De policías y ladrones

Hoy la realidad de la in-seguridad se lee al mejor estilo de los cuentos infantiles de policías y ladrones. La historia se reduce a la historieta, cual metamorfosis kafkiana, que igual da risa cuando se ve con ojos de espectador como hacer llorar, cuando la perspectiva es más bien la del protagonista.

Hoy no son pocos los irresponsables que cargando la mano derecha de la represión, liberan la izquierda de la prevención, que es, a no dudarlo, en materia de crimen, la única fuerte y sostenible.

Son los sociólogos y no los abogados, tal como corresponde, quienes han aterrizado el mejor argumento contra el irreflexivo endurecimiento de penas que se sugiere cada vez que se acentúa la alarma social en razón del crimen: la mejor política criminal es siempre una buena política social. Que lo ha dicho en sus propios términos el Banco Mundial de un tiempo acá: la pobreza no significa solo carencia de materialidades sino, y muy particularmente, escasez de oportunidades.

Dejemos algo en claro, cuando el derecho penal entra en juego, esto solo quiere decir una cosa con total certidumbre: todo lo demás ha fracasado. Fracasó el Estado como organizador superestructural, tampoco pudo la familia como primer eslabón socializador, ni la escuela o los mismos medios de comunicación, que tanta responsabilidad cargan como agentes educativos en la actual sociedad de la información.

El derecho penal es siempre una entrada y nunca una salida. Complica todo y no resuelve nada. A lo sumo asegura el reequilibrio ínfimo al asegurar las transacciones de pago entre los contendientes, pero no resuelve los conflictos, ni mucho menos las causas que originaron la contención.

Sin embargo, es claro que hoy preocupa la violencia, cuya expresión más perceptible es la inseguridad del mayor número. El argumento que reza: “demasiado tarde”, podría entenderse como una condena al inmovilismo y así, si bien es cierto que salir de la espiral de violencia es mucho más difícil que entrar, tal como lo atestiguan El Salvador, Guatemala, México o Colombia, para citar solo ejemplos cercanos, también tiene lo suyo de razón quien se matricula con voluntarismo en la corriente de ese mar de desesperados que tiene por eslogan: “hay que hacer algo, lo que sea…”.

El problema es que en ese “lo que sea” van incrementos de penas que en nada constriñen, repito: en nada, la voluntad del delincuente grave. La Teoría de la indiferencia de las penas ha tenido por probado en la contemporaneidad, lo que Aristóteles ya sabía: en criminales violentos o de alta rentabilidad el monto de la pena no importa tanto como la seguridad de ser detectado, procesado y condenado. Da la casualidad que de esto último es de lo que más nos debe el sistema punitivo nacional.

La lógica en Costa Rica, sin embargo, y me atrevo a decir que no solo en esto, se encuentra invertida. Los ladrones disparan a los policías, los testigos de delitos graves no son protegidos, los jueces fallan sin responsabilidad personal, los fiscales son obligados a lo imposible con cargas de trabajo irresponsables, el OIJ condenado a la escasez y lo más grave, a su vez corolario de todo lo anterior, la internalización ciudadana de la impunidad vista, dado el orden de las cosas, como algo normal. Ya la gente ni siquiera denuncia. ¿Para qué?

La sociedad poscapitalista, signada por una desigualdad social en franco crecimiento, producirá siempre, irremediablemente, más delincuentes que los que las cárceles pueden guardar. No decante con esta afirmación el lector atento una simple declaración de pesimismo, sin reparar en el realismo que encierra Saramago al sostener que un pesimista es, primero y sin remedio, un optimista bien informado.

No me vengan a decir que el problema de la seguridad en Costa Rica se resuelve con el aumento de la represión, llámesele a esta más policías -aún cuando ahora sean también doctores en matemática-, mayores penas o recurrentes linchamientos.

Cuando el gobierno decida hablar en serio sobre el tema de la seguridad y abandone la pose premeditada y la reverencia teatral hacia la tribuna, empezará por honrar sus compromisos electoreros de aumentar el presupuesto a la educación, generar más y mejores empleos, aprovisionar los hospitales públicos, fortalecer las instituciones autónomas del Estado, descentralizar el poder, reformar lo electoral, financiar fuertemente lo Judicial y otras tantas cosas que no solo inciden directamente en la disminución de la delincuencia, sino también en las finanzas de los ricos que deberán, por fin, pagar impuestos de verdad. La seguridad pasa, irremisiblemente, por la solidaridad.