La consideración de dos solicitudes de referéndum para decidir sobre el futuro del TLC que ahora convergen en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pone a prueba su temple. El máximo órgano electoral deberá decidir si prevalece el referéndum de iniciativa ciudadana o el de iniciativa del Poder Ejecutivo avalado por el Legislativo.

Los ciudadanos hemos sido agraviados por el Poder Ejecutivo y por los diputados que al votar SÍ a una iniciativa impertinente, pisotearon nuestros derechos políticos y enviaron el principio democrático a otra dimensión. Es reprochable su mezquina actuación. Independientemente de lo que en definitiva decida el TSE, la historia se encargará de enrostrarles el ultraje causado a la iniciativa popular. Los diputados que dijeron NO merecerán el respeto que se les rinde a los valientes.

El anhelo de los costarricenses es que el Tribunal, aplicando el auto-control que deben tener los jueces, se circunscriba al uso de la regla de interpretación de “Corrección funcional” y evite que la política interfiera en su decisión. Asimismo, que se ajuste al respeto de los Valores Supremos, los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y al Principio Democrático.

Es evidente que no podemos hablar de un régimen democrático, sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo y el respeto a los derechos políticos que son, en boca de la Sala Constitucional: “los instrumentos que posee el ciudadano para participar en la vida pública, pues la finalidad última de éstos es hacer posible la constitución de una relación entre el ciudadano y el Estado….” (Sentencia 3813-93).

Conviene entonces recordar que el ejercicio del Principio Democrático es un medio para controlar la concentración del poder de decisión en manos de los poderes del Estado, y que la verdadera dimensión del Principio Democrático reside en la democracia activa de plena participación popular, cuya legitimación surge de la soberanía del pueblo.

Instituciones como la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones fueron creadas para proteger el conjunto de derechos de los ciudadanos, llámense éstos civiles, políticos o derechos fundamentales. De lo anterior se deduce que la política debe estar subordinada a la justicia y, por ende, también los poderes del Estado. De ser así, cualquiera de ellos que violente el ámbito de los derechos fundamentales estará sacrificando el ejercicio de éstos. Siguiendo a Luis Prieto Sanchís, diremos que “los derechos son un asunto de justicia imposible de negociar; lo demás es un asunto de política o de mayorías parlamentarias.”

Ya lo expresó Montesquieu “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con el color de justicia”.