• Manifiesto de Constituci�n del Frente de la Universidad Estatal a Distancia contra el TLC
• “Los grilletes de oro son mucho peores que los de hierro”. Mahatma Gandhi (1869-1948).
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) es una universidad p�blica costarricense. Esto nos hace parte de una tradici�n universitaria de grand�sima riqueza �tica, espiritual e intelectual, a la que han contribuido nombres tan ilustres como los de Rodrigo Facio, Carlos Monge Alfaro, Emma Gamboa, Isaac Felipe Azofeifa y Joaqu�n Guti�rrez Mangel. Entre las figuras emblem�ticas de la cultura y el pensamiento en Costa Rica, que hoy son portadoras de esa insignia universitaria de que somos herederos, descuellan Mar�a Eugenia Dengo, Hilda Chen Apuy, Eugenio Rodr�guez y Alberto F. Ca�as.
Esta tradici�n define un compromiso y marca un derrotero. La universidad p�blica en Costa Rica es una instituci�n que cultiva el pensamiento cr�tico e independiente y que se compromete a profundidad con los valores de democracia, justicia social, participaci�n ciudadana y libertad, que constituyen la base m�s positiva y avanzada de la nacionalidad costarricense y la m�s sentida aspiraci�n en el alma de nuestro pueblo.
La riqueza de esta tradici�n universitaria ha quedado claramente plasmada en la normativa fundamental en que se asienta el funcionamiento de nuestra instituci�n. En nuestras Misi�n y Visi�n Unedianas, asumimos compromisos expl�citos con la m�s amplia democratizaci�n de la educaci�n y el conocimiento, los valores de justicia, democracia, respeto, medio ambiente, g�nero y diversidad cultural, y nos proponemos ser actores protag�nicos en el desarrollo de nuestra sociedad y nuestro pueblo.
Desde esa tradici�n universitaria que nos infunde orgullo y coraje, en ejercicio de los derechos constitucionalmente consagrados (art�culos 28 y 29) y, a la vez, en cumplimiento de nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, queremos hacer p�blica nuestra oposici�n frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), por las siguientes razones:
Este TLC constituye un acuerdo bilateral entre la primera potencia econ�mica, pol�tica y militar del planeta y pa�ses peque�os, pobres y poco desarrollados. Adem�s, es un acuerdo que se dise�a exclusivamente con base en criterios mercantiles, ajeno por completo a cualquier consideraci�n de justicia, equidad o democracia. Teniendo en cuenta lo anterior, el TLC implica, ya desde su misma concepci�n, una combinaci�n sumamente peligrosa: por un lado, la asimetr�a radical entre los pa�ses signatarios y, por otro, la total primac�a de lo econ�mico-mercantil.
Esas dos realidades fundamentales quedan recogidas en los contenidos del Tratado de una forma contundente. Es un acuerdo enteramente sesgado a favor de los intereses de Estados Unidos. Pero no los intereses de su pueblo sino los de las grandes empresas transnacionales. Adem�s, es un Tratado que subordina toda consideraci�n de desarrollo sobre bases de equidad, sostenibilidad ambiental y democracia, a la primac�a de tales intereses econ�micos corporativos.
Lo anterior podr�a ser demostrado con base en m�ltiples datos. Se�alemos, para empezar, el abusivo r�gimen que se crea a favor de los inversores extranjeros. Este constituye una especie de sistema jur�dico aparte, que permitir�a a las compa��as transnacionales estadounidenses demandar al Estado costarricense ante tribunales de arbitraje internacional, cuyo estatuto es privado y los cuales no tienen ninguna obligaci�n de considerar las leyes costarricenses. Adem�s, este cap�tulo incorpora la noci�n de “expropiaci�n indirecta” como posible justificaci�n para tales demandas. Este es un concepto jur�dicamente impreciso que, en la experiencia pr�ctica de otros tratados similares, ha dado lugar a m�ltiples arbitrariedades. Se ratifica as�, con especial crudeza, la forma como el Tratado menoscaba el orden jur�dico de Costa Rica y debilita las capacidades soberanas para la formulaci�n y aplicaci�n de las pol�ticas p�blicas.
En atenci�n a los criterios estrictamente mercantiles que le sirven de base, el Tratado obliga a que el Estado costarricense conceda a los inversores extranjeros el mismo trato que ha de dar a las empresas nacionales. Un m�nimo criterio de justicia permite entender la inconveniencia de ese tipo de obligaciones ya que, sin duda, la mejor forma de propiciar la injusticia es tratando igual a los desiguales. Lo cierto es que para promover el desarrollo de nuestro pa�s, y hacerlo por v�as que propicien la participaci�n y la equidad, han de establecerse est�mulos diferenciados, tomando en cuenta criterios apropiados. Por ejemplo: tama�o de las empresas; ubicaci�n geogr�fica de estas; su capacidad para generar empleos, democratizar la propiedad, innovar tecnolog�as o proteger el ambiente. Tambi�n deben tenerse en cuenta criterios de g�nero, de cultura o de apoyo a minor�as. Nada de esto es posible con este TLC, lo que, adem�s, contradice flagrantemente experiencias hist�ricas de desarrollo capitalista exitoso. Incluso Estados Unidos, en sus etapas iniciales de desarrollo, estableci� pol�ticas selectivas con base en las cuales incentiv� su avance econ�mico. De forma similar han procedido, hace muy pocos a�os, Jap�n o Corea del Sur, como tambi�n China, en el momento actual. Para nuestro pa�s esto resultar�a pr�cticamente imposible, ya que entonces entrar�amos en contradicci�n con el Tratado, que, en virtud de nuestro ordenamiento constitucional, posee un estatus jur�dicamente superior al de nuestras leyes.
Parad�jicamente, seg�n qued� expresamente enunciado en la Ley de Implementaci�n aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, para este pa�s el TLC tan solo posee la calidad de un agreement (acuerdo), no la de un treaty (tratado). Esto implica que es jur�dicamente inferior a cualquier ley estadounidense, sea de nivel federal o estatal. Y para que no queden dudas al respecto, esa misma Ley de Implementaci�n deja expl�citamente enunciado que tal es la jerarqu�a jur�dica que el Congreso estadounidense le reconoce y concede a este agreement. Con ello se viene a ratificar, una vez m�s, la tremenda asimetr�a de las condiciones bajo las cuales regir�a este Tratado, incomparablemente m�s exigentes y restrictivas para nuestro peque�o pa�s que para la superpotencia.
El Tratado tan solo incorpora una protecci�n d�bil y parcial a favor de los servicios p�blicos de educaci�n, salud y acueductos. En estos casos, y en relaci�n con otros servicios sociales importantes, sigue vigente, entre otras, una de las normas m�s preocupantes: aquella, mencionada en el punto 3 de este manifiesto, que permite demandar al Estado costarricense ante tribunales de arbitraje internacional. Esto constituye un preocupante elemento de presi�n a la hora de formular pol�ticas p�blicas relativas a tales servicios, lo que sin duda limitar� los espacios de maniobra de que disponga el Estado costarricense. Pero, adem�s, el Tratado establece un r�gimen de irrestricta liberalizaci�n en relaci�n con la oferta privada de tales servicios. Ello provoca, sin control posible, que se agudicen varias tendencias problem�ticas que ya estamos presenciando: el desarrollo de servicios privados de elite de alt�simo costo, la proliferaci�n desordenada de ofertas privadas y el desmantelamiento de los servicios p�blicos. En el caso del agua, adem�s, se desregula por completo su comercio en forma envasada, incluyendo su exportaci�n, lo que pone en grave peligro la disponibilidad futura de este elemento esencial para la vida.
El Tratado liberaliza la importaci�n de la mayor�a de los productos agr�colas alimenticios, y lo hace a pesar de la enorme desventaja que representa para nuestros productores, en virtud del masivo subsidio que sus contrapartes estadounidenses reciben de su gobierno. Esto implica la segura desaparici�n de nuestra agricultura de producci�n de alimentos para el mercado nacional, la ruina, por lo tanto, de quienes la producen. Pero, adem�s, nos har� definitivamente dependientes de la importaci�n de alimentos, con todas las consecuencias que esto tendr� para la soberan�a pol�tica de nuestra naci�n.
La apertura-privatizaci�n de las telecomunicaciones crean las condiciones que a futuro destruir�n el exitoso modelo solidario del ICE. No se propiciar� la competencia por la sencilla raz�n de que las telecomunicaciones constituyen, por sus condiciones tecnol�gicas y de inversi�n, un monopolio natural. �nicamente se sustituir� un monopolio p�blico construido sobre bases de solidaridad, por uno privado que tan solo atiende a criterios de ganancia, hecho que inevitablemente impactar� sobre las tarifas, hoy d�a entre las m�s bajas del mundo. En el caso de los seguros, se propiciar� que grandes masas de capitales, que deber�amos aprovechar a favor de nuestro desarrollo, fluyan hacia fuera del pa�s como ganancias de aseguradoras extranjeras.
Este TLC no introduce ninguna mejora significativa en las condiciones de acceso al mercado estadounidense, en comparaci�n con las actualmente existentes. Tampoco propicia ninguna modificaci�n que pueda favorecer la atracci�n de m�s inversi�n extranjera, ya que esto sobre todo depende de aspectos como la estabilidad social y pol�tica, la calificaci�n de la mano de obra y la disponibilidad de adecuada infraestructura. Por lo tanto, nada en el TLC permite creer que este vaya a generar en el corto plazo m�s empleo. Como sus efectos en el mediano y largo plazos ser�n los de un ahondamiento de las desigualdades sociales, es muy posible que este Tratado contribuya a deteriorar a�n m�s las condiciones de estabilidad social y deslegitimaci�n del sistema pol�tico, lo que resulta un desest�mulo para la inversi�n privada. Adem�s este Tratado limita la posibilidad de desarrollar pol�ticas de promoci�n del desarrollo que estimulen la generaci�n de empleo abundante y de calidad. En todo caso, hay que recordar que el pa�s ha seguido una estrategia que enfatiza la inversi�n extranjera por sobre la nacional, con el agravante de que la primera se mueve entre dos extremos: o genera muchos empleos de muy baja calidad (las maquilas textiles, por ejemplo), o genera empleos de alta calidad pero en cuant�a �nfima, por comparaci�n con las necesidades nacionales (por ejemplo, Intel). En vista de los problemas de empleo que sufre Costa Rica, ninguna de estas dos opciones resulta deseable, con el agravante de que bajo las condiciones del TLC es improbable, sino imposible, que tales caracter�sticas del modelo de desarrollo vigente puedan corregirse.
Las regulaciones en materia de propiedad intelectual tienen m�ltiples y muy preocupantes repercusiones. Primero, en lo que respecta a medicinas y agroqu�micos, claramente puede observarse que est�n dise�adas en funci�n de los intereses de las respectivas corporaciones transnacionales. No solo se ampl�a, de forma subrepticia, pero muy efectiva, el plazo de las patentes (que llegar�n hasta 25 a�os o m�s), sino que se impide, hasta por 10 a�os, el acceso a los “datos de prueba” o “informaci�n no divulgada”, en relaci�n con la cual se impone, adem�s, una forma de protecci�n excesivamente amplia en sus alcances. Esto inevitablemente afectar� la disponibilidad de productos gen�ricos, tanto f�rmacos como agroqu�micos, lo que elevar� sustancialmente los precios. As�, se da�ar�n gravemente las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social y, por esa v�a, la salud de nuestro pueblo. Y, adem�s, se har� m�s f�rreo el decreto de muerte contra nuestra agricultura.
Como universitarios y universitarias, nos preocupan, adem�s, las consecuencias que estas regulaciones sobre propiedad intelectual tendr�n para la educaci�n y el avance cient�fico-tecnol�gico de nuestro pa�s. Esa normativa simplemente dificulta y hace extremadamente oneroso el acceso al nuevo conocimiento. Esto sin duda conviene a los pa�ses muy desarrollados, como Estados Unidos, que son los principales centros de generaci�n de ciencia y tecnolog�a, pero constituye un obst�culo tremendo para nuestro desarrollo. La historia demuestra –por ejemplo, en el caso de Jap�n o Corea y, en la actualidad, el de China- que la flexibilidad para importar, copiar y adaptar tecnolog�as es requisito important�simo en los procesos de desarrollo. Sabemos muy bien que las experiencias de tales pa�ses no pueden ser trasladadas a Costa Rica, ya que se trata de condiciones hist�ricas y momentos distintos, como tambi�n es verdad que son casos hist�ricos que registran muchos elementos contradictorios y problem�ticos, por ejemplo, en el caso de China, los tremendos costos ambientales de su actual desarrollo. Sin embargo, debemos resaltar que la modernizaci�n de sus econom�as habr�a resultado mucho m�s dif�cil, quiz� imposible, de haber estado sujetas a exigencias como las contenidas en este TLC, incluidas las aqu� mencionadas sobre propiedad intelectual.
Adem�s, debemos tomar en cuenta que estas normativas sobre propiedad intelectual propician algo �ticamente inaceptable: la apropiaci�n privada de la vida. Ello incluye nuestra biodiversidad, que, por medio de la liberalizaci�n de los servicios de bioprospecci�n, queda abierta a la explotaci�n comercial por parte de las corporaciones transnacionales.
En materia ambiental y laboral, el Tratado es omiso, ya que deja por fuera partes esenciales de nuestra legislaci�n interna, y, adem�s, y en virtud de ese car�cter parcial, propicia que los est�ndares laborales y ambientales sean empujados hacia abajo, como instrumento para propiciar la competitividad comercial.
El TLC no aporta ninguna mejora significativa en materia de acceso al mercado estadounidense. En cambio, abre indiscriminadamente nuestro mercado nacional a las importaciones provenientes de ese pa�s, incluso las de su agricultura altamente subsidiada. Por lo dem�s, como se ha demostrado de forma contundente, la no aprobaci�n de este Tratado no representa riesgo alguno desde el punto de vista del acceso de nuestras exportaciones al mercado estadounidense. En el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, seguiremos gozando de las mismas condiciones de acceso que tenemos hoy d�a. Tal es una discusi�n por completo innecesaria ya que se basa en supuestos que han sido deliberadamente retorcidos. En cambio, al pa�s le conviene entrar en un proceso de redefinici�n de sus nexos internacionales. Debemos mantener con Estados Unidos una relaci�n cordial y de mutuo respeto, mientras trabajamos seriamente por diversificar relaciones comerciales y econ�micas, creando nuevas formas de integraci�n y cooperaci�n con pa�ses de todo el mundo y, en especial, con los de Am�rica Latina.
El anterior es apenas un listado parcial de los m�ltiples aspectos problem�ticos que deben ser tenidos en cuenta en relaci�n con este Tratado, y que desaconsejan muy seriamente su aprobaci�n.
Por lo tanto, y con plena convicci�n de lo que decimos, formulamos un llamado vehemente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para que NO ratifique este Tratado y convocamos a los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses a hacer manifiesto su desacuerdo y exigir de sus representantes en la Asamblea Legislativa el voto contra este TLC.
Este es un momento hist�rico decisivo. Mucho de la patria que se heredar� a las generaciones futuras est� en juego. Es un deber patri�tico manifestarnos y un derecho ciudadano exigir que se nos escuche.
UNED, Mercedes de Montes de Oca, 6 de febrero de 2007
Columnista huésped | 21 de Febrero 2007
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