No debe la libertad de empresa, en ningún caso, prevalecer sobre el derecho ciudadano a una información rigurosa, adecuada y veraz. Esto, siguiendo el sentido constituyente del artículo 46.
Tampoco la libertad de prensa, sometida por lo general a la voluntad o interés de la empresa mediática, debe servir de pretexto a la difusión consciente de informaciones falsas, mucho menos si estas son difamantes.
La libertad de los medios de comunicación es sólo la extensión de la libertad colectiva de expresión, fundamento de la democracia. Como tal, esta última no puede ser confiscada por un grupo de poderosos. Su ejercicio implica, por añadidura, un dato de “responsabilidad social” ineludible y, en consecuencia, su práctica debe estar, en última instancia, bajo el control responsable de la sociedad (el quinto poder le llamó Ramonet).
Ningún poder puede estar más allá de otro poder. “Que el poder controle al poder”, tal era la solución que prefería Montesquieu. Ningún poder, si es que el sistema se precia de democrático, ha de quedar descontrolado, mucho menos uno privado. Todos estamos sujetos a algún control, sea previo o posterior, pero controlados, todos, quedamos al fin.
Debe repararse, sin embargo, en que los medios de comunicación constituyen por nuestros días el único poder sin contrapoder. Informan lo que quieren, subinforman cuando lo prefieren y malinforman si le conviene a sus socios o al paraprograma de gobierno que pretenden imponer.
No en broma, algunos sectores acusaron “fraude mediático” en el pasado proceso de referéndum. Tampoco mentía don Pepe, al menos no en esto, cuando sostenía que en Costa Rica quien buscara poder debía fundar un periódico y no un partido político.
Al abrigo de la libertad de prensa, las empresas mediáticas no se encuentran habilitadas para difundir informaciones falsas, ni realizar campañas de propaganda ideológica tendentes a la manipulación masiva de electores. La responsabilidad democrática o social de las empresas colectivas, les significa la obligación evidente de someterse a controles que, si bien mínimos y siempre posteriores, lo más importante es que no impliquen, per se, censura previa. Tales controles, eso sí, han de aspirar a prevenir los evidentes desequilibrios que se presentan cuando el poder renuncia al deber de controlar al poder.
Tocqueville solía repetir, haciendo eco de los antiguos, que el hombre (persona para nuestros efectos) llegaría con su poder hasta donde encontrara límites. El periodista es persona y, como tal, usará su poder hasta donde su liberalidad le permita y la sociedad le consienta. Es por ello que, pese a que los políticos de turno no se atrevan a responsabilizar a los dueños de los medios de comunicación y sus ad láteres (Directores y Editores), por los términos en que ejercitan la libertad de prensa, las latitudes de primer mundo nos adelantan también en esta materia.
Por ejemplo, los ombudsman que, siendo parte de las planillas de los mismos medios de comunicación, evidencian las malas prácticas informativas que atestiguan. También es control posterior y lógico el compuesto por figuras penales que exigen responsabilidad al periodista descuidado o malintencionado así como, solidariamente, a los jerarcas y dueños de la empresa mediática. Ambos datos de control constituyen serios contrapesos que se blanden contra la irresponsabilidad (impunidad) por la que algunas empresas comunicacionales tanto abogan.
“Todo error proviene de una exclusión” defendía Pascal. Tenemos, entonces, que es un error excluir a los periodistas y muy particularmente a las empresas patronas de estos, de todo control posible y defendible. Posible: porque son seres humanos de carne y hueso como usted que lee esto o como yo que lo escribo. No son semidioses libres de error ni ángeles exentos de vicios. Por lo tanto, es posible que se equivoquen, se vendan o malogren como controlarlos. Defendible: si comprendemos que no todo control a los medios de comunicación es absurdo y arbitrario intervencionismo estatal. Tampoco equivale, ineludiblemente, a censura previa. Todos somos responsables de nuestros actos. ¿Por qué no han de serlo también los periodistas y sus patronos?
Pablo Barahona Krüger | 10 de Marzo 2008
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