Por Gerardo Fumero Paniagua
Los servicios de energ�a y telecomunicaciones, convertidos hoy en necesidades b�sicas, consecuencia de la �Sociedad de la Informaci�n� en que vivimos -sin los cuales �sta no se podr�a concebir- est�n garantizados a todos los costarricenses, como corresponde a un Estado �Social� de Derecho, por los principios establecidos en los Art. 50 (�el m�s adecuado reparto de la riqueza�) y 74 (�procurar una pol�tica permanente de solidaridad nacional�), de nuestra Constituci�n Pol�tica, (C.P.).
Las Leyes n.� 4593, del Ente Regulador, ARESEP (Art. 3b, 12, 14 y 31) y 449, del Ente Operador, ICE, (Art. 2), exigen, en concordancia con esos principios constitucionales, brindar servicios �al costo y con subsidios�.
Estos servicios, hoy con car�cter de �p�blicos�, a los cuales hacen alusi�n los Art. 61 y 121 de nuestra C.P., dejar�an de tener esa categor�a, para convertirse en �Servicios disponibles al p�blico�, seg�n el Art. 6, inciso r), del �Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones� (PLGT), del Poder Ejecutivo, Expediente Legislativo (E.L.), No. 16.398. Por eso, tanto ese proyecto como el de �Fortalecimiento y Modernizaci�n de las Entidades P�blicas del Sector de Telecomunicaciones�, E.L. No. 16.397, cambiar�an radicalmente los fines, tanto de la ARESEP como del ICE, para convertirlos, al primero en un Ente Regulador de la Competencia y al segundo en un actor m�s en un mercado en competencia, neutralizando de esa forma los principios constitucionales antes se�alados, que quedar�a como vestigios de nuestro �obsoleto� Estado Social de Derecho, como se calificar�an en buena teor�a neoliberal.
Los mecanismos para �aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar la calidad, y asegurar precios asequibles�, ya no ser�an los que garantizan hoy la C.P. y sus leyes, sino �la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones�, Art. No. 2.b) del PLGT.
Distintos pa�ses han establecido diferentes mecanismos para garantizar tales fines. Hoy debemos reconocer que casi todos han evolucionado, del primero al segundo modelo, arrastrados por las corrientes privatizadoras, que solo persiguen entregar a las empresas -la mayor�a transnacionales- los negocios todav�a en manos del Estado, proceso en el que han florecido adem�s, los mayores actos de corrupci�n de que tengamos memoria.
Pero si algo es claro, es que la �nica forma de que tales servicios lleguen a toda la poblaci�n, es que el mismo Estado los brinde. El resultado de dejarlos a la libre competencia, (Art. No. 31 del PLGT), principalmente en nuestra maltrecha Latinoam�rica, han sido desastrosos, al extremo de que Costa Rica es hoy en ese contexto, el pa�s con la mayor cobertura en electricidad y telef�nica fija, con la mejor calidad en ambos servicios y con los precios m�s asequibles del mundo, como lo demuestra el Libro �El Estado Solidario frente a la Globalizaci�n�, reci�n publicado.
En el caso de los servicios de energ�a y telecomunicaciones, un elemento adicional los hace todav�a m�s vulnerables si se dejan en manos privadas, pues por ser monopolios naturales, es m�s eficiente que un solo operador los brinde, en cuyo caso debe ser el Estado quien los supla, pues cualquier privado procurar�a optimizar sus ganancias y no el beneficio del usuario.
Obligar alguna competencia en estos servicios, solo hace m�s ineficiente y antiecon�mica su prestaci�n, (as� demostrado por los Co-generadores en energ�a y por Millicom en telecomunicaciones), pues se reducen los costos si una sola empresa suministra todos los servicios, adem�s de que se obtienen econom�as de �escala� y de �integraci�n vertical�, al ejecutar tanto la planificaci�n, como la construcci�n, la operaci�n y el mantenimiento de una sola red.
Columnista huésped | 30 de Diciembre 2006
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