Mis reflexiones del mi�rcoles sobre la acci�n directa de los ciudadanos, en la calle y protestando contra la conducta de los funcionarios (nombrados o elegidos), me llevan a consecuencias que necesito compartir con ustedes.
Es cierto que en una rep�blica ordenada, los representantes populares elegidos son los llamados a tomar las grandes decisiones. De esa premisa parten todos cuantos adversan los desfiles callejeros de protesta.
Pero hay que reflexionar sobre la conducta de los ciudadanos si los dignatarios elegidos se apartan de las premisas b�sicas que condujeron al pueblo a votar por ellos, y se van al lado opuesto.
Veamos esto: Durante d�cadas, el pueblo eligi� gobernantes, si no comprometidos, al menos no adversarios de lo que llamamos el Estado de Bienestar (Welfare State, para complacer a algunos). Y logr� as� el pueblo una rep�blica con una concepci�n distinta, un desarrollo diferente y una enorme ventaja social sobre las otras de Centroam�rica. Esto fue el producto acumulado de los gobiernos de Alfredo Gonz�lez Flores, Ricardo Jim�nez, Rafael Angel Calder�n Guardia, Jos� Figueres, Otilio Ulate, Mario Echandi, Jos� Joaqu�n Trejos, y Daniel Oduber. La crisis petrolera impidi� que a partir de 1980 Rodrigo Carazo y Luis Alberto Monge reforzaran esa rep�blica de bienestar, cuyo desmantelamiento comenz� en 1986.
Pero vienen unos negociadores, y, dentro de un tratado comercial que contiene indudables ventajas comerciales, incluyen o aceptan un compromiso de permitir que grandes empresas capitalistas transnacionales (de las que nos cost� much�simo librarnos), vengan a “competir” (el poder financiero bien puede transformar el verbo competir en el verbo destruir) con lo que los ticos construimos ladrillo por ladrillo.
Y de paso, comprometen a los diputados del futuro a dictar leyes con las que no se sabe si estar�n de acuerdo.
Si se afirma que est�n obligados a legislar contra sus convicciones, eso significa que habremos sacrificado buena parte de la soberan�a popular, y le estamos prohibiendo al pueblo que elija diputados que no est�n de acuerdo con lo que firmaron los benem�ritos negociadores.
Pero ese no es mi punto de hoy, sino este otro: �Qu� recurso les queda, pongo por ejemplo, a los ciudadanos que eligieron a la actual fracci�n liberacionista, y que votaron por un partido que ha sido el adalid del Estado de Bienestar, cuando ven a los diputados de ese partido aprestarse (sea por orden de un l�tigo o espont�neamente, que cada uno cargue con lo suyo) a favorecer con su voto que Costa Rica se convierta en la Rep�blica capitalista que siempre se ha negado a ser, y que el Partido Republicano de Estados Unidos est� empe�ado en que sea?
Algunos nos fuimos de Liberaci�n cuando vimos a una diputaci�n de ese partido votando el combo del ICE, pero antes desfilamos orgullosamente por la calle. Resistencia pasiva. Desobediencia civil.
Es muy f�cil hablar de las ventajas econ�micas que traer� el TLC, aunque no ser�n para muchos y, como dicen los notables, desarrollo econ�mico no es sin�nimo de desarrollo humano. Pero el precio que nos le est�n poniendo al desarrollo econ�mico es muy alto. Y estoy seguro de que muchos liberacionistas expresar�n su protesta contra los diputados, desfilando.
(La Rep�blica)
Alberto F. Cañas | 30 de Octubre 2005
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