Los ticos tenemos dos opciones ante la delincuencia desbordada: o dejarnos vejar por algún asesino, o comprar armas, aprender su uso y defendernos. El Estado no está, ni ahora ni en la hora de nuestra muerte, amén, en condiciones de garantizar nada. Por eso la retórica ultrapacifista es inútil y tenemos que pagar seguridad privada.
Ahora, so capa de pacifismo, se quiere coartar el derecho a tener armas y promover la sumisión de las víctimas a la delincuencia. Mientras la paz y seguridad languidecen, se piden restricciones, controles y trámites absurdos -como que solo se podrá tener un arma-, aplicables solo a quienes respetan la ley, pero jamás a los que viven fuera de ella. Se desarma y castiga a la víctima, mientras se premia al victimario superarmado.
El criminal roba sus armas, o las consigue y contrabandea con la narcoguerrilla. Ni las registra ni pide permisos. El ciudadano, en cambio, las compra legalmente en empresas conocidas y serias controladas por el Gobierno, y acata la ley. Sin embargo, es a él a quien se quiere negar su derecho a defenderse.
Esto fortalece al delincuente y viola el derecho ciudadano a la legítima defensa. La violencia no aumentó porque los ciudadanos compraron armas, sino por lo contrario: estos compraron armas porque la violencia va en aumento. Este Estado es obsoleto, los policías -igual que los tráficos- no solo fallan por su cantidad, sino porque se niegan a salir a patrullar “porque no les gusta”, y en las casas y calles no hay seguridad ni tranquilidad.
Las armas matan, sí. Pero más matan los vehículos, e igual o peor las armas blancas. ¿Se prohibirán unos y otras también? Estas restricciones además de violar el derecho a la legítima defensa, empujan fuera de la ley a cientos de miles de ciudadanos que ya poseen legalmente armas. Cada quien decidirá si usa o no su derecho legítimo a tener armas para defenderse. Cualquier decisión que adopte será muy respetable. Lo que no lo es, es eliminar el derecho e imponer a todos la indefensión frente al delincuente.
Una nación pacífica, sí. Pero no una nación de borregos. Las armas, en sí, no son buenas o malas. Depende de para qué se las use. La paz que aún nos queda no mermó un ápice por las carabinas 22 y escopetas 28 que, por años, han colgado en las casas campesinas. Y nuestra independencia y libertad se cimenta sobre las armas de quienes dieron sus vidas luchando contra el nazifascismo y sobre las que empuñaron Martí, Bolívar y San Martín; Mora, Cañas y Juan Santamaría, y tantos otros costarricenses que, en su momento, lucharon por la democracia y la libertad.
(La Nación)
Rodolfo Cerdas Cruz | 2 de Marzo 2008
1 Comentarios
Las armas, en mi opinión, no son un instrumento que provea seguridad, al contrario, tornan más vulnerable a quien la porta para defenderse porque en situaciones críticas se expone a reacciones violentas o descontroladas, es decir, a perder el control o a hacer que el agresor lo pierda, con independencia de que la legítima defensa autorice repeler las agresiones ilegítimas por cualquier medio. Desde que hay un arma en la casa se crea una amenaza para los habitantes (por descuidos, olvidos o situaciones conflictivas) y en hogares con problemas de violencia intrafamiliar aumenta el riesgo para la vida propia, la del cónyuge o los hijos. Las armas son instrumentos letales (nadie compra un arma -o la porta de manera ilegal- para herir solamente). La mayoría de las personas las tiene sinmayor entrenamiento lo que aumenta los riesgos. Coincido con su observación en el sentido de que parece risible que se extremen los controles para la venta y registro legal de armas y, por el contrario, pululen literalmente hablando las armas ilegales y el tráfico ilegítimo sea muy lucrativo -de hecho alimentado por otras bandas organizadas muy lucrativas como el tráfico de drogas o robo de vehículos-. En realidad un inventario de armas en poder de los costarricenses -obedientes o no de la lay- es tarea imposible y hace alarmante el estado de cosas. Sin embargo, que la gente se arme no garantiza mayor seguridad, al contrario, eleva el clima de violencia e incrementa los riesgos de lesiones o muerte. Escuché hoy 3 de marzo en Desayunos de Radio Universidad a Carlos Restrepo (creo que ese era su nombre), un profesional colombiano conocedor del tema de seguridad y narró experiencias en su país, en la búsqueda de la reducción de los niveles de violencia, país en el cual la situación de las armas es aún más grave, por razones obvias. La orientación de las campañas en las que participa es, en primer lugar convencer que las armas no son un instrumento que dé seguridad sino que aumenta los riesgos de muerte y violencia. La idea central es además que la seguridad es un “bien” que debe ser provisto por la institucionalidad del Estado (vaya tarea!). Proponía -grosso modo- recuperar espacios públicos perdidos en los cuales la gente pueda sentirse segura sin portar armas, con vigilancia policial desarmada, pero continua. Crear instancias para la construcción de la ciudadanía como centros de justicia o mediación para la resolución pronta de conflictos. Campañas voluntarias de desarme continuas y de registro de armas, aunque no den resultados importantes. Sólo una institucionalidad fuerte y consolidada puede proveer seguridad sin irrespetar los derechos de las personas y es claro que la seguridad es una obligación del Estado y sus instituciones (preventivas especialmente). Redondeaba sus ideas señalando que se trata de educar en una cultura sin armas, aunque sin prohibir su tenencia, rediseñando el control para partir del hecho de que portar un arma es una concesión del Estado -y no un derecho del particular-, por lo que deben cumplirse ciertos requisitos. Me parecieron interesantes los planteamientos y enriquecedores del debate. Su preocupación por la inseguridad y la criminalidad violenta es compartida por todos. En la búsqueda de soluciones es donde se puede diferir.