Por Henry Mora Jim�nez, Universidad Nacional
Los hermanos Arias, los diputados de la mayor�a colusiva y las c�maras empresariales pro TLC insisten en que la decisi�n final sobre el mismo recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa, con el �nico control constitucional de la Sala IV. En este art�culo presentamos siete tesis en sentido contrario.
- La soberan�a, entendida como facultad �ltima de decisi�n, reside en el pueblo.
El parlamento y los tribunales constitucionales son instituciones v�lidas y leg�timas para dictar decisiones pol�ticas en un r�gimen democr�tico, pero en �ltima instancia, la �nica decisi�n –inapelable- es la que reside en la soberan�a popular. La envergadura de los cambios institucionales que implicar�a la aprobaci�n del TLC exige que se respete el principio de la soberan�a del pueblo, tal como se establece en los art�culos 2 y 105 de nuestra Constituci�n Pol�tica.
- El car�cter sagrado de la dignidad del ser humano.
Existen fundamentos metajur�dicos sobre los que se sustenta toda Constituci�n. Uno de ellos es el car�cter sagrado de la dignidad del ser humano, precepto que legitima la actitud de desconfiar permanentemente del poder establecido, incluso aunque �ste sea democr�tico. Los contenidos de la dignidad humana deben estar por encima del arbitrio del legislador, aunque este haya sido elegido democr�ticamente. El TLC lesiona gravemente esta dignidad, al situar al “libre comercio” y la “libre circulaci�n del capital” por encima de la misma (Art�culos 9.14 y 10.9.3).
- Una mayor�a colusiva no puede tomar decisiones lesivas e irreversibles para las mayor�as del ma�ana.
Incluso aceptando que fuese posible sostener una perspectiva puramente procedimental de la democracia (lo que de por s� es dudoso), la desobediencia ciudadana contra el TLC est� legitimada si observamos que una mayor�a de hoy no puede tomar decisiones lesivas e irreversibles para las mayor�as del ma�ana o para las generaciones venideras. Al tener el TLC “autoridad superior a las leyes”, esta mayor�a colusiva estar�a empe�ando indefinidamente la facultad de legislar, la potestad de promover pol�ticas p�blicas regulatorias y la autonom�a del Poder Judicial y del R�gimen Municipal.
- Por la defensa de la Constituci�n.
Un n�mero significativo de respetables expertos en derecho constitucional respaldan la tesis de que el TLC contiene insalvables transgresiones a la Constituci�n. As� por ejemplo, el pluralismo pol�tico garantizado en los Art�culos 95 y 98 de la Carta Magna, ser�a gravemente disminuido si permitimos que una determinada ideolog�a (el neoliberalismo en este caso), adquiera un rango superior a las leyes.
- Democracia representativa en crisis
El mandato representativo ha sido siempre una ficci�n, v�lido en la medida en que resulte realmente compatible con la soberan�a popular a trav�s del sufragio universal. Pero la genuina democracia debe trascender la ciudadan�a pol�tica para transformarse en ciudadan�a social. Contra esta ampliaci�n de la ciudadan�a conspira la creciente burocratizaci�n y corrupci�n de los principales instrumentos de participaci�n pol�tica: los partidos, las c�maras patronales y los mismos �rganos de participaci�n popular, cuando estos son convertidos en meros ap�ndices del Estado. En estas condiciones, la aprobaci�n del TLC por una mayor�a colusiva, solo agravar�a esta crisis de representaci�n.
Un posible camino para evitar esta burocratizaci�n/corrupci�n es promover la democratizaci�n de la representaci�n, suprimiendo el monopolio representativo que ostentan los partidos pol�ticos. Esto podr�a lograrse mediante nuevas formas de participaci�n ciudadana en la formaci�n de las decisiones pol�ticas, como la iniciativa popular o el refer�ndum.
- La crisis de legitimidad de la clase pol�tica tradicional.
En la Costa Rica actual coexisten dos legitimidades, las cuales aparecen sint�ticamente expresadas en la lucha ideol�gica y pol�tica en torno al TLC. Quiz�s la legitimidad detr�s del “S� al TLC” sea aun hegem�nica, pero es una legitimidad fr�gil y acorralada por el enorme desprestigio de la clase pol�tica que la sustenta, la misma que hoy conforma la mayor�a colusiva en el Congreso.
La legitimidad del “No al TLC” en primera instancia busca impedir que una mayor�a parlamentaria colusiva consolide los contenidos de la legitimidad en r�gimen de cuasi monopolio.
- Por el fortalecimiento de la democracia.
Toda democracia es perfectible, y la costarricense no es la excepci�n. La lucha contra el TLC est� contribuyendo a actualizar los contenidos del r�gimen pol�tico costarricense, y es, en �ltima instancia, una defensa de la democracia, tanto de la democracia parlamentaria (constantemente burlada), como a trav�s de la irrupci�n popular en la formaci�n de la voluntad pol�tica en democracia.
Impidamos que una mayor�a colusiva defina el destino (agon�a) de nuestra Naci�n.
Columnista huésped | 5 de Marzo 2007
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