Por Jorge Arturo Chaves
Hay algo que est� en juego en el pr�ximo referendo y que no se ha discutido lo suficiente.
Muchos de quienes est�n por el “s�” piensan que lo que se juega en esta consulta y en el TLC es principalmente la apertura comercial del pa�s, el posicionamiento internacional, la posibilidad de perder ventajas ante nuestro principal socio comercial, la permanencia de empresas extranjeras en nuestro territorio y la creaci�n de tan necesitados nuevos empleos. Para quienes est�n por el “no”, en cambio, –adem�s de refutar los anteriores argumentos–, lo que ven peligrar es m�s bien, entre otras cosas, el futuro del modelo solidario y universal de las telecomunicaciones, la manera de resolver controversias conforme a los intereses y leyes nacionales, –con la consiguiente mengua de soberan�a–, el futuro de los peque�os agricultores y de la vida y la salud humana, con las nuevas reglas de propiedad intelectual y con la posibilidad de privatizaci�n de nacientes de agua.
En un solo p�rrafo, por supuesto, no se pueden resumir, tan solo evocar, todos los argumentos utilizados por ambas partes. Pero s� puede detectarse una ausencia, en la primera l�nea de la discusi�n: �no est� en juego tambi�n, y de modo m�s importante, la unidad del pa�s, la coexistencia de diversos grupos de poblaci�n y, en definitiva, la paz y la democracia? Hay fuertes razones para pensar que s�. Una, los efectos distributivos del propio Tratado. Otra, la forma como ha ido desarroll�ndose la polarizaci�n de posiciones en el pa�s.
Disentir, tener diversos enfoques y dirimir contiendas por votaci�n de mayor�a es normal en una sociedad plural y democr�tica. La diferencia en esta ocasi�n es que la diversidad de posiciones no va asociada a meras diferencias ideol�gicas, sino a efectos desiguales del TLC sobre la vida y bienestar de los diversos grupos de costarricenses. Desde el principio de la negociaci�n, aun sus m�s ac�rrimos defensores aceptaron que en este negocio habr�a ganadores y perdedores. A la luz de las tendencias econ�micas y sociales recientes, cuando se ve la pobreza estancada y la brecha creciendo entre los que tienen m�s y los que poco o nada tienen, se comprende, mejor incluso que hace pocos a�os, la magnitud de esas ganancias para algunos, y el impacto negativo para otros.
Cuando lo que est� en juego, entonces, es la calidad de vida, el bienestar y la integraci�n social de grupos numerosos de costarricenses, es insuficiente contentarse con una resoluci�n por la v�a de los votos, sea en la urnas de consulta, sea en la Asamblea Legislativa. Ninguna mayor�a puede �ticamente, con base en su fuerza, decidir el futuro de quienes sufren una posici�n de dolorosa desventaja ante la actual din�mica econ�mica. Ning�n grupo privilegiado puede afincarse c�modamente en una irreal expectativa de derrame de su bienestar sobre quienes apenas tocan el fondo del vaso lleno. Esto no es un llamado a desconocer o a prescindir de nuestros procedimientos democr�ticos de decisi�n. Es, m�s bien, un fuerte reclamo para utilizar esos mismos mecanismos de manera que no solo se sobrecompense a quienes no se benefician del negocio, sino a que se rectifiquen con urgencia estas din�micas generadoras de inequidad por la v�a de pol�ticas p�blicas.
El otro factor hace pensar en que la unidad nacional est� en juego y puede quebrarse es la misma polarizaci�n que se ha ido consolidando en torno al TLC. Si durante la preparaci�n del referendo se bloquean todas las v�as de di�logo con los adversarios y, sobre todo, no se prev�n ni se van construyendo formas de dialogar “el d�a despu�s” de la consulta popular, se avecinan tiempos muy dif�ciles para la convivencia en nuestro pa�s. Los sectores que resulten perdidosos, aun y si se pliegan al dictamen de mayor�a, no aceptar�n de manera f�cil el costo personal y familiar de esa decisi�n. Este factor social y pol�tico solo contribuir� precisamente a exacerbar el malestar que ya ha generado la conciencia de una creciente desigualdad en Costa Rica.
Aun en los pa�ses que padecieron dictaduras sangrientas se han buscado v�as para la reconciliaci�n sobre la base de la verdad y la justicia. No es aceptable que un pa�s con tradiciones de fuerte humanismo como el nuestro, en el que la reconciliaci�n viene ahora exigida por los inequitativos resultados de la econom�a –afortunadamente no por guerras sucias, desapariciones y masacres–, no se encuentren a tiempo formas civilizadas y �ticas de resolver el actual conflicto.
(La Naci�n)
Columnista huésped | 30 de Junio 2007
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