Por Francisco Escobar
Se acumulan los hechos que han creado y alimentado la gran indignaci�n de la ciudadan�a: la renuencia del Ministro de Seguridad a comparecer ante la Asamblea Legislativa para explicar el operativo realizado junto con la Fiscal�a General de la Rep�blica, el OIJ y la Direcci�n de Migraci�n, para contraatacar una importante organizaci�n que lucra con la venta ilegal de visas para personas chinas.
Ya desde 1998, la Sala IV aval� la detenci�n del ex ministro de Seguridad P�blica Juan Jos� Echeverr�a Brealey y de sus hijos, acusados de traficar con visas para personas procedentes de Cuba. El abogado del ex ministro fue Ciro Casas, tambi�n implicado en el caso Nayor y hermano del actual Segundo Vicepresidente. En mayo de 1999, el entonces viceministro de Gobernaci�n, Carlos Castro, denunci� la existencia de una “estructura paralela” que negociaba las visas para personas de China y que, por recomendaci�n del presidente Rodr�guez y del ex ministro de Seguridad Juan Rafael Lizano, se fij� la emisi�n de una cuota de 25 de estas visas restringidas por mes.
Durante la administraci�n Rodr�guez se concedieron 1.676 a un costo de $5 mil, con lo que se hubieran pagado $8.380.000. Desde 2001, 16 diputados del PUSC y del PLN hab�an gestionado este tipo de visas. El presidente del PUSC, Luis Fishman, afirm� que diputados de su partido est�n “vendidos para proteger intereses privados y hasta familiares” a cambio de sus votos a favor del TLC. Estos hechos se suman a la negativa a que el presidente �scar Arias compareciera ante la Comisi�n de Narcotr�fico para esclarecer la relaci�n del vicepresidente Kevin Casas con su hermano Ciro, en lo que respecta al caso del narcotraficante George o Julio Nayor.
Como si fuera poco, la diputada Mayi Antill�n, jefa de la fracci�n liberacionista, es esposa de Luis Pal Hegedus, quien trabaja para la transnacional Pfizer Products Inc., en el campo de la inscripci�n de patentes y tiene la representaci�n en materia de propiedad intelectual de varias empresas transnacionales, lo cual implicar�a que ambos se beneficien con el TLC. Las disposiciones del tratado en medicamentos obliga a la CCSS a invertir gran parte de su presupuesto en la compra de medicamentos patentados, entre otras empresas a las que Luis Pal Hegedus, esposo de Mayi Antill�n, representa. Si la Caja utiliza todo el presupuesto destinado a medicamentos en la compra de medicinas originales o de marca, solo llegar�a a darle cobertura al 19% de la poblaci�n.
A esto se a�ade que la diputada Evita Arguedas, del Movimiento Libertario, tiene una empresa de telecomunicaciones llamada Comunica M&T S.A., y es concesionaria de m�s de 70 frecuencias privadas de radiocomunicaci�n. Pese a ser empresaria de telecomunicaciones, es miembro de la comisi�n especial que analiza el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, cuyas decisiones podr�an favorecer sus negocios personales. Las frecuencias de radio que posee Arguedas est�n dentro del rango de 800 a 900 MHz del espectro radioel�ctrico, que el pa�s deber�a dejar disponible si se aprueba el TLC, para lo cual, o se le pagar�a una multimillonaria indemnizaci�n por las frecuencias, o se le beneficia aplic�ndosele una carta adjunta del TLC que dice: “otros servicios inal�mbricos que no utilicen estas tecnolog�as, como radioenlaces, televisoras, servicio de radiocomunicaci�n troncalizada u otras, no est�n cubiertas por este compromiso de apertura”.
La ciudadan�a observa y analiza en silencio, como hacemos los ticos, como si nada estuviera pasando. Pero hay factores que agravan la densidad de la atm�sfera pol�tica y social del pa�s. El clima de violencia crece y cubre el territorio nacional, la poblaci�n est� armada, las organizaciones tienen una experiencia exitosa frente al gobierno, con los sucesos del combo del ICE, el Internet, los chismes, runrunes, rumores y noticias de boca en boca, mantienen informada a la poblaci�n como nunca antes lo hab�a estado.
El Presidente ha desafiado al gobierno cubano y al de Hugo Ch�vez, y se ha distanciado de Ortega, que podr�an intervenir en los asuntos ticos como el gobierno ha intervenido en sus asuntos nacionales. La prensa nacional o se convierte en espacio publicitario del Gobierno y del TLC, o cierra sus columnas y sus espacios a las opiniones que divergen de las oficiales. En la Asamblea Legislativa se coarta el debate y la discusi�n para imponer votaciones sin an�lisis. Terribles nubarrones en el cielo l�mpido y azul de nuestra patria.
Se est� montando el escenario de un drama callejero. Agazapada entre las luchas de intereses pol�ticos y econ�micos ajenos al pueblo, se oculta la serpiente de la violencia, que cuando levante su cabeza, podr�a cubrir el suelo costarricense con la sangre de sus hijos e hijas. �La tragedia podr�a estar a punto de empezar!
(La Prensa Libre)
Columnista huésped | 26 de Febrero 2007
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