� Se hace indispensable una amplia discusi�n sobre todos los puntos discrepantes en conflicto, un verdadero debate de confrontaci�n de ideas, de deliberaci�n, de di�logo.
Por Andr�s Borras�
En ocasi�n a que pr�ximamente comenzar�n en el plenario de la Asamblea Legislativa las negociaciones con el objeto de aprobar o improbar el Tratado Comercial con Estados Unidos, es necesario que los ciudadanos costarricenses, de acuerdo con lo que se ha venido informando a trav�s de los meses, cooperemos dando a conocer nuestro criterio sobre el importante an�lisis de todas las cl�usulas de ese pacto, que los 57 diputados de nuestro Congreso est�n obligados a hacer, antes de que est�n listos para dictar un veredicto.
As� pues, es nuestro pensar que ning�n pa�s peque�o est� en condiciones de descartar totalmente la aprobaci�n de un TLC como el que est� en discusi�n, porque quedar�a aislado del movimiento global que augura o promete un comercio exitoso con el mundo.
Este es el caso de Costa Rica, que con la mira puesta en la defensa de sus conquistas sociales debe cuidarse en no ratificarlo si antes no se aprueban las reformas constitucionales y las agendas de desarrollo necesarias y convincentes para que el tratado no la perjudique.
Es necesario entonces, pensamos, que el Poder Ejecutivo implemente las medidas que complementen su actitud actual, que no es del todo coherente con las necesidades del pa�s ni con los deseos de los costarricenses, cuales son, en concreto, cumplir primero con los lineamientos de una bien pensada y estudiada agenda complementaria que a�n no se ha definido, pues lo que se conoce presenta muchos vac�os para lo que son las aspiraciones de nuestro pa�s.
Se hace indispensable una amplia discusi�n sobre todos los puntos discrepantes en conflicto: un verdadero debate de confrontaci�n de ideas, de deliberaci�n, de di�logo. Pues si es cierto que el TLC, como tratado internacional, est� sobre las leyes y decretos ejecutivos de Costa Rica, la defensa, en este caso, del patrimonio nacional debe hacerse entonces, s�lo por reformas constitucionales, pues no caben tampoco cl�usulas interpretativas si no son aprobadas por las partes involucradas en el tratado, ya que todas �stas est�n obligadas a cumplir sus disposiciones y donde la buena fe es cosa de conciencia de los firmantes para aceptarla o rechazarla, pero solo en conjunto.
Planteadas as� las cosas, todo hace pensar que las actividades que abarca el tratado, involucradas en bienes como salud, educaci�n, recursos h�dricos, seguridad, fortalecimiento del ICE, telecomunicaciones, seguros y de otras instituciones del Estado y privadas, no se podr�n proteger con leyes, decretos y menos con cl�usulas interpretativas, si no s�lo con reformas constitucionales, porque si no el pa�s y el Estado pueden perder derechos.
Repasemos entonces, para la debida consideraci�n, algunas normas del TLC que si se implantan tal como est�n, podr�an acabar con el esp�ritu de solidaridad que a�n nos queda y el bienestar social de Costa Rica, pues es sospechosamente cre�ble que traer�an mucho menoscabo y muy pocas ventajas para casi todos sus habitantes y s� opulencia para una escasa minor�a, profundiz�ndose la brecha social.
Entre el patrimonio costarricense en peligro de enajenarse, si en lugar de reformas constitucionales nos atenemos a emitir leyes, decretos y cl�usulas interpretativas, podemos enumerar los siguientes bienes en riesgo: la biodiversidad, los recursos marinos, la agricultura, la seguridad alimentaria, los bosques, la miner�a, los recursos petroleros, los gen�ricos medicinales, los seguros, las telecomunicaciones y los recursos hidroel�ctricos, entre otros. En conjunto ser�a afectada la soberan�a nacional.
A todas estas dudas debemos agregar el pronunciamiento sobre el tema dado por la Junta de Notables, integrada por don Franklin Chang, don Jorge Manuel Dengo, don Alejandro Cruz y don Gabriel Macaya, quienes no recomendaron el TLC tal como est� planteado. Tambi�n los consejos universitarios de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, del Instituto Tecnol�gico, adem�s de la Defensor�a de los Habitantes y del Consejo de Cooperativas se pronunciaron en contra.
Si a todas estas inconveniencias agregamos que por cuestiones de legislaci�n de los pa�ses, seg�n parece, para Estados Unidos el TLC tiene categor�a de acuerdo o convenio, por lo que est� debajo de sus leyes y para Costa Rica lo tiene de tratado internacional, por lo que est� sobre nuestras leyes, tenemos que llegar a la conclusi�n de que el pacto en disputa tiene un defectuoso dise�o para Costa Rica y que es imperativo, en bien de la Patria, corregir en la forma que corresponda, lo que de �l le hace da�o a Costa Rica, para bien de todos sus habitantes en primer lugar. Y para evitar, en segundo lugar, que algunos se aprovechen del disgusto que un tratado mal dise�ado pueda provocar, con el objeto de organizar dilatadas manifestaciones y hasta luchas callejeras, no se sabe por cu�nto tiempo, que rompan el orden y la paz en que todos debemos seguir viviendo.
(La Prensa Libre)
Columnista huésped | 22 de Noviembre 2006
1 Comentarios
Hola.
Te encontr� buscando sobre seguridad alimentaria.
Muy interesante la exposici�n.
saludos