Entre tantos otros, el problema fundamental que presenta el llamado Plan Escudo es que, en realidad, no propone nada que permita enfrentar el problema del empleo, que es el reto fundamental que la crisis plantea. A ello me he referido en mis dos artículos anteriores. Y aquí es esencial tener claro un asunto: no basta con aplicar políticas que intenten estimular la producción si, al mismo tiempo, no hay demanda que permita dar salida a esa producción. Y acontece que ya estamos experimentando un frenazo en seco de la demanda. La que proviene del resto del mundo -trasmitida vía exportaciones y turismo- está cayendo en picado. Algo similar ocurre a lo interno de nuestra economía, ya que la gente y las empresas están cortando gastos e inversiones. Esto último tiene varias causas, en particular los altísimos niveles de endeudamiento acumulados al cabo de varios años de desorden y exceso crediticio. Ello nos ha llevado límites que ya se volvieron peligrosos, sobre todo cuando el Banco Central, que apenas ayer propiciaba con ligereza esa borrachera crediticia, ahora opta por lanzar hacia arriba las tasas de interés. Y lo peor de todo es que ambos efectos -el externo y el interno- se anudan y se refuerzan mutuamente, dando lugar a una espiral descendente muy peligrosa.
1. Política fiscal: posibilidades y limitaciones
Eso es lo que estamos viviendo, cosa que los datos más recientes publicados por el Banco Central ratifican con particular crudeza. La economía de Costa Rica está derrumbándose a un ritmo que no veíamos desde la crisis de inicios de los años ochenta. Esto debería provocar alarma. En cambio, es asunto recibido con tibieza, y casi con indiferencia, por las autoridades económicas. Al parecer, la liturgia neoliberal pesa más que la realidad económica.
En mi artículo anterior propuse, aunque solo fuese a título preliminar, algunas posibles opciones para enfrentar ese problema. Se trata de política fiscal, es decir, política que utiliza el gasto público como instrumento para generar demanda y estimular la economía. No cualquier gasto, por supuesto, sino un gasto que se asigne de forma selectiva, para crear empleos con rapidez, generar demanda por insumos producidos por empresas nacionales y crear condiciones que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo.
Sin embargo, el ejercicio de la política fiscal en los términos sugeridos comporta algunos problemas importantes, asociados a ciertas características básicas de la economía costarricense, en particular su alto nivel de apertura externa o, dicho en sencillo, su elevada dependencia respecto de las importaciones. Por ello, el gasto público, que dinamiza la demanda a lo interno, al mismo tiempo repercute sobre las importaciones y, entonces, agudiza los desequilibrios negativos que tenemos en la balanza de pagos. Con un agravante: esos desequilibrios se han mantenido en niveles peligrosamente elevados, como efecto tardío de la locura especulativa de los años anteriores. La recesión que ya empezó a sentirse, los hará disminuir. Pero en cuanto se intente impedir la caída de la economía y generar empleos vía política de gasto público, es muy probable que esos desbalances crezcan de nuevo, lo cual crearía la amenaza de devaluación de la moneda, cosa sin duda muy perjudicial.
Por supuesto, están además los presuntos efectos inflacionarios que podría tener esa política de gasto público. De momento no profundizaré al respecto. Tan solo diré que, por diversas razones, considero que ese es un falso problema.
2. Complementar y reforzar la política fiscal
En todo caso, y ante el riesgo que representaría un eventual aumento pronunciado de las importaciones ¿significa que, entonces, debemos renunciar a hacer política fiscal de modo que lo único que nos queda es permitir que la economía se desplome? Eso sería terrible, no obstante lo cual incluso políticos, que se presumen de oposición al neoliberalismo, parecen opinar de esa forma. Por mi parte, creo que aún quedan varias opciones disponibles, todas audaces y, sin duda, nada ortodoxas. Las explico brevemente a continuación.
Primero, intervenir directamente la balanza de pagos, a fin de restringir las importaciones de todo tipo de bienes que, razonablemente, podamos considerar como suntuarios o prescindibles (como autos de lujo o televisores de pantalla de plasma). No se dejará de importar nada que sea necesario para el normal funcionamiento de la economía o para preservar la calidad de vida de las personas (como medicinas, libros o productos alimenticios que no se producen en Costa Rica). El objetivo es atenuar el crecimiento de las importaciones y su efecto sobre los desequilibrios de la balanza de pagos.
Segundo, establecer controles sobre los movimientos de capitales a fin de prevenir fugas de capitales que desestabilicen el tipo de cambio y dañen la economía.
Una advertencia se hace, sin embargo, necesaria: estas dos recomendaciones que acabo de formular entran en contradicción con el TLC (en general, con todos los TLC firmados). Son medidas necesarias y convenientes desde el punto de vista económico y social, pero quizá resultan legalmente inviables porque el TLC prohíbe ponerlas en práctica. Ello vendría a corroborar algo que, en su momento, advertimos: que el TLC nos dejaba desarmados frente a eventuales situaciones de crisis. En todo caso, la pregunta relevante no es si debe respetarse el TLC y sus estipulaciones. Lo realmente importante es preguntarnos si permitiremos que la crisis nos golpee con toda su crudeza y se cobre miles de víctimas entre nuestra gente más pobre y vulnerable.
Finalmente, hay una tercera opción de política que, creo, debería aplicarse en conjunción con todas las anteriormente mencionadas. Recordemos que somos una economía pequeñita y muy abierta hacia la economía mundial. Ello nos hace muy vulnerables y, además, limita nuestra capacidad de respuesta ante situaciones tan problemáticas como la actual. Preguntémonos: ¿De qué forma podríamos compensar -al menos de forma parcial- esa pequeñez y vulnerabilidad? La respuesta me parece obvia: concertando esfuerzos y políticas con otros países pequeños -en especial los centroamericanos- para así enfrentar de forma mancomunada la crisis.
Los seis presidentes centroamericanos -incluyendo Panamá- deberían haber empezado, desde hace ya varios meses, a diseñar estrategias conjuntas. Sobre todo en dos ámbitos relacionados y complementarios: la puesta en marcha de política fiscales (gasto público) concertadas y el incentivo al comercio regional. Ello permitiría contar con una base más amplia, cosa que, a su vez, haría que las políticas ganen en viabilidad y sostenibilidad.
Aún así, Centroamérica sigue siendo un espacio económico pequeño. Por ello, conviene buscar apoyos más allá de este ámbito regional, especialmente entre países suramericanos y organismos -como el Banco del Sur- que podrían dar respaldo financiero sobre la base de criterios de solidaridad y sin ataduras a indeseables condicionamientos (como sin duda acontece con el FMI, el BID o el Banco Mundial).
Por supuesto, no es esperable que el gobierno de Arias tenga voluntad para considerar ninguna de estas posibilidades. Pero ese es un detalle que, de tan obvio, resulta secundario. Lo verdaderamente relevante es otra cosa: ¿qué propuestas y políticas estamos en capacidad de formular, impulsar, defender y exigir desde las organizaciones ciudadanas, el movimiento social progresista y los partidos opuestos al neoliberalismo?
Tengamos clara una cosa: la oligarquía no querrá salvar al pueblo de la crisis. Tan solo querrá salvarse a sí misma ¿Vamos a permitirles que descarguen los costos de esta penosa situación sobre los grupos medios, las clases trabajadoras y la gente más pobre?
Luis Paulino Vargas Solís | 15 de Febrero 2009
1 Comentarios
Interesante ver cómo alguien propone revivir al fracasado modelo de “sustitución de importaciones”, presentándolo como una idea novedosa para enfrentar la crisis económica presente y futura.
El introducir distorsiones que dificulten las importaciones para, supuestamente, favorecer la producción nacional y un falso sentimiento de nacionalismo no funciona.
La razón es simple: va en contra del interés de los consumidores. En un sistema económico todos somos consumidores. Medidas como controles de precios, restricciones a las importaciones y el obligar a las personas a consumir lo nacional simplemente sirven para que los precios locales aumenten y el menú de alternativas disminuya. Eso lo explicó con claridad Adam Smith, en la Riqueza de las Naciones.
“Ampliar el mercado y reducir la competencia, es siempre el interés de los mercaderes. Ampliar el mercado podríamos acordar frecuentemente sirve al interés del público; pero reducir la competencia debe siempre estar en contra, y puede servir únicamente para permitir a los mercaderes, al aumentar las utilidades por encima de lo que serían naturalmente, para imponer, para su beneficio propio un impuesto absurdo sobre el resto de sus conciudadanos.” —Adam Smith, 1776.
Saludos cordiales,
Luis E. Loría