad, aunque sea derivada, para que esa interpretaci�n pueda ser hecha sin el voto de la mayor�a calificada all� establecida.

En reciente resoluci�n que emite en cuanto a la aplicaci�n del procedimiento que establece el art�culo 41 bis del Reglamento Legislativo -recientemente reformado- el estimable Presidente de la Asamblea Legislativa realiza una interpretaci�n reglamentaria prescindiendo de la aprobaci�n que es requerida del Plenario para tales efectos.

En el aspecto general, cualquier proyecto que se someta al procedimiento creado por la ilegal interpretaci�n del Presidente del Congreso, quedar�a manchado de inconstitucionalidad y como tal, sujeto a todos los recursos que la ley establece para impugnar su validez o vigencia.

Si como individuo nunca he sido amigo del autoritarismo ni de la arbitrariedad, mucho menos puedo serlo como Diputado. En mi labor parlamentaria concurro con mi voto por convicci�n y nunca por imposici�n de una l�nea o directriz pol�tica. Aquellos proyectos que con base en una comuni�n de ideales, mi conciencia juzgue como convenientes para el pa�s, contar�n con mi apoyo, sin distingo de la fracci�n que los origine. No apoyar�, sin embargo, aquellos proyectos que en su tramitaci�n sustituyan la legalidad, por la arbitrariedad y el autoritarismo; igualmente, sin distingo de la fracci�n que los proponga.

Consentir en la aprobaci�n de proyectos -a�n y cuando se trate de proyectos en los que en cuanto al fondo estoy de acuerdo- con base en esta resoluci�n de la Presidencia, abiertamente violatoria del procedimiento legislativo y de los derechos de los Diputados, es consentir en hacer nugatorias disposiciones constitucionales y abrir la puerta para que, quien circunstancialmente ocupe la posici�n de Presidente de la Asamblea Legislativa, dicte los par�metros de aplicaci�n de dichas normas a su antojo.

No hay ning�n proyecto de ley que sea m�s importante que nuestro sistema democr�tico como un todo y no deben abrirse puertas para que, bajo un disfraz de legalidad, se atente contra el sistema que como pa�s hemos escogido.

En el caso concreto del TLC y los proyectos que conforman su agenda de implementaci�n, el tema tiene profundo impacto. Soy de los que con m�s vehemencia he sostenido y defendido su importancia como herramienta de desarrollo futuro para Costa Rica. Es por esa importancia y por las diversas posiciones que en cuanto al tema ha tomado la sociedad costarricense, que su aprobaci�n necesita nacer de un procedimiento de claridad y transparencia constitucional y legal, con plenas garant�as previas de respeto a los principios de publicidad, igualdad y debate.

Al igual que ocurre con cualquier otro proyecto, el someter los proyectos de la agenda de implementaci�n al procedimiento que pretende el Presidente de la Asamblea Legislativa, �nicamente les siembra semillas de ilegalidad, que germinar�n en la interposici�n de acciones y recursos en los que se aleguen esas inconstitucionalidades, con el correspondiente retraso de su aprobaci�n.

En adelante pretendo seguir luchando por el respeto a la legalidad en la tramitaci�n de cualquier proyecto. En cuanto al TLC y su agenda complementaria seguir� tambi�n trabajando por su aprobaci�n, dentro de un marco de respeto que le garantice al pueblo de Costa Rica, que contar� con esa importante herramienta, sin tener que pagar el precio de violar su sistema democr�tico.

(La Prensa Libre)

Columnista huésped | 16 de Agosto 2007

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