* Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sobre el Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria.

CONSIDERANDO QUE:

1. La Constitución Política de la República de Costa Rica establece en el artículo 88: Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente el criterio del Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas.

2. Este proyecto de reforma tributaria, por las reformas que incorpora y el impacto directo que tendrá en la sociedad costarricense, debe ocupar un lugar de relevancia en la agenda nacional y debe ser discutido y analizado por medio de un amplio proceso de deliberación democrática, con el objetivo de lograr una reforma fiscal que sustente una estructura tributaria justa. Este proceso de debate de carácter democrático no se ha dado y, por el contrario, se han seguido procedimientos que limitan el debate nacional y la posibilidad de incorporar modificaciones y cambios a un proyecto que, de aprobarse, tendrá un fuerte impacto en todos los sectores del país.

3. Para legitimar cualquier reforma tributaria, es necesario que el Gobierno emprenda una acción efectiva en contra de la evasión fiscal, en particular, en el caso de los sectores de mayores ingresos y más ricos del país.

4. La evasión fiscal en Costa Rica es un tema trascendental para los ingresos del Estado. Según datos de la Contraloría General de la República (2009 y 2010), la alta evasión no es solo una percepción de la ciudadanía, sino, más bien, una realidad que impera en el sistema. En ese estudio se señala que la evasión en el impuesto sobre la renta supera el 60% del ingreso posible de recaudo, lo que equivaldría a un monto cercano al 4% del PIB. La reforma propuesta pretende recaudar apenas un 2% adicional del PIB.

5. En el caso del impuesto sobre las ventas, según el informe DFOE-SAF-IF-10-2010, emitido por la entidad fiscalizadora en noviembre del año 2010, el índice de evasión supera el 20%, lo que representa alrededor de un 1,29% del PIB.

6. Los datos anteriores reflejan la imperiosa necesidad de un esfuerzo mayor de parte del Estado costarricense para mejorar la recaudación de los impuestos. Aun cuando reducir la evasión a cero no es factible, como lo ha demostrado la experiencia internacional, se debe aspirar a una reducción sostenible de esta.

7. Un sistema con altos grados de evasión carece de legitimidad frente a la ciudadanía, pues se pierde la equidad que debería constituir uno de los postulados fundamentales de todo sistema tributario.

8. La Contraloría General de la República, en su estudio DFOE-SAF- IF-16-2009 “Impuesto sobre utilidades estudio estadístico de la base y la evasión actualización”, en el acápite de Disposiciones, pide al Ministerio de Hacienda: Impulsar y/o ejecutar, en coordinación con el Poder Ejecutivo y las dependencias de otros poderes que corresponda, las acciones necesaria que permitan y aseguren una reducción sustancial del índice de evasión del Impuesto sobre las Utilidades: c) Impulsar, en lo que resulte procedente y de acuerdo con la valoración de ese Ministerio, el trámite de las reformas legales y normativas para prevenir o minimizar prácticas elusivas o de evasión en el citado Impuesto sobre las Utilidades, así como otras que eventualmente procedan para aumentar el margen tributario y regular temas relevantes como acceso a información independiente de sujetos pasivos, precios de transferencia, grupos de interés económico, racionalización de los incentivos tributarios, derechos de los contribuyentes, entre otros.

9. El actual Proyecto de Ley Solidaridad Tributaria no es una propuesta integral de reforma fiscal que resuelva, de forma global, los problemas hacendarios que tiene el Gobierno Central costarricense.

1. De forma previa a la aprobación de una propuesta de reforma fiscal, el Gobierno y los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa deberían impulsar una propuesta orientada a fortalecer la Administración Tributaria, mejorar la planificación del gasto público y la rendición de cuentas, así como las medidas y las propuestas para la reducción de la evasión fiscal. También, sería necesario legislar para incluir la programación presupuestaria plurianual y la revisión de los procedimientos de contratación pública.
2. La integralidad en la reforma fiscal requiere la construcción de un acuerdo social que defina las prioridades que tendría el gasto público y la orientación de la política pública en el corto, mediano y largo plazo.
3. La reforma tributaria debe contemplar un moderno y equilibrado diseño, que sirva como herramienta para redistribuir la riqueza y alcanzar la justicia tributaria. En términos de balance, dado el peso que tendría el IVA en la generación de los ingresos tributarios, su estructura de ingresos es muy similar a la actual y, por tanto, seguirá teniendo una orientación regresiva.
4. Si bien en el proyecto se introducen los impuestos a la renta global y a la renta mundial, de orientación progresiva, la forma en que están plasmados en el proyecto hace poco factible su ejecución.
5. En la propuesta del Gobierno, el 1% más rico sigue siendo exonerado de contribuir fiscalmente sobre la base de su capacidad económica. En otros países recientemente se han introducido impuestos progresivos, como el impuesto al patrimonio o al capital.

15. El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, en la sesión N.° 5592, señaló que es indispensable que se conserve el espíritu inicial de la Ley del Impuesto de Renta y la de Ventas en las exenciones para salvaguardar la hacienda universitaria, con el propósito de asegurar los recursos necesarios para la realización de actividades de gran impacto en la sociedad costarricense.

ACUERDA

1. Manifestar a la opinión pública que la Universidad de Costa Rica no estima conveniente para el país la aprobación del Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria. Expediente 18.261.

2 . Instar al Gobierno de la República a:

2.1. Presentar, con carácter de alta prioridad, propuestas orientadas a fortalecer la Administración Tributaria y a reducir la evasión fiscal, sugeridas por la Contraloría General de la República.

2.2. Impulsar un proceso que conduzca a un acuerdo nacional que defina las prioridades del gasto y la orientación de la política pública en el corto, mediano y largo plazo, con amplia participación democrática.

3. Solicitar a las fracciones legislativas iniciar un nuevo proceso para promover una reforma tributaria integral de carácter progresivo y orientada al logro de la justicia fiscal.

4. Publicar en los diferentes medios de comunicación el presente acuerdo y darle la mayor difusión.

ACUERDO FIRME