TSE a prueba

La consideración de dos solicitudes de referéndum para decidir sobre el futuro del TLC que ahora convergen en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pone a prueba su temple. El máximo órgano electoral deberá decidir si prevalece el referéndum de iniciativa ciudadana o el de iniciativa del Poder Ejecutivo avalado por el Legislativo.

Los ciudadanos hemos sido agraviados por el Poder Ejecutivo y por los diputados que al votar SÍ a una iniciativa impertinente, pisotearon nuestros derechos políticos y enviaron el principio democrático a otra dimensión. Es reprochable su mezquina actuación. Independientemente de lo que en definitiva decida el TSE, la historia se encargará de enrostrarles el ultraje causado a la iniciativa popular. Los diputados que dijeron NO merecerán el respeto que se les rinde a los valientes.

El anhelo de los costarricenses es que el Tribunal, aplicando el auto-control que deben tener los jueces, se circunscriba al uso de la regla de interpretación de “Corrección funcional” y evite que la política interfiera en su decisión. Asimismo, que se ajuste al respeto de los Valores Supremos, los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y al Principio Democrático.

Es evidente que no podemos hablar de un régimen democrático, sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo y el respeto a los derechos políticos que son, en boca de la Sala Constitucional: “los instrumentos que posee el ciudadano para participar en la vida pública, pues la finalidad última de éstos es hacer posible la constitución de una relación entre el ciudadano y el Estado….” (Sentencia 3813-93).

Conviene entonces recordar que el ejercicio del Principio Democrático es un medio para controlar la concentración del poder de decisión en manos de los poderes del Estado, y que la verdadera dimensión del Principio Democrático reside en la democracia activa de plena participación popular, cuya legitimación surge de la soberanía del pueblo.

Instituciones como la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones fueron creadas para proteger el conjunto de derechos de los ciudadanos, llámense éstos civiles, políticos o derechos fundamentales. De lo anterior se deduce que la política debe estar subordinada a la justicia y, por ende, también los poderes del Estado. De ser así, cualquiera de ellos que violente el ámbito de los derechos fundamentales estará sacrificando el ejercicio de éstos. Siguiendo a Luis Prieto Sanchís, diremos que “los derechos son un asunto de justicia imposible de negociar; lo demás es un asunto de política o de mayorías parlamentarias.”

Ya lo expresó Montesquieu “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con el color de justicia”.


1 comentario

  1. Noemy Linkemer

    En absoluto acuerdo con las expresiones vertidas en este artìculo. El TSE, tiene en sus manos la posibilidad de devolverle al pueblo “plenamente”, lo que la letra y el espìritu de la ley contienen en materia de referendum, pero sobre todo la posibilidad de democratizar este proceso negociador que de ninguna forma nos representò como un todo, sino la parte, que de manera clara, y contundente prioriza el comercio frente a las demàs actividades, incluyendo la vida humana.

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