Un tridente perverso tiene ahogado al Estado costarricense, el triple y combinado ataque del clientelismo, el patrimonialismo y la ideología antiestatal. El clientelismo es el uso de los recursos públicos para comprar lealtades. A lo largo de décadas, las autoridades enviaban una vagoneta por allí o unas latas de zinc por allá con el fin de amasar clientelas populares. Para los clientes con poder de compra, había contratos y licitaciones amañadas.

El patrimonialismo es el uso de los recursos públicos como si fueran privados. A su amparo, prosperaron redes de corrupción que con el tiempo crearon dos castas muy perniciosas: la de los políticos-empresarios, señores que luego de dos años como aforadores de aduanas, oficiales mayores o directivos aparecían con fincas y mansiones, todo con cargo al erario público (¡chingo de tarjeta de débito!). Por otra parte, la de los infiltrados, gremios y proveedores bien conectados, que asieron el control de entidades públicas, torcieron políticas y compras a su favor y bloquearon cambios inconvenientes a sus intereses.

Y, como si fuéramos pocos, parió la abuela. En los años noventa se afincó en el país una ideología antiestatista. Para esta, el Estado es siempre parte del problema y nunca de la solución, por lo que se propuso debilitarlo a toda costa aun en los temas donde había un interés superior de por medio. El mercado era la varita mágica que todo lo arreglaría. Bajo el disfraz de la reforma del Estado, orientada a combatir los evidentes males del clientelismo y patrimonialismo rampantes, se propuso asfixiar al Estado. Más que ponerlo a dieta y obligarlo a ser eficiente, amputó brazos y piernas como método para bajar de peso.

Hoy vivimos las consecuencias de este maridaje mal avenido de décadas de “socialchorizo” y de imprudencia ideológica. Tenemos un Estado con más rotos y remiendos que zapato viejo, un Estado inútil que nadie quiere pero que todo mundo juzga necesario. (Hoy sabemos que con el Estado no se logra el desarrollo, pero sin él es imposible). Todo esto cuesta muy caro al país: implica renunciar al progreso y desprotege a las poblaciones más vulnerables. Pero, además, pensemos que detrás de cada chambonada e inacción sigue estando el negocio de fulano y la clientelita de zutano.

No es momento de grandes dogmas ideológicos sino de apostar a soluciones sensatas a problemas medulares, que serán necesariamente híbridas porque nadie tiene la receta mágica. Uno quisiera refundar el Estado tout court pero no están dadas las condiciones políticas. Una buena ruta es centrarnos en dos o tres grandes temas y resolverlos. Finanzas públicas, evaluación de políticas e infraestructuras públicas son mis candidatos.

(La Nación)