Por Mauricio Frajman L.
Décadas después de la caída de las dictaduras militares en América Latina, los medios de comunicación no dejan de festejar el “regreso a la democracia”: líderes políticos electos, libertad de prensa, semi-eliminación de la censura, casi inexistencia de presos políticos, no más desaparecidos ni torturados, ni exiliados. La ilusión óptica hace pensar que vivimos momentos de alegría, progreso y bienestar.
El poder económico, que es el mismo de las épocas oscuras de los gobiernos militares, se dio cuenta que es más barato, económica y políticamente, ejercer el control donde mejor sabe hacerlo, utilizando el dinero.
Sobre lo sucedido en aquella época ha habido distintas formas de reaccionar: el gran capital se lava las manos en relación a aquellos bárbaros que mancharon el verdadero poder con la fuerza bruta. En Chile, hasta la extrema derecha, con muy pocas excepciones, se aleja de la figura de Pinochet. En Uruguay hay una “reconciliación” con algunos asesinos procesados, mientras que en Guatemala, Ríos Mont tiene la desfachatez de presentarse como candidato presidencial, como si las decenas de miles de muertos bajo su gobierno no contasen, y en verdad no cuentan ya que, la mayoría, nada mas son indígenas y no son computados como seres humanos.
Probablemente la forma más perversa del cambio se da en Brasil, donde el Estado reconoció su responsabilidad en la represión, con base en lo cual promulgó una mal llamada Ley de Amnistía, a través de la cual, perseguidos políticos, presos, torturados, exiliados y familiares de muertos pueden recibir algunos reales de compensación y con esto, todo “vuelve a la normalidad”. Este proceso, que en mi opinión tiene cierto grado de justicia, no es llamado indemnización, como debería ser, sino amnistía, o sea la madre de alguien torturado y muerto recibe la “amnistía” de su hijo reflejada en algunas monedas.
En Brasil, ninguno de los torturadores y asesinos jamás ha sido juzgado y menos condenado.
En Sao Paulo funcionaba un centro de prisión y tortura, llamado DOI-CODI, dirigido desde octubre de 1969 hasta diciembre de 1973, por el coronel del ejército Carlos Alberto Brillante Ustra. En este período mas de 2000 personas, fueron presas y torturadas y 40 fueron asesinadas; muchas han sido las denuncias sin embargo estas no progresaron. Una familia de presos de apellido Teles denunció la prisión y tortura de cinco de sus miembros, incluyendo dos niños que en aquel momento tenían 5 y 6 años de edad, quienes a los pocos días fueron entregados a una familia de policías, sin embargo, el proceso por este caso fue suspendido.
El 22 de octubre del 2007, Ángela Mendes de Almeida y Regina Merlino, compañera y hermana respectivamente de Luis Eduardo da Rocha Merlino, presentaron una querella contra el coronel Ustra por la tortura y asesinato de Merlino. La querella fue acogida por el juez Carlos Henrique Abrao, quien, al aceptarla, afirmó que los crímenes contra la humanidad no prescriben, sin embargo el juicio no ha iniciado por los alegatos de los abogados de Ustra, quienes afirman, entre otras cosas, que la Ley de Amnistía es una especie de “punto final” en pro de la “reconciliación” del pueblo brasileño.
En estos momentos, el proceso de presentación de pruebas y declaración de los testigos, se encuentra en compás de espera por las apelaciones presentadas, existe una vasta jurisprudencia sobre el tema y tomando en cuenta la posición del juez Abrao, se calcula que el inicio de las deliberaciones no deberá tomar más que unos pocos meses.
Luis Eduardo era periodista del Jornal da Tarde, Folha da Tarde y Jornal do Bairro, militante del POC (Partido Operario Comunista) quien regresaba de un viaje a Francia donde había ido a hacer contactos políticos con Michael Lowy y otros dirigentes de la IV Internacional. Fue preso en la casa de su madre el 19 de julio de 1971 y bárbaramente torturado en el DOI-CODI por 24 horas ininterrumpidas. Un cuñado de Luis Eduardo, que trabajaba en la policía encontró su cuerpo en la morgue judicial, sin nombre, con las marcas de la tortura, y con un dictamen médico de patología forense que certificaba la causa de muerte como “suicidio al tirarse debajo de un auto en la autopista hacia el sur del país”.
El dictamen de suicidio fue repetidamente utilizado por el gobierno brasileño, siendo emblemático el caso de tortura y asesinato del periodista Wladimir Herzog, farsa que fue denunciada públicamente en aquel momento por los líderes religiosos de Sao Paulo: cardenal Paulo Evaristo Arns, rabino Henry Sobel y pastor James Wright.
Ángela y Regina representadas por sus abogados, no solamente presentaron pruebas de la falacia del argumento de suicidio, sino testigos presenciales de las torturas y abandono del cuerpo de Luis Eduardo hasta su deceso, en una celda llamada x-zero.
Las querellantes dejan claro que no pretenden obtener indemnización económica, sino sentar la responsabilidad del asesino y torturador.
Sin duda hay una responsabilidad estatal. La violencia era y es una política de Estado, pero así como las víctimas tienen nombre, en este caso Luis Eduardo da Rocha Merlino, el asesino también lo tiene y en este caso es Carlos Alberto Brilhante Ustra.
Varios de los que todavía añoran aquella época de tranquilidad ciudadana que les otorgaba el aparato represivo, afirman que Ustra fue un héroe y si alguien fue “golpeado” era porque se trataba de un individuo peligroso, afirmación con la que estoy de acuerdo, por más contradictorio que parezca, Luis Eduardo no era “inocente”, era un militante, un luchador que aceptaba como parte integrante de su vida la opción activa entre socialismo y barbarie y que al ponerse del lado de la lucha por el socialismo, sufrió en carne propia la expresión mas brutal de la barbarie.
La importancia de juzgar a Ustra, además de patentar la culpa del torturador y asesino, es un homenaje a la memoria de un luchador, a aquel compañero y amigo que teniendo la posibilidad de quedarse en Europa decidió regresar e intentar reorganizar el POC y seguir luchando por sus ideales.
Ángela su compañera de vida, de afectos y de ideales, plasma su compromiso personal y social, no solamente intentando acusar judicialmente al criminal, sino que continúa en el combate contra la tortura y el asesinato que el poder económico sigue perpetrando. Tal como ella afirma: “ahora no se aprisionan, torturan y matan intelectuales, periodistas y estudiantes, el poder los compra y aplaudido por gran parte de los medios de comunicación y de una buena parte de la clase media, siguen asesinando a los sin nombre, a los de la calle, a los negros en fin… a los pobres”.
Y agrego: a aquellos que, como en Guatemala, no cuentan, pues no son de clase media, sino simplemente indígena y hoy, quinientos años después de la colonia y a pesar de la cristianización, todavía no han adquirido el título de seres humanos.
Columnista huésped | 7 de Agosto 2008
2 Comentarios
Mauricio, excelente tu articulo, son cosas de las que los medios de comunicación de este país no dan cuenta porque de alguna manera parece que los sin nombre, los pobres sólo son objeto de uso politico en las elecciones o para dormir en un tugurio y hacer imagen, eso si lo publicitan, el resto lo realmente de fondo, la desigualdad social, el enriquecimiento a través de las privataciones de unos pocos es más importante, claro que de una forma solapada y complice.
Este artículo resalta una triste pero indiscutible realidad… en el mundo actual el dios es el dinero y el control pertenece a los adinerados quienes utilizan la tecnología y los medios de comunicación masiva (de los cuáles, por supuesto, son dueños)para controlar la opinión, no, las mentes de quienes día con día perdemos más lo que nos puede identificar como individuos y seres humanos. También, evidentemente tienen control sobre el poder político y, por ende, son los que toman las decisiones sobre los asuntos que nos afectan a todos. Con este control total entonces, son capaces de cometer iniquidades, especialmente en contra de quienes ven como amenaza, con total immpunidad. Nuestro país se ha convertido, tristemente, en una dictadura de diseño perfecto: se pregona, y todos estamos dispuestos a creerlo, que somos una democracia porque se nos permite emitir un voto aunque, de hecho, este no cambie de manos el poder político que permanecerá en manos de los adinerados independientemente de cual partido gane. Las decisiones se toman en “petit comittee” (llámese asambles legislativa) con poca oposición de los pocos que intentan tomar en cuenta los intereses de las mayorías sin dinero y, por tanto, sin poder. Poco a poco los adinerados van acaparando todo y no se detendrán hasta que su control sea total. Y todo esto sin necesidad de torturas.