¿Puede el soberano abolir los derechos humanos o estos son intangibles?
La voluntad popular, como se sabe, es el meollo operativo de la soberanía en los regímenes democráticos. No hace falta repetir el planteamiento de los pensadores que abonaron este principio que arranca con los griegos, baste con mencionar, como paradigma moderno, a Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), teórico político y social, pero, además, músico, botánico y filósofo, uno de los escritores más elocuentes de la Ilustración y que luego fecundó el pensamiento revolucionario francés que irradió por todo el mundo.
A la par del concepto de que mi voluntad vale igual a la de mi prójimo y de que la sociedad debe basar sus reglas en función de lo que decida la mayoría de los ciudadanos, para lo cual se ingenió el sistema de la representación parlamentaria, ha aflorado en sordina y filigrana el excelso concepto de los derechos humanos, valores que se han ido decantando en el áureo cofre de la humanidad. El sufragio fue uno de esas juiciosas ideas, pero no la única y ni siquiera autosuficiente –aunque sí necesaria–, pese a conceptos que la presentan no solo como piedra fundamental sino como piedra filosofal, sobre todo en ciertos discursos totalitarios.
Con fundadas razones se dice que los derechos humanos como criterios esenciales son anteriores y superiores a cualquier ordenamiento jurídico. El profesor Antonio Truyol y Serra apunta: “Decir que hay derechos humanos… equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados.” (Los derechos humanos, Editorial Tecnos, Madrid, 1982).
Esos cánones, según la expresión del jurista constitucionalista alemán Karl Loewestein, están dotados de una intrínseca “intangibilidad inmanente”. En efecto, es inconcebible para la dignidad humana, dice, por su parte, un letrado venezolano, que «lo que hoy se reconoce como un atributo inherente a la persona, mañana pudiera dejar de serlo por una decisión gubernamental» (Nikken, Pedro, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Caracas, 1989). En otras palabras, las constituciones democráticas tienen un alma que no debe vulnerarse –ni siquiera por el soberano– porque ello equivaldría a negar el desarrollo del espíritu y de la civilización. Los derechos humanos se pueden enriquecer con el paso del tiempo pero es inconcebible pensar en un perverso movimiento regresivo.
No obstante, los idólatras del poder todo lo apuestan a la voluntad soberana, desgraciadamente tan vacilante y tan manipulable, agregamos. Diferente es el caso de la sociedad civil bien informada, que esperamos sea la del futuro que aguarde a la humanidad.
Temiendo un trato reaccionario en el avance de la civilización, entendido ese epíteto como “que propende a restablecer lo abolido.” según el DRAE, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en su reunión plenaria número 47 realizada el 6 y 7 de julio de 2001, dictó las “Líneas Directrices sobre el referéndum constitucional a escala nacional”, en cuyo Marco General dispuso bajo el Título “La validez material de los textos sometidos a referéndum: Ellos no deben ser contrarios al derecho internacional ni a los principios estatutarios del Consejo de Europa (democracia, derechos del hombre y primacía del derecho)”, y dispone que los textos contrarios a esas exigencias “no pueden ser sometidos a votación popular”.
Ahora bien, si no podemos dejar incrementado el patrimonio jurídico a las nuevas generaciones, procuremos al menos no menoscabar el que heredamos. Los derechos humanos deben ser irreversibles; pues ellos sí están escritos en augustas letras de piedra, y no pocas veces con sangre, por la digna y bizarra mano del hombre en su fragosa tarea de construir una decorosa civilización.
Raúl Marín | 21 de Diciembre 2007
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