El proyecto de sacar al Ministerio Público del Poder Judicial y ponerlo bajo la órbita del Legislativo o el Ejecutivo, de hecho significaría subordinarlo a la partidocracia corrupta y restituirle su perdida impunidad.
Uno de los problemas más graves de nuestra democracia ha sido la corrupción que se empotró en los niveles más altos, de donde se filtró al resto de la sociedad. La conjunción de negocios, poder político, tráfico de influencias, contratos y comisiones, etc., provocó el desencanto político más profundo. Encuestas y elecciones lo han testimoniado una y otra vez. La crisis actual de partidos, líderes y Gobiernos es el precio por el enriquecimiento ilícito de unos pocos.
El hundimiento del sistema de partidos es resultado de la pérdida de credibilidad de las dirigencias, del agotamiento político y programático de los partidos y de la corrupción comprobada de líderes y Gobiernos. De allí la emergencia de políticos nuevos, como Ottón Solís en Costa Rica, Lula en Brasil, Tabaré Vásquez en Uruguay, Chávez en Venezuela, etc.; o el regreso de otros antiguos que se habían probado honrados, como Arias en Costa Rica, Caldera en Venezuela, etc. También retornó Ortega, pero ese es un caso patológico de vocación suicida sadomasoquista de un sector del pueblo nicaragüense.
La corrupción es ética, legal y política, tres aspectos inseparables de un mismo problema que, sin embargo, tienen lógicas distintas. Pero esta reforma es repudiable desde todas ellas, pues nulifica al Ministerio Público, persigue a su personal por el “delito” de haber estado cuando estallaron los grandes escándalos políticos, garantiza de hecho la impunidad a la clase política e instituye el descaro total en el abuso de poder. Y esto cuando el pueblo reclama por una verdadera rendición de cuentas y que los políticos respondan por actos y omisiones.
Don Rodrigo Arias se distanció de la vergonzosa negociación en que quiso involucrarlo el proponente Bienvenido Venegas. La diputada Lorena Vásquez, pese a ser del PUSC, la rechazó. Y el presidente de la Corte se opuso al desaguisado, que llega al extremo de autorizar que se declare secreto de Estado el negociado que se investiga y cobra multas en ¡bolívares! Ni copiar saben.
Hay que defender a toda costa la independencia de la Fiscalía y exigir de los políticos claridad y firmeza contra la corrupción, como incluso lo pide el TLC. La corrupción y la impunidad son dos grandes obstáculos para el desarrollo humano y una burla sangrienta a la justicia social.
Por eso la propuesta del diputado Venegas lo que significa es, ni más ni menos, que decirle bienvenido al reino de Alí Babá.
(La Nación)
Rodolfo Cerdas Cruz | 20 de Enero 2008
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