Por Ricardo Harbottle Chinchilla
A partir de los a�os 70 se produjo un grave desequilibrio entre los salarios del Sector P�blico y el costo de la vida.
La �nica v�a legal que exist�a para equilibrar esa situaci�n eran los Laudos, pero la Administraci�n, para tratar de evitar el costo econ�mico de los reajustes salariales, obligaba a los negociadores a aceptar una serie de cl�usulas dispares que a menudo ca�an en el absurdo, seg�n las ocurrencias de los representantes del gobierno, y ello signific� que cada instituci�n tuviera formas diferentes de poder �camuflar� los reajustes salariales sin que existiera una pol�tica general del Estado, de lo cual ciertamente algunas organizaciones sindicales se aprovecharon para obtener prebendas y privilegios que desde luego son censurables, pero que dentro del volumen de las convenciones suscritas no es m�s que un uno por ciento y en que existi� complicidad de las altas esferas gerenciales de esas instituciones por ser potenciales beneficiarios de aquellos privilegios.
Es necesario admitir la necesidad de la reducci�n del aparato del Estado y la racionalizaci�n del gasto p�blico, pero ello requiere una planificaci�n de la pol�tica de empleo que lejos de convertirse en un despojo arbitrario de los derechos del empleado p�blico, transforme aquella relaci�n hacia los nuevos empleados siendo imperativa la promulgaci�n de un Estatuto de Empleo P�blico que incluya a todos los empleados p�blicos sin excepci�n.
Lo l�gico habr�a sido efectuar un cambio generacional que en forma paulatina fuera racionalizando esos pocos casos de los que se han servido los enemigos del empleado p�blico para desacreditar la negociaci�n colectiva .
Los �ltimos votos de la Sala IV en materia laboral son la culminaci�n de una corriente pol�tico-jur�dica que consisti� en la promulgaci�n de distintas normas y resoluciones de los Tribunales de Justicia que en algunos casos restring�an y en otros denegaban derechos de los trabajadores tanto del Sector P�blico como del Privado.
En lo que se refiere al Sector P�blico son incontables las normas que en las �ltimas dos d�cadas se han emitido con el evidente prop�sito de cercenar esos derechos y es reiterada la Jurisprudencia que ha variado la relaci�n de empleo p�blico.
Ejemplo de ello es el voto de la Sala IV de 1992, que forzando argumentos supuestamente constitucionales declar� contraria a la Constituci�n la negociaci�n colectiva as� como los reiterados votos de esa Sala que establecen el marco para que los tribunales de trabajo, con violaci�n de toda la doctrina y del Derecho Positivo Laboral, incluyendo la Constituci�n, eliminen derechos irrenunciables como es el del respeto a los Derechos Adquiridos lleg�ndose al extremo de que la Sala IV ha definido esos derechos como aquellos que el empleado tiene hasta que se le quiten, argumento incomprensible desde el punto de vista jur�dico, m�s viniendo de una Sala Constitucional.
(La Prensa Libre)
Columnista huésped | 15 de Julio 2006
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