Por supuesto que no se trata del caso de la mujer asesinadita o de cualquier sainete con visos de humorismo de mal gusto. Se trata del hallazgo de una caja fuerte, tan vieja, mohosa y herrumbrada que parecía un objeto desechado, pero que contenía la suma completa de 480 mil dólares, propiedad de las FARC (guerrilla colombiana), información que provino del archivo de la misma, luego del asesinato de Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, por parte del ejército colombiano, y sus asesores de siempre.
Dinero tan antiguo que ya luce podrido e inservible, a no ser que se junten sus múltiples partículas, para darle, otra vez, el uso que puede vislumbrarse en el vaivén cotidiano del valor libidinal de dinero, en su acepción más elegante.
No vamos a definir las frases, exclamaciones o reportajes sobre el asunto pues ya son de conocimiento público, por su valor semántico y por el interés que produce, periodísticamente, este tipo de asuntos, más si despierta, e involucra, a un conocido matrimonio de nuestro entorno académico, como guardianes de la caja fuerte y de su contenido, que de solo tocarlo se disuelve en las manos, de inútil que ya parece.
Lo extraño es que se pretende involucrar a “los sectores políticos”, así se les denomina, con las FARC y se exhibe de un plomazo cualquier relación, solidaridad o vínculo amistoso con sus dirigentes, tratando de insinuar que esas relaciones se refieren a actos terroristas, uso de dinero ilegal, vinculaciones siniestras, planes subversivos u otras boberías por el estilo, quedando de todo este asunto una estigmatización más honda de quienes piensan diferente a quien lo afirmó. La mayoría de los costarricenses apoya la labor del ministro de Seguridad, nuestro amigo don Fernando Berrocal, en su persecución de narcotraficantes o fascinerosos, extranjeros o nacionales, en el campo del voluminoso trasiego de la droga por nuestro territorio, la seguridad colectiva, o la delincuencia callejera, asunto generalmente opacado por aquellos que quieren hacer del tema de la seguridad ciudadana un trofeo político, dentro o fuera del gobierno, para usarlo en la próxima campaña electoral. No creemos, como otros estimables amigos, que se esté formando un estado policial-militar, tema para manifestaciones o griterías, algunas de muy buenas intenciones, otras nacidas para estar en un alerta permanente, en ese descuidado asunto que permite ser antigobiernista por odio tribal contra quien gobierna, sea quien sea.
Todos estamos de acuerdo en que deben denunciarse los vínculos, posibles o inventados, de los sectores de nuestra clase política, siempre que se tengan sus nombres y no en donde todo se haga dentro de un margen de suposiciones. Pero lo más importante sería hacer una investigación, real y prolija, de los vínculos de nuestra clase política más alta, en el período 1990-2005, con la cesión de visas para exilados, refugiados, malvivientes, testaferros del narcotráfico, sicarios en activo, prebostes discretos, traficantes de armas y de canje de droga por armamento, procedentes de Colombia, más la legión de paramilitares solapados que lograron refugio en Costa Rica, gracias a los oficios, bien remunerados, de quienes les abrieron las puertas de nuestro país, pues los colombianos ilustres, amigos y decentes, empezaron a llegar, y se integraron, entre 1948 y 1953, la gran mayoría procedentes del caos producido por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. La aparición de los primeros focos guerrilleros en Colombia data de esa fecha, impulsados por liberales y marxistas de la época, buscando vengar la muerte del caudillo y debido a las condiciones insoportables en que vivían, y todavía lo hacen, las masas campesinas, por lo que fueron, en su esencia primera, dirigentes agrarios. La unión de gamonales, terratenientes y latifundistas estimuló, también, la aparición de los paramilitares, en tan lejanos años como 1950, que siguen existiendo, por supuesto mientras exista la guerrilla, cualquiera que sea su denominación y sus líderes, que no han podido ser exterminados en casi sesenta años de insurgencia, y los espacios reales de su presencia se mantienen hasta la fecha, transformados en muchas opciones, que no son de mi agrado y por lo tanto no gozan de mi apoyo.
Los asesinatos selectivos de los candidatos presidenciales Carlos Galán, Carlos Pizarro o Bernardo Jaramillo destrozaron las esperanzas de todos aquellos desmovilizados que creyeron en la vía electoral para cambiar un país, signado por la violencia política, ejercida por los barones de la guerra y sus fuerzas contrainsurgentes. El caso del dinero podrido nos ha traído a la palestra escrita recuerdos y acciones del pasado, luego de la visita del presidente Andrés Pastrana a la zona ocupada por los guerrilleros, que algunos juzgaron improcedente o temeraria, para firmar un acuerdo entre las partes, que hasta la fecha no se ha cumplido, y se creyó que al fin Colombia iba a tener un respiro y dar por cumplida la guerra fratricida, impulsada por la oligarquía y el pentagonismo, como puede percibirse en la historia del país.
El gobierno de reconstrucción nacional, propuesto por las FARC en 1993, no ha encontrado una solución viable en el quehacer político y los propósitos de paz, recurrentes cada vez que se puede, y en donde deben ubicarse las visitas de los jefes guerrilleros a nuestro país, y este es el caso del dinero podrido, parece ser un asunto concluido en el devenir histórico de nuestro tiempo, debido a las vinculaciones de sus dirigentes con el flujo de narcóticos por nuestro territorio y la presencia del sicariato en nuestra vida cotidiana. Es así que hasta la fecha todo este problema, en el cual no tenemos vista ni parte, no se ha investigado el otorgamiento de visas, estatutos de refugiado o libre paso por nuestro territorio y ha gozado de la más conveniente impunidad, por lo que es importante que se investiguen los nexos de nuestra clase política con la guerrilla, los paramilitares, los contrabandistas de armas, los corredores abiertos a los narcopescadores o las cuantiosas fortunas que se han levantado con este negocio en nuestro suelo.
Lo único razonable de este sonado caso, y tiene visos histriónicos, es que del único estropicio que puede ser acusada nuestra amiga Cruz Mary (?) Prado es el de ser bígama, al aparecer en un documento como esposa legítima, al menos en el papel, de don Rodrigo Granda, supuesto canciller de las FARC.
Lo real de todo esto es que en Costa Rica no hay trifulca que dure más de tres días ni lector que lo aguante, a pesar de que se nos señale como lelos tirando a tontos, si damos por creíble todo lo que se ha dicho o escrito.
(La Prensa Libre)
Alfonso Chase | 31 de Marzo 2008
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