La propuesta de la rebaja de las cargas sociales atribuibles a las planillas - plantillas o nóminas- de los trabajadores como instrumento para combatir la crisis económica y financiera en ciernes que presenta el editorial pascual de La Nación (24/12/08), a la par del reclamo de otros “incentivos” a favor de la empresa privada, es un asunto que amerita ser bastanteado desde diversos ángulos, pero, inevitablemente, bajo la premisa sugerida por Lic. Alberto F. Cañas en La República del 20 de junio de 2008 - aunque ahora la cuestión se emperejile con nuevas yerbas-:
“Ya dijo la primera maquiladora que prefiere estar en Guatemala, presumo que porque allí las cargas sociales son menores. De manera que, estimados neoliberales costarricenses, a propugnar la disminución de nuestras cargas sociales para que Costa Rica sea competitiva, que es más importante que ser solidaria y justa…”
Tal como lo hemos sugerido en otro lugar, no se mantienen estables los niveles de empleo únicamente dispensando las deudas asociadas a las planillas si eso no conlleva exigencias sobre responsabilidad patronal para incrementar los índices efectivos de ocupación, y disposiciones compensatorios para mitigar la desprotección de los desocupados.
En segundo término, hay países como Argentina, que restrictivamente aplica ese beneficio de reducción, que no de exoneración, de cargas sociales, a favor únicamente de las Pyme que contraten nuevo personal, no a las que lo mantienen cuantitativamente igual, como lo pretende indiscriminadamente el citado matutino.
Por otra parte, la exoneración de pago a favor del sector patronal debe tener su contrapartida contable para evitar los desajustes asociados a ese subsidio. Por eso, lo que dejen de pagar los patronos, alguien lo debe saldar, poniéndose en peligro, en primer lugar, la estabilidad de la seguridad social si la factura la deban costear los trabajadores con base en los principios de solidaridad que informan esa materia; la otra vía, alterna y tortuosa, podría ser aquella en la que el gobierno asuma esa obligación para lo que tendrá que apoyarse, ya sea en una fuente de naturaleza presupuestaria o, en su defecto, tributaria. (Tómese en cuenta que no median solamente prestaciones sanitarias sino también jubilatorias y por causa de muerte que se registran en cuentas individuales). Está claro que el baile no es gratis.
Si los neoliberales ticos hubiesen actuado en consecuencia, hoy la cancha estaría pareja -hacia abajo- con Centroamérica, en demérito de nuestra democracia económica pero, eso sí, sin chivos expiatorios de última hora.
El tema de la reducción de las cargas sociales hay que verlo también a la luz del derecho comercial internacional para determinar si se ajusta a los postulados del librecambismo que son el férreo marco de referencia de los tratados comerciales hoy en boga.
Como se sabe, esos pactos se oponen firmemente, una vez suscritos los respectivos instrumentos, a las ayudas estatales o subsidios que se otorguen a las empresas.
Es así como el Tratado de la Unión Europea (TUE) establece en la Sección II del Capítulo I, denominado “Ayudas otorgadas por los Estados”, correspondiente al Título VI, en su artículo 87, y en lo pertinente:
“1. Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, …, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.”
Por su parte el TLC con EU, Centroamérica y R. Dominicana establece en su Preámbulo, como declaración solemne de principio en el terreno laboral: “CREAR nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida en sus respectivos territorios…”
Además, especialmente prolija y celosa es esa normativa en el terreno de la no distorsión estatal de la libre competencia, baste para nuestros efectos con citar el principio general recogido en la cláusula 8-02: “Las Partes rechazan toda práctica desleal de comercio internacional y reconocen la necesidad de eliminar los subsidios a la exportación y otras políticas internas que causen distorsiones al comercio.”
Como se ve, el principio cardinal sobre la prohibición de los subsidios en ambos documentos es idéntico.
Pues bien, ya el tema de las reducciones de las cargas sociales ha sido resuelto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) según sentencia del 5 de octubre de 1999, estimando esa medida como contraria al art. 87 TUE precitado, doctrina que se reafirma en la sentencia de ese Tribunal sobre el Asunto Cockerill de 12 de diciembre de 2002 (Véase de Daniel Martínez Fons, Libre Competencia y Derecho del Trabajo, ed. La Ley, 2006, pp. 152 y ss).
Si, según lo dicho, el Estado no debe ni puede subsidiar a las empresas la disminución de las cargas sociales, ese costo tampoco podrían asumirlo los trabajadores en su conjunto, pues, por insensato, lesionaría el principio del TLC recogido en su Preámbulo, arriba copiado.
A fortiori, los otros “incentivos”, que también demanda editorialmente el citado periódico a favor de la empresa privada, no son de recibo. Por eso, antes de entrar a jugar hay que conocer muy bien las reglas de la competición, si no luego hay que aguantar.
Raúl Marín | 1 de Enero 2009
1 Comentarios
Por suerte que alguien reaccionó como lo hizo Raul Marin a este editorial de La Nación. Es increible que con todo y crisis financiera por los excesos que produce la desregulación y la economía salvaje de mercados sueltos, aquí en la periferia sigamos defendiendo la política conservadora de reducción de impuestos y cargas sociales a la empresa privada para favorecer presuntamente el crecimiento económico. Esto no es mas que una repetición de un mantra republicano sin tener la menor preocupalción por lo social y la equidad. No funcionó en EEUU y menos en CR la polítca de reducción de impuestos con el pretexto de “crecer”, pero crecer en un sentido desdigual, injusto y provocando una crisis donde sabemos quienes son los que pierden y quienes son los que ganana. La mentira de que estas politicas son iguales para todos tambien sabemos que no es así.
Sin embargo hay un problema ideológico de tremendo dogmantismo, que no es racional ni bien intensionado. Es un dogmatismo, en este caso económico, semejante a la religión y a meter a todo el mundo en el mismo canasto, como los hijos de Dios Mercado! Por favor, discriminemos y veamos quienes se benefician y quienes se perjudican cuando analizamos cualquier política pública.