Por Porfirio Mu�oz Ledo
El poder del Estado que, en esta coyuntura, goza de mayor legitimidad es el Congreso de la Uni�n. Las partes en contienda y los grupos parlamentarios que las expresan reconocen que ambas c�maras son por hoy el �nico espacio para el di�logo y el acuerdo pol�tico.
En esa medida, el Poder Legislativo es el reducto del orden constitucional. El Congreso est� destinado a jugar un papel fundamental en la soluci�n de la crisis. No es presumible que pueda ser disuelto por un golpe de mano antes de la expiraci�n de su mandato el �ltimo d�a de agosto de 2009.
Todo hace pensar, por el contrario, que la salida del conflicto transcurra por el cauce de la reforma de las instituciones pol�ticas: esto es, de una nueva constitucionalidad.
Parad�jicamente, el Congreso hereda un s�lido desprestigio por la incapacidad de las legislaturas anteriores en la concreci�n de los cambios legales indispensables para la consolidaci�n de la democracia. Ciertamente, la responsabilidad primordial en la promoci�n de esas reformas correspond�a al primer Ejecutivo de la alternancia. Pero una vez que �ste abdic� de su misi�n, los parlamentarios quedaron atrapados en la par�lisis pol�tica y carecieron de la visi�n y la entereza para suplir el desistimiento presidencial.
Esta Legislatura, cuyo mandato enmarca el tiempo del conflicto, est� obligada a ejercer en plenitud sus atribuciones.
Como lo proclamaba la Constituci�n precursora de 1814, “el cuerpo representativo de la soberan�a del pueblo ser� el Supremo Congreso Mexicano”.
Cualquiera que sea el resultado de la controversia sobre la legitimidad del Ejecutivo, �sta tendr� que expresarse en transformaciones radicales del orden jur�dico vigente.
�sa es la raz�n por la que no ha tenido eco alguno la propuesta formulada por el presidente designado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n.
Una vez zanjada la disputa por las parcelas de autoridad en el interior de las c�maras, �stas habr�n de abocarse, en t�rminos de urgencia, a la elaboraci�n de una agenda legislativa que corresponda a la profunda erosi�n institucional que ha sufrido la Rep�blica y a la necesidad de enderezar el rumbo de la pol�tica econ�mica y social.
La primera de las cuestiones es la vigencia del presidencialismo. Parece indispensable modificar el r�gimen de gobierno con el prop�sito de asegurar la formaci�n de mayor�as estables.
No menos importante es la apertura del sistema mediante la adopci�n de f�rmulas de democracia directa y participativa: el refer�ndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocaci�n del mandato y la responsabilidad ciudadana en la gesti�n de los asuntos p�blicos.
La descentralizaci�n del poder y la rendici�n de cuentas son igualmente necesarias para el establecimiento de un estado de derecho. Habr�a que atacar con seriedad la distribuci�n de las competencias federativas y emprender una reforma municipalista de gran calado.
Resolver, a trav�s de una Constituci�n del Distrito Federal, las contradicciones entre el gobierno federal y el de la capital. Urgentes son, en fin, las reformas pendientes a la administraci�n de justicia y los controles efectivos sobre los actos de la autoridad.
La crisis ha revelado el car�cter ineludible de las reformas electorales de tercera generaci�n.
Lo esencial es atajar la influencia del poder econ�mico en los comicios y la intromisi�n indebida de las autoridades sobre los �rganos y procesos electorales.
Tambi�n una revisi�n del contencioso que otorgue plena garant�a constitucional al sufragio. La derogaci�n de la reciente Ley de Radio y Televisi�n y la redefinici�n constitucional de los medios electr�nicos son requisitos para la sobrevivencia de la democracia y el rescate de la ciudadan�a.
Algunos aluden nuevamente a los pactos de la Moncloa y a los consensos que hicieron posible la transici�n espa�ola. Tal vez no haya todav�a condiciones para una acuerdo de esa envergadura; pero el Congreso deber� enfrentar en el corto plazo las reformas que permitir�an trascender el ciclo neoliberal.
Tanto la reforma energ�tica como la fiscal y la laboral han de ser planteadas desde diferente perspectiva. Se trata de fortalecer la rector�a de la naci�n sobre sus recursos naturales, de modernizar el sector energ�tico y de garantizar su autonom�a financiera. Ello requiere un cambio profundo de los ordenamientos y las instituciones fiscales, de naturaleza redistributiva. La cuesti�n laboral abarca sin escapatoria la democracia sindical, la elevaci�n del salario, la promoci�n del empleo, el rescate de la seguridad social y la reconstrucci�n del r�gimen de pensiones.
Muchos son los temas, en verdad estructurales, que debieran abordarse de inmediato. Entre otros, los relativos a la recuperaci�n de la laicidad del Estado, a la ampliaci�n y mejoramiento de la educaci�n p�blica, a la revoluci�n cient�fica y tecnol�gica, la promoci�n de la cultura y la nacionalizaci�n de la pol�tica exterior; sin olvidar la renegociaci�n de los tratados de comercio y la estrategia para una inserci�n diferente en la globalidad.
No habr�, sin embargo, soluci�n posible para el pa�s sin una revisi�n integral de la Constituci�n. �se es el acuerdo primordial al que deben llegar las fuerzas pol�ticas.
Al respecto hay suficiencia de estudios, agendas, iniciativas y aun consensos preliminares.
Lo que no se ha decidido es el m�todo para emprenderla. Sobre todo, ha escaseado la voluntad de hacer gran pol�tica.
Si bien el Congreso es la sede principal para ese ejercicio, no deber�amos olvidar el derecho de iniciativa que corresponde a los congresos de los estados y la expectativa de los actores econ�micos y sociales; ni aunque el ejercicio originario de la soberan�a reside en el pueblo. En tal virtud, el procedimiento que se adopte habr� de comprender a todos los interesados.
Es natural que se reabra el debate sobre la viabilidad de un Congreso constituyente; pero, salvo que lleg�semos a una crisis mayor, ser�n v�lidos los argumentos en su contra que invocan la vigencia de los art�culos 135 y 136 de la Constituci�n. Sin embargo, esas disposiciones no resuelven en definitiva la adopci�n del procedimiento m�s incluyente y expedito para una reforma de la dimensi�n que se requiere.
Hab�amos propuesto en el 2000 la incorporaci�n de un transitorio constitucional que determinara la creaci�n de una comisi�n especial del Congreso responsable de elaborar el proyecto y de abrir la consulta con otros �rdenes de gobierno y organizaciones civiles.
Ante el bloqueo legislativo propusimos, tres a�os m�s tarde, la creaci�n de una comisi�n nacional en la que participasen representantes del Congreso de la Uni�n, de los congresos estatales y de los municipios, as� como de los partidos pol�ticos y especialistas calificados.
El resultado de esos trabajos ser�a sometido al Congreso para seguir el procedimiento previsto por la Constituci�n.
En las presentes circunstancias la movilizaci�n popular habr� de erigirse en el impulso mayor de las transformaciones.
La convenci�n nacional democr�tica previ� la celebraci�n de un plebiscito para desencadenar el proceso.
En todo caso, es �sta una ocasi�n inmejorable para construir la unidad nacional desde la base.
Es el momento de restablecer la polis extraviada.
(El Universal)
Columnista huésped | 2 de Octubre 2006
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