Por Marina Ramírez Altamirano, politóloga
El Estado costarricense no responde hoy a las demandas sociales. La ineficacia gubernamental es evidente. La población hoy demanda mayores oportunidades de progreso y ascenso social, pero la globalización impone restricciones más severas en el manejo de las políticas económicas para lograr la competitividad. El desfase de nuestro orden jurídico fundamental, entre otras causas, contribuye a esta situación disfuncional que dificulta la actividad y la capacidad gubernamental, conocida como ingobernabilidad. La Constitución ha dejado de estar acorde con la realidad social.
Varios aspectos requieren revisión urgente.
1- La regulación del sistema político, sobre todo en lo que afecta la toma de decisiones y el ejercicio de la democracia. Hay una creciente dificultad en la toma de las decisiones políticas fundamentales, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde la Asamblea Legislativa. La aparición desarticulada y asistemática de nuevos órganos de control de la acción política, algunos de ellos de rango constitucional, sin arrebatarle competencias, ha desdibujado y debilitado el sistema presidencialista.
2- La conformación actual de la Asamblea Legislativa ha variado sustancialmente al obtener representación más destacada algunos grupos minoritarios que antes no estaban claramente representados, y al ser, en alguna medida, sustituidos los partidos políticos tradicionales, por otros de nuevo cuño con postulados ideológicos y representación de intereses diferentes. El sistema de mayorías para la toma de decisiones viene a ser menos contundente y necesariamente deben encontrarse las formas de diálogo y negociación que permitan la toma de decisiones con participación de todos los grupos representados en la Asamblea.
3- El modelo vigente para el acceso al poder político y su ejercicio, es hoy día del todo insuficiente cuando se promueve una mayor participación ciudadana y una democracia más activa. Los grupos sociales organizados son cada día más numerosos, su conciencia política más definida y los ciudadanos exigen hoy mayor flexibilidad para el acceso al poder público y la participación en las decisiones fundamentales del país, al margen de los partidos políticos.
4- La organización del Estado y la distribución de competencias en la Administración pública. El régimen presidencialista, ya debilitado en cierta medida con la creación de las instituciones autónomas, se ha venido atomizando en pequeños entes y órganos poseedores de competencias exclusivas y desligadas del Poder Central, con la consecuencia inevitable de producir una desarticulación del poder y de la acción gubernamental.
5- El régimen de la Hacienda Pública. El principio constitucional de caja única constriñe al gobierno a un modo de ejercicio presupuestario muy limitante. Y si además, se toma en cuenta la numerosa legislación que crea impuestos con destinos específicos, se comprende el difícil trabajo del Ministerio de Hacienda para tratar de conciliar toda esta normativa.
6- El régimen de empleo público y el Servicio Civil, que ha dejado de ser funcional en el tanto en que la estabilidad de los funcionarios se ha convertido en una verdadera inamovilidad dada la dificultad de los procedimientos de despido. Además, el sistema de retribución salarial que no toma en cuenta la productividad, dificulta gravemente la administración e impide la eficacia de los procesos públicos.
Estas y otras reformas necesarias justifican, a mi juicio, la convocatoria a una Constituyente. Queda por analizar la oportunidad y la viabilidad de esa convocatoria, en la situación política y el ambiente social que hoy vivimos.
(Página Abierta)
Columnista huésped | 6 de Enero 2009
1 Comentarios
Completamente de acuerdo con doña Marina. Un anàlisis sereno y objetivo de un tema que se tiñe de colores, segùn quien lo presente. Làstima, porque hace rato, las ideas o los proyectos, son malos o buenos, dependiendo no de su consistencia, sino de quien los presenta. Si don Albino Vargas habla de Constituyente la propuesta es mala para los ” neoliberales”,porque viene de la izquierda, si don Rodrigo Arias habla de ella, la propuesta es dañina porque viene de los neoliberales. Gracias doña Marina por despojarse de esos anteojos limitados y ver con luces largas el tamal y no las hojas. Hace rato que sin ofender a nadie, y solo mediando la rigurosidad de los argumentos, la observacia de la realidad, insisto en que fabriquemos una nueva legalidad para la nueva realidad. La gran reforma polìtica e institucional es indispensable para el paìs. Y acabarà por hacerse mañana o pasado mañana. Walter Coto