Editorial del diario La Jornada (México)
Con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) diversas organizaciones civiles han puesto en marcha acciones de protesta en contra de lo que se ha considerado un acuerdo inequitativo, contrario a los intereses de la nación –pues atenta contra su soberanía alimentaria–, y que constituirá un golpe acaso mortal para el campo mexicano. La más simbólica de estas protestas hasta ahora ha sido el bloqueo, desde el primer minuto de 2008, de un puente fronterizo en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que se dio inicio al llamado Plan Chamizal, cuyo objetivo es excluir el maíz y el frijol de la eliminación de aranceles prevista en dicho acuerdo comercial.
La injusticia que representa el TLCAN para los sectores agrícolas del país ha sido aceptada inclusive por el gobierno federal: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reconoció en un estudio reciente que sólo seis de cada 100 campesinos son considerados “productores competitivos” y podrán hacer frente a la entrada de productos agrícolas extranjeros. No obstante, el titular de esa dependencia, Alberto Cárdenas, se ha empeñado en presentar el campo mexicano como “ganador”, y en asegurar, entre otras cosas, que el año pasado “creció más que el sector industrial”, algo que resulta sencillamente inverosímil cuando se contrasta con la realidad que persiste en los entornos rurales, y que es saldo de una política emprendida por los gobiernos neoliberales para abandonar el campo y depauperar su población, mediante la disminución sostenida de subsidios y la mala distribución de éstos.
Ante tal circunstancia, desde distintos sectores de la población se ha advertido sobre la necesidad de examinar el acuerdo de comercio trilateral desde el punto de vista legal. El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, afirmó recientemente que existe una “coincidencia generalizada” entre sus homólogos para someter el TLCAN a revisión y prevenir de esa manera que la liberalización del comercio de productos agrícolas derive en una ola de descontento e inestabilidad social. En el mismo sentido se han pronunciado diversas organizaciones campesinas, legisladores y expertos en materia jurídica. Cobran relevancia los señalamientos de Román Díaz Vázquez, premio nacional de Abogacía y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ayer afirmó que el TLCAN viola al menos seis artículos constitucionales, entre los que destacan el 133 –que sostiene que sólo serán válidos los tratados internacionales que se celebren acorde con lo que señala la Ley Suprema– y el 25 –que atribuye al Estado la responsabilidad del desarrollo “integral y sustentable” de la nación–. En suma, todo apunta a que hay opciones y argumentos legales de peso para revertir un acuerdo inmoral, injusto como es el TLCAN, que pudiera derivar en consecuencias devastadoras para el agro y, por extensión, para el país entero.
Por lo demás, si bien es plausible y pertinente la realización de actos de protesta en contra del TLCAN, ha de recordarse que las consecuencias que acarreará la entrada en vigor de su capítulo agropecuario no son un tema nuevo; por el contrario, forman parte de un problema que ha venido configurándose los pasados 13 años.
Durante todo este tiempo, el accionar de las distintas fuerzas y actores políticos dejó mucho qué desear; la mayoría de las organizaciones campesinas no dieron de sí hasta ahora, y el grupo en el poder exhibió un autismo inaceptable frente a lo que se avecinaba como una tragedia. Ante la posibilidad de revisar el TLCAN, la sociedad mexicana debe exigir que unos y otros exhiban un verdadero compromiso con el país y con uno de sus sectores más desprotegidos, y actúen en consecuencia.
LLAMAN CAMPESINOS A COMBATIR LA “CONTRARREVOLUCIÓN AGRARIA”
• Bloquean puente fronterizo Ciudad Juárez-El Paso, para externar su rechazo al TLCAN • Se busca que unas 20 corporaciones dominen los vastos recursos del sector rural, advierten • Lanzan iniciativa similar al histórico Plan de Ayala, para defender soberanía y seguridad nacionales • La libre importación de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo llevará a México al desastre, vaticinan
Por Matilde Pérez U.
CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO - En respuesta a lo que describieron como “política de guerra” del gobierno contra el campesinado, un centenar de agricultores de diez organizaciones rurales, de trabajadores y grupos sociales de México y Estados Unidos construyeron, en el primer minuto de 2008, el muro humano en el puente Córdoba-Las Américas, con lo cual iniciaron una nueva etapa de resistencia para defender la soberanía alimentaria del país y de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo, cuyos aranceles fueron eliminados ayer, según lo pactado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Con un par de caballos y enarbolando la bandera mexicana, los campesinos llegaron minutos antes de la última media noche de 2007 a lo que aquí se conoce como la “joroba” del puente Córdoba, colocaron sus mantas de protesta contra la entrada en vigor de la última etapa del capítulo agropecuario del TLCAN y –portando carteles en los que advertían que están en “pie de lucha” y “esta es una nueva revolución”– bloquearon tres de los cuatro carriles del puente y signaron el llamado Plan del Chamizal.
Esta iniciativa –definida como un símil, guardando toda proporción histórica, del Plan de Ayala– es un llamado a la nación a unificarse para detener el desastre en el campo, defender la seguridad nacional –uno de cuyos ejes es la producción de alimentos suficientes para la población– y la gobernabilidad democrática del país.
Es, asimismo, una advertencia de que el TLCAN y el constante incremento de las importaciones de alimentos son “una contrarrevolución social y agraria que pretende volver a concentrar en una veintena de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y transnacionales los vastos recursos que en 1910 y a lo largo del siglo XX recuperaron campesinos e indígenas”.
También significa, se plantea en el documento de siete cuartillas, “la deportación masiva de la población rural hacia las ciudades y regiones agrícolas modernas de México y hacia Estados Unidos para sostener la competitividad y las altas tasas de ganancia en el modelo maquilador y agroexportador, y sostener la desfalleciente economía estadounidense con fuerza de trabajo abundante, precarizada e ilegalizada”.
Se llama a la Unión Nacional de Trabajadores, Frente Sindical Mexicano, Congreso Nacional Indígena, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, secciones democráticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Convención Nacional Democrática, Frente Nacional contra la Represión, Foro Social Mexicano, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, organizaciones campesinas, de derechos humanos, estudiantiles, académicas, de intelectuales, artistas, científicos y a los ciudadanos, en general, a sumarse a la lucha campesina.
“Los campesinos traen la esperanza en el corazón, pero si no hay unidad social, cientos de miles de hombres y mujeres jóvenes seguirán emigrando a Estados Unidos. Estimamos que el número se incremente 10 por ciento este año, pese al endurecimiento de las medidas antimigratorias estadounidenses, con el consecuente riesgo de que llegue algún momento en que las importaciones de alimentos sustituyan a la producción nacional”, destacaron.
Cobijados con el calor de sus consignas, sombreros y alguno que otro gabán, los campesinos soportaron una temperatura de tres grados bajo cero; algunos tomaron las cartulinas con cada una de las letras y consonantes para destacar: “sin maíz no hay país, sin frijol tampoco”.
Sonrisas, aplausos, gritos de alegría y, recordando a Francisco Villa y a Emiliano Zapata, volvieron a unir sus voces, como el 16 de noviembre de 1993 y diciembre de 2003 –fechas en las cuales también realizaron movilizaciones de protesta en los puentes internacionales de la frontera norteña– para asentar: “¡Estamos en pie de lucha, mantendremos nuestra rebelión pacífica!” Así iniciaron 2008.
Hasta la “joroba” del puente fronterizo llegó a solidarizarse Alberto Torres, fundador del PAN en Chihuahua. “Estoy convencido de que esta lucha es justa y una forma legítima de llamar la atención porque el campo está desatendido y en el abandono; el TLCAN y el Tratado Internacional de Límites y Aguas son injustos”, comentó.
Propietario de un rancho localizado entre Ojinaga y Juárez, el panista afirmó que la lucha campesina entra en una nueva etapa y no podrá concluir hasta que los legisladores y gobernantes comprendan que deben beneficiar al agro mexicano y no someterse a los intereses comerciales e industriales de Estados Unidos. “Urge una revisión del capítulo agropecuario del TLCAN y del Tratado de Límites y Aguas; los agricultores no piden nada gratis, pero éste es un llamado a no dejarlos solos”, sostuvo.
El frío amanecer del primero de enero, fue gratificante para el centenar de campesinos, al recibir –en voz de Carlos Marentes, dirigente de la Unión de Trabajadores Agrícolas de la Frontera– la solidaridad de la Unión de Trabajadores del Suroeste de San Antonio, Texas; Asociación de Campesinos de Florida; Coalición Rural de Campesinos e Indígenas de Estados Unidos; Unión de Pueblos Fronterizos; Agrupación Sur de Nuevo México y de El Paso, Texas, y Asociación de Trabajadores Fronterizos, que en un breve mensaje aseguraron que “harán todo lo necesario para frenar la embestida destructiva del TLCAN”.
Y aunque a esa hora el muro humano estaba distribuido en pequeños grupos tratando de calentarse con un poco de café, volvieron a alzarse las voces de “¡Zapata y Villa, juntos!”, cuando se enteraron de que en el zócalo de Cuernavaca, Morelos –tierra zapatista–, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas y Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros El Barzón, acompañados de representantes de otras organizaciones sociales del estado, daban a conocer públicamente el Plan del Chamizal y, como bienvenida al Año Nuevo, habían colocado una ofrenda con granos de maíz blanco, amarillo, rojo y azul, y formado un gran cartel con la consigna: ¡Fuera maíz y frijol del TLCAN!”
“Es una nueva etapa de lucha del campesinado mexicano. Es simbólico que en las tierras de Villa y de Zapata se unan los campesinos no sólo del país, sino de Estados Unidos y de otras regiones del mundo –como los de Vía Campesina, en la que participan agricultores de 80 países–, para defender su derecho a producir alimentos con el respaldo gubernamental”, dijo vía telefónica Emilio García Jiménez, de la CNPA. “Sabemos –abundó– que 2008 será un largo año de movilizaciones y de lucha constante para arrancar algunos beneficios para el sector rural. No nos hacemos ilusiones de que haya un cambio repentino en la política gubernamental, pero tenemos la certeza de que con una presión constante se podrá detener la aplicación de algunas políticas públicas negativas para los campesinos e indígenas”, añadió.
Sombrío panorama
La mañana de ayer también llegó a solidarizarse con el campesinado el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, quien llamó a la unidad de todos los movimientos sociales para “evitar que el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón siga entregando los recursos naturales del país, elimine derechos laborales y privatice los servicios de IMSS e ISSSTE, y siga poniendo en riesgo la soberanía alimentaria con la entrada de alimentos por medio del TLCAN. Este año será difícil.
“Hay amenazas claras de que quieren entregar el petróleo y las riquezas nacionales. Por eso todos debemos entender que salvar al país dependerá de toda la fuerza de las organizaciones campesinas, sindicales y sociales. Necesitamos estar unidos”, planteó a los manifestantes, mientras un helicóptero de la policía fronteriza de Estados Unidos sobrevolaba la zona.
González Garza inyectó ánimo a los campesinos, al asegurar que hoy, en San Lázaro, propondrá un punto de acuerdo para que las secretarías de Economía y de Hacienda establezcan las medidas necesarias para frenar la desproporcionada importación de alimentos y con ello siga fomentándose la migración.
Manifestó que la defensa legislativa de la soberanía alimentaria no ha concluido, ya que el gobierno mexicano debe entender que no puede someter a la oferta y la demanda la producción de alimentos, porque se corre el riesgo de sufrir un deterioro mayor al actual, ya que los productores estadunidenses están subsidiados en 70 por ciento, “pueden seguir produciendo, nos pueden inundar con sus mercancías, provocar una caída en la producción nacional, por no ser costeable, y al rato vamos a pagar lo que sea por los alimentos. Eso es un problema muy grave”.
Esta lucha, añadió, es fundamental para evitar la destrucción del país. “Hay que entender que la soberanía alimentaria está por encima de los intereses políticos y partidarios. Esto no es un asunto partidario y por eso la sociedad está construyendo organizaciones políticas y sociales para eliminar toda esa nata de la clase política nacional que no ha entendido que hay mucha gente viviendo en el campo y que la estamos obligando a irse a Estados Unidos arriesgando su vida por la falta de oportunidades”, concluyó.
(La Jornada – México)
Periscopio: allende nuestras fronteras | 2 de Enero 2008
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