Al final de su visita a Bogotá para indagar sobre las FARC y su computadora mágica, la comisión gubernamental volvió con la propuesta de un tratado que permitiría la extradición de los costarricenses para ser juzgados por tribunales, leyes y procedimientos extranjeros. También descontarían sus sentencias en cárceles foráneas, donde sus familias difícilmente podrían visitarlos.
Esto, además de violar la Constitución (artículos 22 y 32), obliga a preguntarse a qué país se les extraditaría. Eso bastaría para ver el error y el horror de la propuesta. ¿A Colombia, donde casi sesenta congresistas y senadores están acusados de vínculos criminales con las genocidas Autodefensas Armadas, donde, según El Tiempo, hay un conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, pues se quiere sustraer de la justicia a los grandes políticos, y al Presidente se le atribuye el soborno de una congresista para reelegirse? Los EE. UU. le impusieron este vergonzoso tipo de extradición a Colombia, el cual ahora su policía quiere trasladarnos, porque sus Gobiernos no eran capaces de juzgar a los grandes capos, ya que de ellos hasta un presidente y su ministro de Defensa recibían dinero.
¿A los EE. UU.? Tampoco. Además de la conocida discriminación y la horrible condición de las cárceles, hoy está legalizada la tortura de los prisioneros. El Gobierno no firmó el Tratado Internacional contra la Tortura y no extradita a sus nacionales, aunque se lo exijan a los demás. El Salvador tuvo que aceptar que si soldados de EE. UU. cometían algún delito, serían juzgados por sus propios tribunales y no por los salvadoreños o por la Corte Penal Internacional. Los abogados anglosajones son impagables, sus leyes y procedimientos, totalmente distintos, y se puede, por ejemplo, juzgar niños de siete y diez años como adultos.
¿A Honduras, donde los fiscales están en huelga de hambre, en protesta contra la corrupción política? ¿A Nicaragua, donde la politización del Poder Judicial -recuérdese a Alemán- es evidente? ¿A Guatemala, donde los fiscales amenazados de muerte renuncian y huyen del país, y los diputados del Parlacén resultan asesinados por policías y estos, ya en la cárcel, por miembros del Ejército? ¿A El Salvador, donde en las cárceles imperan las maras, y las masacres son constantes?
Extradición de extranjeros, sí. Expedita y eficaz. Pero de nacionales, no. Esta es competencia exclusiva e indelegable del Poder Judicial (art. 9, §2). Es la peor ocurrencia, la más innecesaria y peligrosa que he oído. Don Óscar no sería el presidente Nóbel de la Paz, sino quien entregó nuestra soberanía judicial.
(La Nación)
Rodolfo Cerdas Cruz | 4 de Mayo 2008
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