Por Alvar Antill�n, El�as Soley Soler, Rafael Gonz�lez-Ballar, Manrique Jim�nez M., Jaime Ord��ez y Juan Jos� Sobrado.
Creemos que Costa Rica debe sostener el libre comercio con los EE. UU., con la Uni�n Europea (UE) y con las distintas regiones del planeta. El libre comercio �equitativo y justo, como han pedido las Naciones Unidas� es un instrumento fundamental para el crecimiento econ�mico y para el desarrollo humano y social. Los acuerdos de libre comercio deben verse como un instrumento para el desarrollo, y no como un fin en s� mismo.
En primer lugar, deben ser sim�tricos y justos, buscando que todas las partes negociantes sean ganadoras. En segundo lugar, deben ajustarse al Estado de derecho y al procedimiento legislativo. En tercer lugar, deben respetar los bienes p�blicos o colectivos y tutelados en sus constituciones pol�ticas y el Derecho P�blico.
El sano equilibrio entre bienes p�blicos y privados ha sido clave para el desarrollo del Primer Mundo. Costa Rica no puede aspirar a menos, con independencia de lo que hayan ratificado los otros pa�ses centroamericanos. Nuestro espejo siempre ha sido el mundo desarrollado, no nuestro entorno inmediato.
En tal sentido, queremos hacer los siguientes se�alamientos desde el punto de vista del Derecho P�blico. Con esp�ritu constructivo, proponemos, adem�s, soluciones realistas para corregir algunos de los graves problemas que se indicar�n.
1.- El texto del TLC que se tramita en la Asamblea Legislativa es parcial. Se omitieron las 11 cartas paralelas (notas canjeadas por los plenipotenciarios) del 28 de mayo de 2004. Hemos encontrado que, en el texto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, se omitieron las 11 cartas paralelas del 28 de mayo de 2004. Estas notas expresamente indican que forman parte integrante del Tratado. Adem�s, se aplican el principio de literalidad del derecho internacional y el art. 2.1.a de la Convenci�n de Viena. Estas 11 cartas paralelas son de gran importancia, en particular la que compromete el espectro radioel�ctrico en forma clave, y la ausencia de ellas vicia el procedimiento de ratificaci�n.
2.- El texto del TLC que se tramita en la Asamblea Legislativa omite las tres cartas de entendimiento en materia de inmigraci�n, salud y Secretar�a de Asuntos Ambientales. Tampoco han sido puestas en conocimiento de los legisladores costarricenses, tres cartas de entendimiento, firmadas por todas las partes en la misma fecha del Tratado. Estas cartas fueron conocidas y aprobadas por el Congreso de los EE. UU. y los Parlamentos de Guatemala y El Salvador. Regulan materias claves como inmigraci�n, salud y una Secretar�a de Asuntos Ambientales. Esta otra omisi�n implica tambi�n un problema de nulidad en todo lo actuado por la Asamblea Legislativa.
3.- El TLC ya ha sido renegociado por EE. UU. y El Salvador. Esa enmienda al texto marco del TLC, admitida por el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, no ha sido publicada ni remitida al Parlamento. La enmienda al TLC suscrita por El Salvador y EE. UU., debi� publicarse en La Gaceta y remitirse a nuestra Asamblea por el Ejecutivo, lo cual no se ha hecho. Luego, el texto que se discute en la Asamblea no es el vigente para los signatarios. El hecho de que dicha enmienda fuera firmada con posterioridad, no implica que ese nuevo texto pueda sustraerse de nuestro Parlamento, porque este no lo ha ratificado. Incluso, en la versi�n que se publica en los EE. UU., consta la enmienda. Ello implica tambi�n un vicio de nulidad del procedimiento.
4.- Esas tres omisiones violan las normas mismas del Tratado. El texto del TLC proh�be expresamente fraccionarlo, o considerarlo mutilado o por partes, al disponer que solo se puede analizar como un todo, sin poderlo dividir. Se viola as� el propio instrumento internacional, adem�s de las competencias constitucionales de la Asamblea Legislativa.
5.- El cap�tulo de Soluci�n de Controversias del Tratado es inconstitucional. Quebranta directamente los art�culos 7, 9, 33, 41, 43 y 153 de la Constituci�n Pol�tica al facultar a cualquier inversionista de las otras partes a trasladar, unilateral y obligadamente, una disputa con el Estado costarricense a paneles de arbitraje extranjeros, incluso en aquellos casos en los que medien potestades, intereses o bienes p�blicos, lo que no puede hacer el inversionista costarricense en suelo propio. Tampoco el Estado costarricense como parte demandante puede obligar a un inversionista de otro Estado parte a que se someta a un arbitraje internacional.
6.- En el anexo de Medidas Disconformes, Costa Rica no incluy� algunos temas de vital importancia. Costa Rica no incluy� algunos temas necesarios y obligados, entre ellos, la ley n.� 7128, que crea la Sala Constitucional, ni la ley de la Contralor�a General de la Rep�blica. Tampoco se incluy� ninguna medida disconforme que proh�ba expresamente el comercio o industria de armas para uso militar, lo cual est� vedado seg�n los principios que informan el art. 12 de la Constituci�n, que proh�be el ej�rcito.
7. Un 15,7% del texto firmado y sometido a la Asamblea Legislativa est� en idioma ingl�s (cap�tulo V) y ello genera nulidad procedimental. El idioma espa�ol es el constitucionalmente v�lido para cualquier documento oficial en Costa Rica. Al haberse remitido un texto con un 15,7% en idioma ingl�s, se genera nulidad absoluta.
Propuestas: 1.- Varios de estos problemas, salvo las nulidades absolutas indicadas, se resuelven con reservas legislativas, tal y como establece el art�culo 2.1.d de la Convenci�n de Viena. No se puede corregir el texto, y menos tapar violaciones constitucionales con simples declaraciones interpretativas, las cuales tienen un mero valor aclaratorio interno. Esas reservas deben negociarse con protocolos de enmienda ex ante, por el Poder Ejecutivo, antes de la aprobaci�n.
2.- El tr�mite en Comisi�n tiene que rehacerse present�ndose el cuerpo integral del Tratado, incluido lo omitido, y completo en idioma espa�ol, para obviar una nulidad total por aprobaci�n fraccionada o parcial.
3.- En la secci�n 102 (incisos 1 y 2) del Implementation Bill del TLC por el Congreso de los Estados Unidos, se establece que el Tratado es inferior a cualquier ley de ese pa�s, federal, estatal o municipal. Costa Rica, en su caso, deber�a aprobarlo como ley ordinaria en los mismos t�rminos que fueron los ofrecidos por los EE. UU. y aceptados por el Poder Ejecutivo, y no como tratado de fuerza interna como algunos pretenden localmente. Costa Rica, en su caso, debe aprobarlo por ley ordinaria que diga expresamente que lo acepta con el mismo grado jur�dico ofrecido y aceptado por los EE. UU.
(La Naci�n)
Columnista huésped | 3 de Diciembre 2006
4 Comentarios
Valios�simo documento que pone en evidencia que quienes nos hemos venido oponiendo al TLC mal negociado no somos desequilibrados mentales ni extremistas. Cuando personas de la talla moral, profesional y �tica, como quienes suscriben este documento, nos dan una voz de alerta, lo peor que podemos hacer es ignorar esos argumentos.
Todav�a estamos a tiempo para enderezar lo que mal comenz� para que no termine mal como podemos anticipar, que va a terminar el TLC.
Felicito a los autores de tan valioso documento por un aporte tan significativo y que debe servir como punto de partida para definir hacia adonde debe enrumbarse el pa�s y no seguir por el rumbo equivocado s�lo porque dogm�ticamente consideran que el TLC est� encima de los 10 mandamientos, cuando bien sabemos no es as�.
Inmejorable resumen que demuestra que el TLC no pretende m�s que robarle a Costa Rica bienes econ�micos estrat�gicos conquistados mediante nacionalizaci�n (monopolio de todos), concretamente el potencial hidroel�ctrico y el espectro de radiocomunicaciones. Junto a la fuerza y el pensamiento de los trabajadores educados entre todos (por el Estado). Junto a la tierra para establecer botaderos o hacer experimentos militares, como los de la isla de Vieques en Puerto Rico, que se las desgraciaron a punta de misiles experimentales que en EEUU ning�n Estado tolera…
As� como en Irak buscan petr�leo, aqu� nos exigen la fuerza de nuestros r�os y nuestro espacio et�reo. Y el petr�leo que pudiera haber tambi�n, como no, y ya el gobernador Arias est� dispuesto a dejar que lo busquen…
Ocupamos un presidente de pa�s, no un gobernadorcito de colonia perdido en un pa�s independiente.
Valioso compendio de las razones que individual y ahora colectivamente suscriben los especialistas acerca de los l�mites jur�dicos y pol�ticos que este TLC impone a nuestro pa�s respecto de su modelo de desarrollo y su institucionalidad.
Razones que se suman a las que por diversas vertientes procedentes de la academia, la institucionalidad sindical y la sociedad civil se han estado se�alando, en general poco reflejadas y balanceadas por los medios de comunicaci�n, escasamente escuchadas por el Gobierno y por el contrario la mayor�a de las veces descalificadas de mala manera y ensordecidas con propaganda y encuestas ligeras.
Guardo la esperanza de que el conjunto de todas las voces y sus razonamientos, finalmente, sean atendidos por el Gobierno: que el Ejecutivo se convenza de su irrenunciable deber de renegociar este Tratado; que los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa comprendan los l�mites de su ejercicio pol�tico y sobre todo que no sea necesario menoscabar � una vez m�s- al Poder Judicial �judicialis�ndose� la pol�tica.
Emilia Gonz�lez C�dula 1-446-349
Me parece muy interesante el aporte… pero qu� posibilidades existen de que la Sala Constitucional, que en �ltima instancia seguramente ver� estos reclamos, d� por valederas estas observaciones?
Tendr�n el valor y la independencia pol�tica para hacerlo?