La guerra interna que se libra desde hace tiempo en Colombia, toca ahora nuestro suelo y ha infiltrado sus gendarmes y prebostes; ha sorprendido a incautos nacionales e instalado su red de sicariato y de droga a lo largo y ancho de nuestra sociedad.
En Costa Rica los que tenían que informar no lo hicieron y los que debieron de actuar con sentido democrático, honradez y vigor, es decir los funcionarios públicos, hoy miran todo esto desde su silencio cómplice. Sobre Colombia y lo que allí pasa, prevalece aún el fuerte celo anticomunista de los medios de comunicación - los que están en y cerca de la derecha - que consideran que informar sobre ese país, es informar sobre los secuestros, las extorsiones y los delitos de las FARC únicamente. La otra parte de la historia, la connivencia entre el gobierno colombiano y las AUC, no es tratada con la misma intensidad y el mismo “rigor” periodístico.
Los nexos del presidente Álvaro Uribe con los paramilitares son muy antiguos y constituyen de manera directa la base de apoyo político y militar en el combate a las FARC. Pero eso no es un recurso o una fórmula que se encontró en el camino para gobernar su país. Su biografía política, su destino como funcionario público y luego presidente de Colombia, ha estado estrechamente ligada con la vida de la parapolítica. De acuerdo con la revista Foreing Affairs (Vol. 7, n.° 4, 2007) cuando fue gobernador del Departamento de Antioquia, permitió la creación y expansión de estructuras de tipo paramilitar conocidas, como es el caso de “Convivir”, en resguardo de su gestión pública. Designó a funcionarios de su confianza en entes como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia interna de seguridad colombiana, institución que se utilizó para filtrar a los grupos paramilitares los nombres de los sindicalistas que deberían ser asesinados. A finales del 2006, el primo de Uribe, recientemente detenido, un comandante de las fuerzas armadas y el ex jefe de la inteligencia nacional, fueron acusados de financiar y dotar de equipos a las Autodefensas Colombianas.
De acuerdo con los críticos de su gestión, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz ha sido excesivamente complaciente con quienes reconocieron haber cometido crímenes de lesa humanidad. Establece penas risibles de ocho años de condena máxima, muestra evidente de la impunidad y del peso real de las autodefensas colombianas en el entramado político-institucional de Colombia.
El presidente Uribe en su intento de proyectar una imagen de demócrata en América Latina y en el mundo, repite la misma historia de los regímenes que en el pasado, permitieron a otros en lugar del Estado - para mantener la fachada democrática - ejercer la violencia sin límite de suma y la represión militar. En una versión canalla y sangrienta, que aún hoy no ha sanado en países como Argentina o Chile.
Y lo grave es que la prensa costarricense que se dice demócrata y los gobiernos de los últimos años, incluido el actual, han permitido que un gobierno que no tiene legitimidad moral y política, como es el Gobierno de Uribe, de órdenes en el campo del combate a la delincuencia y del terrorismo.
En todo este juego perverso de computadoras, dólares podridos y la presencia de las mafias paramilitares y guerrilleras, palidecen, como siempre, la verdad y el pueblo de Costa Rica.
Paúl E. Benavides Vilchez | 27 de Abril 2008
0 Comentarios